Un desastre y mucha parcialidad y sectarismo.
La tragedia de la DANA del 29 de octubre de 2024, con centenares de muertos y una gestión deficiente, exige respuestas políticas claras. Sin embargo, derivar de ella responsabilidades penales sólidas resulta mucho más dudoso.
Desde el inicio pesa sobre ella la sospecha de parcialidad y vicios graves que podrían anular todo el procedimiento.
La exposición razonada elevada por la juez Nuria Ruiz Tobarra al TSJCV para investigar a Mazón llega en un momento extemporáneo y sospechoso: coincide exactamente con la filtración de audios que demuestran la intervención activa e indebida de su marido (también magistrado) en la instrucción —interrogando víctimas, dando órdenes a funcionarias y practicando diligencias en solitario—.
De confirmarse, esto constituye una intromisión frontal que destruye la apariencia de imparcialidad y convierte al esposo en un instructor paralelo.
La jueza centró durante meses la investigación en Mazón sin competencia para imputarle (por su aforamiento), citando a su entorno más cercano (jefe de gabinete, escoltas, chófer, Feijóo durante horas) y tratándolo de facto como imputado sin las garantías procesales ni el juez competente. Elevar la exposición justo ahora, sin esperar nuevas declaraciones clave del círculo directo de Mazón, refuerza la impresión de un movimiento precipitado para blindar la causa ante una posible nulidad.
En el fondo, la acusación de “grosera negligencia por omisión” es jurídicamente débil: la legislación valenciana atribuye la competencia operativa en protección civil y avisos a la conselleria (no a Presidencia), y el auto no delimita con precisión cuándo ni con qué información concreta Mazón estaba obligado a asumir el mando único, ni qué decisiones específicas debió tomar. Reprocha al presidente la falta de coordinación mientras reconoce que esa fase competía a Emergencias, generando una extensión resbaladiza de la responsabilidad penal.
Tampoco se acredita con solidez que los mensajes de WhatsApp del jefe de gabinete impliquen una responsabilidad penal directa por retrasar o modular el Es-Alert (ya redactado y preparado técnicamente), suficiente para sostener homicidio imprudente por omisión.
Mazón no queda exonerado: su ausencia prolongada en las horas críticas y respuestas evasivas generan responsabilidad política indiscutible. Pero existe un abismo entre lo político y lo penal.
Dado lo que está en juego, la instrucción debe ser escrupulosa, transparente e irrigable jurídicamente. Hoy no lo es: intervención del marido-juez, investigación irregular a un aforado, uso expansivo de la omisión y coincidencia temporal entre el escándalo de los audios y la exposición razonada dibujan un panorama muy preocupante.
Corresponde al Tribunal Superior de Justicia decidir no solo si hay indicios para investigar penalmente a Mazón, sino también si la causa se ha tramitado con las garantías mínimas exigibles en un Estado de derecho.
La sombra del marido sobre la instrucción
Lo que complica aún más el escenario es que ha salido a la luz una querella presentada por un abogado que actúa como acusación particular contra Ruiz Tobarra y su marido. Esta denuncia incluye cargos por coacciones, usurpación de funciones públicas y prevaricación.
Los testimonios aportados por víctimas y familiares involucrados en la instrucción indican que Martínez Ribera no solo estuvo presente durante sus declaraciones, sino que también participó activamente en los interrogatorios. Se le atribuye haber dado instrucciones sobre qué anotar y, en algunos casos, incluso realizó diligencias investigadoras en reemplazo de la magistrada.
Un grupo de WhatsApp compuesto por familiares de las víctimas convocadas a declarar ha servido como evidencia de esta intervención. Según los relatos recopilados, el esposo de la jueza «había estado presente durante sus declaraciones» y «durante las mismas había dado indicaciones a la instructora y funcionaria sobre qué apuntar, participó en los interrogatorios e incluso llegó a realizar él solo diligencias investigativas en sustitución de la magistrada instructora». Esta situación plantea serias dudas sobre la imparcialidad y validez de las pruebas obtenidas bajo estas circunstancias.
La precipitación en el envío de la exposición razonada
Uno de los puntos más polémicos es que Ruiz Tobarra haya elevado su exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia cuando aún hay diligencias esenciales pendientes. Además, esta decisión se tomó apenas horas después del escándalo generado por los audios e indicios sobre el papel activo del esposo en la instrucción. Esta rapidez ha sido vista por algunos sectores como un intento por cerrar el caso antes de profundizar en cuestiones relacionadas con su imparcialidad.
Las defensas ya han presentado quejas formales ante el Consejo General del Poder Judicial cuestionando la validez del proceso. Los argumentos se centran en cómo la participación del marido de la jueza en los interrogatorios compromete lo que se conoce como «sana crítica», necesaria para fundamentar las pruebas y adoptar diligencias adecuadas. La querella solicita, entre otras medidas, una suspensión cautelar tanto para Nuria Ruiz Tobarra como para Jorge Martínez Ribera dentro del ámbito judicial, así como el traslado del caso a la Audiencia Nacional.
Los argumentos de la jueza contra Mazón
Más allá del aspecto procedimental, los planteamientos contenidos en la exposición razonada contra el expresidente son contundentes. Ruiz Tobarra argumenta que Mazón actuó con «falta de atención dada su posición» y considera determinante su ausencia durante las horas críticas tras el desastre. La magistrada subraya que mientras ocurría lo peor, él se encontraba recluido en un restaurante donde incluso recibió documentos para firmar; sin embargo, no asumió ningún rol directivo ante tal crisis.
Además, analiza un mensaje enviado por el jefe del gabinete a Pradas donde le indicaba «de confinar nada, Salo», considerándolo claramente imperativo. Para Ruiz Tobarra resulta «ilógico» pensar que Mazón pudiera estar ajeno a estas órdenes provenientes de alguien tan cercano. También critica cómo se convocó tardíamente al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), así como las ineficaces alertas dirigidas a la población y lo que califica como una «flagrante falta de coordinación» entre consejerías implicadas.
El cuestionamiento de la imparcialidad
No obstante, estos argumentos están siendo cuestionados debido precisamente a los problemas relacionados con la imparcialidad en torno a esta instrucción. La querella presentada pide una evaluación psiquiátrica para esclarecer si las acciones y conductas llevadas a cabo por Ruiz Tobarra responden a dolo o si provienen de alguna incapacidad mental momentánea, reflejando así cuán grave perciben algunos sectores esta situación.
Las víctimas afectadas por la dana también han interpuesto una demanda contra Ruiz Tobarra solicitando anular toda actuación debido a la intervención indebida del cónyuge. Argumentan haber cometido un delito prevaricador al presentar testimonios recogidos durante interrogatorios realizados por su esposo también magistrado. Este cúmulo genera un contexto donde se pone bajo sospecha no solo su credibilidad sino también toda validez del proceso.
Es irónico pensar cómo mientras imputa a Mazón por inacción durante emergencias cruciales, ella misma está bajo fuego cruzado por acciones consideradas apresuradas y potencialmente sesgadas al frente del caso. Ahora será tarea del Tribunal Superior de Justicia decidir si procede investigar formalmente a Mazón o si este proceso mantiene validez suficiente para sustentar cualquier acusación penal. El desenlace determinará si finalmente hay justicia respecto a lo ocurrido aquel trágico 29 octubre 2024 o si las irregularidades procesales invalidan todo lo actuado hasta ahora.
