Volver a las 35 horas de trabajo semanales es el motivo por el que los más de 80.000 funcionarios en activo en Castilla y León se disponen a ir a la huelga.
Lo que deja es una sensación, al menos extraña, puesto que estamos hablando de una huelga que se puede producir simple y llanamente por un desacuerdo en la fecha de la aplicación de la nueva jornada de tres meses.
La última propuesta presentada por el Ejecutivo autonómico durante la reunión mantenida ayer por espacio de más de 3 horas, fijaba la aplicación de las 35 horas el 31 de marzo de 2020, frente al 1 de enero exigido por los sindicatos, condicionada a una serie de objetivos como la aprobación de los Presupuestos Generales de la Comunidad o la convocatoria de la Oferta Pública de Empleo pendiente de 2017 y 2018.
