El regreso de Su Majestad el Rey Juan Carlos I a España ha cobrado fuerza esta semana, especialmente después de que se desclasificaran documentos sobre el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 que, en contra dela intención del Gobierno al hacerlos públicos, dejan aún mejor a Don Juan Carlos por su intervención en esos días.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dejado claro que sería «deseable» que el Rey Emérito volviera a España para «pasar la última etapa de su vida con dignidad y en su país». A esta propuesta se han sumado Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno.
Desde la Casa Real han dejado claro que no hay ningún impedimento legal que impida a Don Juan Carlos regresar a España. El Gobierno, representado por el ministro de Presidencia Félix Bolaños, ha reiterado que «la decisión de si regresa o no a España depende exclusivamente de él» y que «el Gobierno nunca le ha impedido ni le ha denegado la entrada a España».
Zarzuela ha confirmado que «la decisión del rey Juan Carlos de volver a residir en España depende únicamente de él». No obstante, estas afirmaciones esconden un problema latente que ninguna institución parece abordar: el deseo del Rey Emérito de residir en el Palacio de la Zarzuela, donde vivió durante su reinado, lo que plantea serios obstáculos.
Desde su traslado a Abu Dabi en agosto de 2020, el Rey Emérito ha viajado a España en varias ocasiones, principalmente para participar en las regatas del Real Club Náutico de Sanxenxo en Pontevedra. Durante estas visitas se aloja en viviendas privadas y nunca en edificios oficiales del Estado.
La Casa del Rey ha dejado claro que no desea que el Emérito utilice inmuebles públicos durante sus estancias, ni tampoco lo invita a actos institucionales. Esta postura revela una incomodidad política: aunque formalmente no exista prohibición alguna, la institución monárquica mantiene una distancia deliberada que dificulta un regreso completo a la vida oficial española.
No se trata solo de pedir que Juan Carlos I visite España ocasionalmente. Feijóo, Ayuso y Moreno buscan resolver los «obstáculos» que le impiden establecerse permanentemente aquí. El líder del PP incluso ha garantizado al Emérito, por medio de intermediarios, que si llega a presidir el Gobierno facilitará su retorno siempre y cuando también lo apoye Felipe VI. Fuentes cercanas indican que Juan Carlos I ha recibido numerosos mensajes de apoyo tras las declaraciones de Feijóo y ha respondido con agradecimiento. Además, tiene previsto visitar España mensualmente a partir de ahora, aunque su objetivo final sigue siendo residir en la Zarzuela, tal como expresó en sus recientes memorias tituladas «Reconciliación».
El dilema es más político que legal. La desclasificación de documentos del 23-F ha reforzado lo ya conocido sobre el papel crucial de Don Juan Carlos en la defensa de la democracia. Ayuso ha recordado que lo manifestado por Feijóo es compartido por «la inmensa mayoría de los españoles», mientras Moreno destaca que el Emérito «tuvo un papel fundamental en defensa de las libertades» durante ese momento crítico.
La Casa Real también ha confirmado que el PP avisó previamente sobre la intención de Feijóo de hacer público su mensaje pidiendo el regreso del Emérito. Esta coordinación anticipada sugiere que este debate no es espontáneo; forma parte de una estrategia política más amplia.
