Lo que nadie le puede achacar al Gobierno popular es que no está haciendo lo que anunció cuando estaba en la oposición o en la campaña electoral
Queda muchísimo por hacer y la funda de si se atreverá a ir hasta el hueso, y entrar a fondo hasta en el ruinoso estado de las autonomías, pero los socialistas tienen la impresión de que Mariano Rajoy está dándole la vuelta, como un calcetín a todo lo que hizo y propugno Zapatero.
Hay excepciones llamativas, como la de RTVE donde siguen campando a sus anchas los sociatas y no se ha tocado un pelo, pero todo se andará.
En cuando se haga público el resultado de las eleccions autonómicas andaluzas, también ahí se hará sentir la alargada sombre del presidente.
Como subrayan Carmen del Riego y Juan Carlos Merino en ‘La Vanguardia’, aún antes de haber cumplido sus primeros cien días de mandato, el Gobierno Rajoy se ha puesto a la tarea de desmontar, pieza a pieza y casi con urgencia, buena parte de las leyes y políticas más significativas impulsadas durante los casi ocho años de zapaterismo.
La oposición lo llama contrarreforma, pero el Ejecutivo prefiere hablar de racionalizar las medidas en un momento muy determinado.
Y lo hace tanto en materia económica, con la reforma laboral del PP que ha pulverizado las que puso en marcha el PSOE tras el giro de mayo del 2010, como en políticas sociales -la dependencia, el aborto-, fiscales, educativas, la denominada memoria histórica, la política energética y de vivienda o hasta en el contencioso de Gibraltar…
En el PSOE se llevan las manos a la cabeza, impotentes ante las supresiones, frenazos, modificaciones o rectificaciones que están sufriendo algunos de los proyectos de bandera puestos en marcha en los últimos ocho años bajo mandato socialista.
Por el contrario, en el PP argumentan en la mayoría de los casos que se están limitando a cumplir el programa electoral con el que ganaron las elecciones del 20-N, o a tomar sus propias medidas para reequilibrar las cuentas públicas y ajustar el déficit.
Y las piezas siguen cayendo, imparables. Por ejemplo, el Consejo de Ministros suprimió el pasado viernes 24 de marzo de 2012 empresas estatales, entre ellas la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), creada por Zapatero en el año 2005 junto a su entonces ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo.
«Es un negocio ruinoso», había avisado la actual ministra de Fomento, Ana Pastor.
Lo que nadie le puede achacar al Gobierno popular es que no está haciendo lo que anunció cuando estaba en la oposición o en la campaña electoral, o que no esté cumpliendo con su programa electoral.
Porque, salvo la subida de impuestos, especialmente el IRPF, adoptada el 30 diciembre, con la justificación de la desviación del déficit, el PP sigue al pie de la letra el guión que escribió durante los últimos cuatro años.
De ahí que no sea muy difícil adivinar que tras las tres grandes reformas se empiece a hablar de la ley de emprendedores, que ya en su día defendió en el Congreso como una proposición de ley.
Pero el Ejecutivo también ha introducido en el debate anuncios como el de la ley del aborto, que volverá a ser de supuestos, o el adiós a la asignatura de educación para la ciudadanía.
Entre otras cosas, confiesa algún ministro, porque al Gobierno también le viene bien que no sólo se hable de economía y recortes…
De una oficina a las mismas personas en otro despacho
La ley de la memoria histórica fue una de las iniciativas estrellas de la etapa Zapatero, con la que nunca estuvo de acuerdo el PP, pero lo que ahora el Gobierno de Rajoy mantiene es que nada ha cambiado pese a que se ha suprimido la oficina de víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, explica que las mismas personas que había en la oficina siguen atendiendo los mismos casos y con los mismos medios, y que lo único que varían es que la oficina se ha subsumido en la subsecretaría de Justicia, en la división de derechos de gracia y otros derechos.
El PSOE ve en la medida un intento de acabar con la ley de memoria histórica que «sirvió para poner en marcha un proceso de compensación a todas las víctimas de la represión franquista que no fueron atendidos a lo largo de la transición», explica Ramón Jáuregui, ex ministro de la Presidencia en el último gobierno de Zapatero.
«Darle ahora un corte brusco a todo lo que se ha puesto en marcha desde hace cinco años, con una inversión de 25 millones de euros, es dejar sin esperanza a cientos de miles de personas que quieren enterrar con dignidad a sus abuelos fusilados y cerrar todo un ejercicio de recuperación de la memoria».
Una ayuda con un plazo de caducidad de cuatro años
Fue una de las iniciativas más populares de la etapa de Zapatero y consistía en una ayuda de 210 euros para alquiler a los jóvenes. El primer decreto de ajuste del gobierno del PP, el del 30 de diciembre, se la llevó por delante.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que tomó la decisión, se aferra a que el decreto que la creo ya preveía que a los cuatro años se podía instar su modificación o derogarla, y el Gobierno optó por lo segundo.
De hecho, según Montoro, lo que se decide es no incorporar a más beneficiarios y dejar extinguir la subvención a los actuales a los cuatro años.
Carme Chacón, como ministra de Vivienda, puso en marcha la renta básica de emancipación.
«La razón es que España tenía la tasa de emancipación más tardía, lo que tenía que ver con la ley del suelo del PP, y porque el parque de vivienda en alquiler representaba apenas el 7% del total«, rememora Chacón.
Cinco años después, explica, esta medida ha beneficiado a 301.254 jóvenes (58.098 en Catalunya), la capacidad de emancipación entre 18 y 34 años pasó del 36% al 46,8% y el parque de alquiler subió del 7% al 13,2%.
«Ha sido una de las medidas más exitosas, y suprimirlo afecta especialmente a los jóvenes, justo el sector más golpeado por la crisis».
Una medida para estimular la actividad económica
El Gobierno Rajoy decidió recuperar la desgravación fiscal por la compra de la vivienda habitual en su Consejo de Ministros del 30 de diciembre del 2011.
Zapatero la había eliminado, dentro de sus medidas de choque contra la crisis, a partir del 1 de enero de aquel 2011. Sólo un año en el que quienes compraron su casa no pudieron desgravarse por el importe invertido.
El ministro de Hacienda de Rajoy, Cristóbal Montoro, justifica la recuperación de esta desgravación, no sólo en la ayuda que supone para los beneficiarios que quieren adquirir una vivienda, sino en la necesidad de encontrar un revulsivo que anime el mercado de la vivienda, que a la vez «estimulará la actividad económica a través de los impuestos que se recaudarán derivados de la compra de esas viviendas que gozan de una mejor fiscalidad», lo que a la postre compensa lo que se deja de recaudar.
Pero Inmaculada Rodríguez-Piñero, secretaria de política económica del PSOE y ex secretaria general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, asegura en cambio que «la recuperación de las deducciones fiscales a la compra de vivienda sólo sirve para alimentar la burbuja inmobiliaria».
Para los socialistas, el Partido Popular pretende así reeditar «la cultura del pelotazo».
Frenar la destrucción de empleo con el enésimo cambio
La enésima reforma laboral que afronta España sigue el hilo de las últimas: la falta de consenso político y sindical para ponerse en marcha.
Pese a ello, el Gobierno considera que la actual es la de la vencida y es histórica, en palabras de la ministra de Empleo, Fátima Báñez:
«Porque ataca de raíz dos problemas graves que tiene nuestro mercado de trabajo: la fuerte dualidad entre contratos indefinidos y contratos temporales, y la rigidez de la que adolece nuestro mercado de trabajo, que hace que cuando hay crisis en España, el ajuste lo tengan que hacer las empresas vía despidos y no vía cambios y flexibilidad interna».
Valeriano Gómez, último ministro de Trabajo de Zapatero, cree, sin embargo, que la reforma laboral del Gobierno de Rajoy ha nacido con pésimas perspectivas:
«El Gobierno presentó el escenario macro días después de aprobar su reforma laboral, y ya anunció que se perderían 630.000 empleos más. No deja de ser una paradoja».
«Las reformas del PSOE en el 2010 y el 2011 «se apoyaban en la idea fundamental de que tenía que haber diálogo y consenso en la empresa, y si no, se acudía a la mediación y el arbitraje».
«La psicología de las reformas era la flexibilidad interna, y eso se ha alterado significativamente, porque ahora todo es unilateral por parte del empresario».
Valeriano Gómez se muestra muy crítico:
«El PP ha disparado a todo, al despido, a la ultraactividad, al convenio del sector, al periodo de prueba de doce meses, al arbitraje obligatorio… No ha dejado títere con cabeza».
La breve vida de la ley de plazos para volver a los supuestos
Tras 25 años en vigor, muchos estaban de acuerdo en la necesidad de resolver los problemas detectados en la aplicación de la ley de 1985, una ley que despenalizaba el aborto en tres supuestos: violación, malformación del feto o grave peligro para la vida o para la salud física o psíquica de la madre, lo que se convirtió en un coladero.
Leire Pajín, ex ministra de Sanidad de Zapatero, defiende la ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, una ley de plazos que entró en vigor en el 2010:
«La ley trajo dos cosas fundamentales -dice Pajín-. Seguridad para las mujeres que tienen que pasar ese trago, para los médicos que prestan ese servicio e incluso para el nasciturus. Pero sobre todo trajo consigo la reducción de los abortos y de los embarazos no deseados por primera vez en este país. Es una ley más segura para todos. Luego, si por primera vez redujo los abortos y los embarazos no deseados, la pregunta es: ¿por qué hay que cambiarla?».
La respuesta es muy sencilla para el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón:
«Era un compromiso electoral y dijimos que la cambiaríamos cuando se aprobó, con nuestro voto en contra a la ley de plazos».
El Gobierno Rajoy, sobre todo, quería hacer desaparecer la posibilidad de que las niñas de 16 años pudieran abortar sin comunicárselo a sus padres.
Gallardón hace hincapié en la parte de ayuda a la maternidad para las mujeres a las que su situación económica no les permite seguir adelante con su embarazo. Por eso se volverá a una ley de supuestos.
El cuarto pilar del Estado de bienestar, en dique seco
El Consejo de Ministros aprobó el 21 de abril del 2006 la ley de Dependencia como «cuarto pilar del Estado de bienestar» y con Jesús Caldera como ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
Caldera destaca ahora sus beneficios:
«No es un gasto, sino una inversión. Se trata de uno de los pocos yacimientos de empleo futuro, debido al envejecimiento de la población, y mejora derechos sociales. Cada euro que se invierte genera 0,6 o 0,7 euros de retorno».
Caldera asegura que si ahora el PP para su desarrollo se verán muy afectadas todas sus posibilidades.
«Con poco dinero, que para este año serían 300 o 400 millones de euros públicos, se moviliza otro tanto de dinero privado. Luego si ahora se para, se impide que este sector incremente su tasa de actividad en casi mil millones de euros».
Sin embargo, el problema de la ley de dependencia, para el gobierno de Rajoy, es la falta de financiación, lo que la deja en barbecho durante dos años para nuevas incorporaciones.
De todas formas, la ministra de Sanidad, Ana Mato, mantiene que la ley de dependencia «es un avance» al que no se puede renunciar.
Pero, constatado «el fracaso del modelo de financiación«, hay que hacer una «evaluación profunda y rigurosa» que elimine la desigualdad y garantice su viabilidad.
Educar en los valores ciudadanos, pero sin adoctrinar
Mariano Rajoy lo anunció cuando el gobierno Zapatero aprobó la asignatura, y lo repitió hasta cansarse cada vez que tenía ocasión: si el PP ganaba las elecciones, quitaría educación para la ciudadanía.
Dicho y hecho, fue uno de los primeros anuncios del nuevo ministro de Educación, José Ignacio Wert, nada más tomar posesión de su cartera.
«Y no es que el PP esté en contra de una educación cívica, sino que la asignatura creada por el PSOE había ido más allá y contenía una alta carga de adoctrinamiento».
Una intención que el PSOE rechaza que se pretendiera con esta asignatura:
«La pusimos en marcha por dos razones -explica Mario Bedera, portavoz socialista de educación en el Congreso y ex secretario de Estado de Educación-. Porque la escuela también debe educar en valores y para ponernos al día de lo que se hace en más de treinta países europeos. El principal objetivo de la educación es crear buenos ciudadanos».
Bedera asegura que, pese al inicial rechazo del PP, «este era un tema pacífico desde que el Tribunal Supremo dictaminó que no se podía objetar, y no ha habido a partir de entonces manifestaciones en contra».
«El PP ha desempolvado las ideas del sector más radical de la derecha y la Conferencia Episcopal».
En busca de fórmulas para compensar a los autores sin canon
El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, aprobó el pasado 30 de diciembre la supresión del polémico canon digital, manteniendo la compensación equitativa por copia privada a cargo de los presupuestos generales del Estado.
Había sido un compromiso del PP, desde hace tiempo, con los internautas. Incluso llegó a hacer campañas contando, según se acercaban las elecciones, los días que le quedaban de vida al canon.
Ya en el poder, no quedaba otra salida que cumplir lo prometido y suprimir el canon, aunque bien se podría decir que su supresión es temporal, porque con el nombre de canon, o con otro, el caso es que el ministerio que dirige José Ignacio Wert busca fórmulas para compensar a las autores, como lo hacía hasta ahora el canon.
María González Veracruz, secretaria de participación, innovación y redes sociales del PSOE, se muestra, no obstante, contundente:
«El canon digital es un ejemplo más del fraude del PP. No lo han eliminado, sino que lo pagamos todos en los presupuestos del Estado».
Porque en algo coinciden ahora la mayoría de los partidos: los derechos de autor deben ser compensados. Wert busca fórmulas «para encontrar una solución más justa que la que proponía el canon digital».
Dos banderas y cuatro voces: del foro trilateral al bilateral
El Gobierno de Zapatero impulsó en el 2004, con Miguel Ángel Moratinos como ministro de Exteriores, la incorporación de Gibraltar a las conversaciones entre España y Reino Unido sobre la soberanía del Peñón, con lo que se ponía fin al proceso de Bruselas de 1984.
Nada más llegar al Gobierno, Rajoy ha vuelto al anterior planteamiento, con el lema acuñado por el jefe de la diplomacia española, José Manuel García-Margallo:
«Dos banderas, cuatro voces», que supone, a su juicio, que de soberanía sólo hablan los estados: España y el Reino Unido, y que puede haber otro foro en el que participe Gibraltar, pero también las autoridades españolas de La Línea, para hablar del día a día.
Pero el PSOE sigue defendiendo la postura que planteó hace ocho años para superar la paralización de las conversaciones desde el 2002.
«Nos tememos que Margallo se ha metido en un callejón sin salida en Gibraltar», asegura Elena Valenciano, vicesecretaria general del PSOE y responsable de política internacional.
«Al reclamar que el foro tripartito sea cuatripartito, también con el Campo de Gibraltar, en Londres le han dicho que no. Y por querer ir de patriota, ahora no sabemos cómo dialogar, porque nos hemos quedado sin instrumento de diálogo».
Corregir rigideces, pero proteger el dominio público
La primera ministra de Medio Ambiente de Zapatero, Cristina Narbona, fue quien realmente empezó a aplicar la ley de Costas de 1988 con su estrategia para recuperar el litoral y frenar la construcción masiva.
«El ministro lo justifica para garantizar más seguridad jurídica. Pero el deslinde ya afecta a casi el 96% del litoral, así que un cambio de la norma ahora provocaría todo lo contrario: una gran inseguridad jurídica. Cañete argumenta justificaciones no aceptables para ocultar la voluntad de una máxima privatización del dominio público que es el litoral. Su reforma sólo es una tapadera para la privatización del litoral».
Lo que defiende el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, es que «la protección de nuestra costa y de sus valores ambientales vayan de la mano del desarrollo económico y social», de forma que se corrijan las «rigideces e ineficiencias» de la norma, pero protegiendo también «los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y de aquellos que poseen pequeñas parcelas en zonas de la costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente costero».
Y de paso, apunta el ministro, «corregir la errática aplicación de los gobiernos socialistas».
Del «nuclear, no gracias» a la moratoria para las renovables
Después de que el gobierno de Zapatero hubiera aprobado una moratoria nuclear, el secretario de medio ambiente del PSOE, Hugo Morán, saltó directamente a la yugular en cuanto el Gobierno de Rajoy aprobó, el pasado 27 de enero, la moratoria para las energías renovables:
«Es otro engaño más del PP y un suicidio económico para España».
«El Gobierno ha desvelado su plan en materia de política energética, que no es otro que potenciar el peso de la nuclear y reducir el de las renovables. Un gravísimo error estratégico que no puede justificarse, como se pretende, en un hipotético plan de lucha contra la crisis, cuando la industria de las tecnologías renovables se ha revelado como uno de los sectores más pujantes y con mayor capacidad de creación de empleo en los últimos años».
Pero el ministro de Industria, José Manuel Soria, no opina lo mismo. Sostiene que el Gobierno sigue apostando por las energías renovables, pero ha limitado las primas a las nuevas instalaciones de energías renovables.
Una medida, subraya Soria, que no afecta a las que ya están en marcha y gozan de esas primas.
El ministro considera que hay un exceso de capacidad de las renovables, con un gasto «que en época de déficit no es justificable».
