En pleno verano político, cuando el calor aprieta y las agendas ministeriales suelen desviarse hacia eventos deportivos internacionales, Fernando Grande-Marlaska se ha visto envuelto en un nuevo frente judicial de alto voltaje. La asociación mayoritaria de la Guardia Civil, Jucil, ha presentado una denuncia penal ante el Tribunal Supremo acusando al titular de Interior de prevaricación por omisión y abandono durante los graves disturbios ocurridos la pasada semana en Torre Pacheco (Murcia).
No es la primera vez que Marlaska afronta críticas por su gestión, pero la actual ofensiva judicial marca un salto cualitativo. El trasfondo: dos días de enfrentamientos entre inmigrantes y grupos contrarios a la inmigración sacudieron este municipio murciano. Mientras tanto, según denuncia Jucil, el ministro se encontraba, literalmente, en otro terreno de juego: presenciando un partido de tenis en Wimbledon.
La acusación es contundente: dejación grave de funciones en la planificación y protección tanto de los agentes como de los ciudadanos. Según relata Jucil, desde que comenzaron los disturbios el viernes 11 de julio, la respuesta del Ministerio fue tardía y deficiente. No se movilizaron los efectivos especializados del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), las conocidas unidades antidisturbios, hasta pasados varios días. Hasta entonces, la responsabilidad recayó en las Unidades de Seguridad Ciudadana (USECIC) de Murcia y Cartagena, dotaciones mucho menos preparadas para controlar altercados masivos.
El retraso no es un matiz menor: para Jucil, el despliegue del GRS se produjo «por motivos puramente políticos» y cuando ya había heridos y más de una decena de detenidos. La asociación subraya que los USECIC «carecen de medios adecuados para intervenir en este tipo de altercados», lo que supuso dejar desprotegidos tanto a los agentes como a la población civil.
Claves del procedimiento judicial
Al tratarse Grande-Marlaska de un aforado, la denuncia ha recaído directamente en el Supremo. El escrito presentado por Jucil solicita que se aclaren todas las decisiones operativas relativas al envío (o no envío) de efectivos a Torre Pacheco. Entre las diligencias solicitadas figuran:
- Identificar a todos los mandos intervinientes y responsables políticos.
- Determinar si el GRS estaba preparado para actuar desde el inicio.
- Esclarecer quién dio la orden (o no) para su movilización.
- Analizar si hubo directrices políticas que retrasaron intencionadamente el despliegue.
Jucil insiste en que una intervención «rápida, precisa y contundente» con equipos especializados habría evitado buena parte del caos vivido durante esos días críticos.
Contexto político y repercusiones
La denuncia llega en un momento especialmente sensible para Marlaska, quien ya venía siendo cuestionado desde distintos frentes políticos y sindicales por su estilo directivo y ciertas decisiones polémicas previas. Este episodio añade presión mediática e institucional justo cuando la seguridad ciudadana vuelve a copar titulares.
No han faltado reacciones desde diversas formaciones políticas que exigen explicaciones públicas al ministro. Mientras tanto, desde el Ministerio del Interior se defiende que todos los recursos estaban activados «desde el primer momento», aunque los hechos relatados por Jucil dibujan una cronología menos favorable para su titular.
¿El Supremo admitirá finalmente la denuncia? De momento, lo único seguro es que la sombra alargada del caso Torre Pacheco amenaza con quedarse más tiempo del previsto sobre el despacho ministerial.
