Es el colmo de la desvergüenza.
En un giro irónico del destino, Sánchez, que llegó al poder en 2018 ayudado por proetarras vascos y golpistas catalanes, pero enarbolando la bandera de la lucha contra la corrupción, maniobra histéricamente y tira de todos los recursos a su alcance para blindarse ante las investigaciones…¡¡¡por corrupción!!!
Como diría el refranero español: «Dime de qué presumes y te diré de qué careces».
O quizás, en este caso: «Dime qué leyes propones y te diré de qué te escondes«.
En un movimiento que ha generado una ola de críticas y preocupación en el ámbito jurídico y político español, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha presentado una proposición de ley que busca limitar la acusación popular y prohibir los procesos judiciales basados únicamente en informaciones de prensa.
Una reforma de la Justicia que favorecería a su mujer, a su hermano y al fugado Puigdemont.
Decaerían varios de los delitos de los que se acusa a Begoña Gómez y a David Sánchez y el líder de Junts no podría ser encarcelado si regresara a España.
Todas las asociaciones de jueces rechazan la reforma del PSOE porque está diseñada para «casos con nombre y apellidos».
Esta iniciativa, que llega en un momento en que el partido y su amo, Pedro Sánchez, se encuentran cercados por múltiples casos de presunta corrupción, es un intento desesperado de blindar al presidente del Gobierno y su entorno más cercano.
La propuesta legislativa, presentada el pasado viernes, 10 de enero de 2025, en el Congreso de los Diputados, pretende reformar aspectos clave del sistema judicial español.
Entre las medidas más controvertidas se encuentra la prohibición de que partidos políticos y asociaciones vinculadas a ellos puedan personarse como acusación popular, así como la limitación de la participación de esta figura jurídica a la fase de juicio oral y a la formulación inicial de la querella.
Patxi López, el casi analfabeto portavoz del PSOE en el Congreso, ha defendido la iniciativa argumentando que busca hacer frente a las «acciones judiciales abusivas» y acabar con las «filtraciones interesadas y constantes» de las diligencias por parte de «acusaciones que tienen objetivos políticos».
Sin embargo, la oposición y numerosos expertos en derecho han alzado la voz contra lo que consideran un ataque a la separación de poderes y un intento de obstaculizar la justicia.
El Partido Popular ha sido especialmente crítico con la propuesta, acusando al PSOE de «perseguir a quienes denuncian, investigan o forman parte de los casos de corrupción que acorralan al Gobierno«.
Fernando Martínez-Maíllo, senador popular, ha señalado que «la corrupción tiene su epicentro en Ferraz», en referencia a la sede-puticlub del PSOE en esa calle madrileña, y ha recordado que muchos de los casos que actualmente afectan al partido socialista se iniciaron gracias a denuncias del PP.
La comunidad jurídica también ha expresado su preocupación.
Numerosos jueces y fiscales han advertido que la ley podría ser inconstitucional, ya que la acusación popular es un derecho reconocido en el artículo 125 de la Constitución Española.
Además, se ha señalado que la prohibición de iniciar procesos basados en informaciones de prensa podría tener consecuencias graves para la investigación de casos de corrupción y otros delitos.
Casos emblemáticos en riesgo
- Caso Koldo: La trama de presunta corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia, que implica a altos cargos socialistas, incluido el ex ministro José Luis Ábalos.
- Investigación a Begoña Gómez: La esposa de Pedro Sánchez está siendo investigada por presuntos vínculos con empresas beneficiarias de fondos públicos.
- Caso del hermano de Sánchez: David Sánchez está siendo investigado por su posible participación en negocios irregulares.
- Investigación al Fiscal General del Estado: Álvaro García Ortiz está siendo cuestionado por su gestión y posibles conflictos de interés.
Estos casos, muchos de los cuales se iniciaron a partir de informaciones periodísticas y denuncias de la acusación popular, podrían verse seriamente afectados si la propuesta del PSOE se convierte en ley.
CENSURA DE PRENSA
La prohibición de iniciar procesos judiciales basados únicamente en informaciones de prensa ha generado alarma entre los profesionales de los medios de comunicación.
Muchos temen que esta medida pueda utilizarse para silenciar investigaciones periodísticas sobre casos de corrupción y otros delitos de interés público.
Además, asociaciones de víctimas del terrorismo han expresado su preocupación, ya que históricamente han utilizado la figura de la acusación popular para personarse en causas relacionadas con atentados terroristas.
La limitación de este derecho podría dificultar su participación en futuros procesos judiciales.
LA PROCLIVIDAD CHAVISTA DEL PSOE
La propuesta del PSOE se enmarca en un patrón preocupante de intentos por parte del Gobierno Sánchez de limitar los controles sobre el poder ejecutivo.
Esta iniciativa llega después de otras medidas polémicas, como la reforma del Código Penal que eliminó el delito de sedición y modificó el de malversación, o los indultos a los líderes independentistas catalanes condenados por el proceso separatista de 2017.
La oposición ha anunciado que luchará contra esta propuesta con todos los medios a su alcance.
El PP ha adelantado que presentará enmiendas a la totalidad y que, si la ley llega a aprobarse, la recurrirá ante el Tribunal Constitucional.
Por su parte, asociaciones de jueces y fiscales han convocado reuniones de urgencia para analizar la propuesta y definir una estrategia de respuesta.
Muchos temen que, de aprobarse, esta ley pueda suponer un grave retroceso en la lucha contra la corrupción y en la independencia del poder judicial.
En las próximas semanas, se espera un intenso debate parlamentario y social sobre esta controvertida propuesta.
Mientras tanto, los casos de corrupción que afectan al PSOE y al entorno de Pedro Sánchez siguen su curso, bajo la atenta mirada de una ciudadanía cada vez más escéptica y preocupada por el estado de las instituciones democráticas en España.
Curiosidades y datos
- La figura de la acusación popular, que el PSOE busca limitar, existe en España desde 1882 y es considerada una particularidad del sistema judicial español.
- Según datos del Consejo General del Poder Judicial, en 2024 se iniciaron más de 300 causas por corrupción en España, un 15% más que el año anterior.
- El caso Koldo, uno de los más mediáticos que afectan al PSOE, involucra contratos por valor de más de 50 millones de euros durante la pandemia.
- La propuesta del PSOE se presentó apenas 24 horas después de que se conociera la citación judicial de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.
- Un estudio reciente reveló que el 78% de los españoles considera que la corrupción es un problema «muy grave» o «bastante grave» en el país.
