Le crecen los enanos al marido de Begoña.
Y para colmo, cada día parece más torpe y lo que antes eran éxitos de comunicación y control del relato, es ahora un rosario de pifias, puros y pardilladas.
Pedro Sánchez convirtió esta legislatura en una maratón para consolidar las instituciones a su medida y extender su influencia más allá del ciclo político inmediato.
Ese diseño se resquebraja por todos los frentes: judicial, mediático e incluso dentro del propio ecosistema socialista. Y sobre todo ello flota algo que ya no puede disimularse: el hedor de la corrupción se ha vuelto, sencillamente, insoportable.
La premisa era evidente. Ferraz y Moncloa intentaron erigir una estructura política capaz de resistir el desgaste del presidente, un sanchismo con vocación de perpetuarse hasta 2030. Pero el escenario ya no responde con la sumisión esperada. La ofensiva judicial, la acumulación de casos y la pérdida de control sobre la narrativa han convertido aquello de tener «todo atado» en una misión imposible.
Un frente judicial que asfixia… y una pregunta incómoda
Entre los críticos del Gobierno se repite un dato demoledor: el entorno de Sánchez acumula ya más de un centenar de imputados —se habla de 126— en causas que afectan a su partido, a su círculo político y a distintas instancias de la Administración. Más allá de la discusión sobre la cifra exacta, la realidad que dibuja es incómoda: las investigaciones no se limitan a un episodio aislado, sino que se extienden como una mancha de aceite por diferentes niveles del Estado y del PSOE.
Y aquí surge la pregunta que cada vez más ciudadanos se hacen en voz alta: con semejante reguero de imputaciones, registros y sumarios, ¿queda algún socialista honrado en la sala de máquinas del poder? Los habrá, sin duda, entre sus votantes y sus cuadros de base; pero lo cierto es que, a la vista del mapa judicial, cuesta cada vez más encontrarlos en la cúpula. Cuando la excepción parece ser el limpio y no el investigado, el problema ya no es de manzanas podridas: es del cesto entero.
En este contexto, la Audiencia Nacional se ha convertido en terreno minado para Moncloa. El juez Santiago Pedraz instruye varias indagaciones sobre presuntas tramas de corrupción y posibles maniobras para obstaculizar investigaciones, y el foco judicial ya no apunta solo a los círculos más próximos al poder, sino a estructuras cada vez más amplias. Para algunos de los implicados, además, el horizonte ya no es la simple derrota política: es la cárcel. Los banquillos se van llenando y las togas, por fin, no parecen dispuestas a mirar hacia otro lado.
Instituciones erosionadas a toda prisa
Quizá lo más grave no sea la suerte penal de unos u otros, sino el destrozo institucional que va quedando por el camino. Organismos que deberían operar con neutralidad exquisita —de la Agencia Tributaria a la SEPI, pasando por la Fiscalía o los medios públicos— arrastran hoy un deterioro reputacional acelerado. Que en el debate público se hable con naturalidad de un «nauseabundo olor» a corrupción en instituciones del Estado revela hasta qué punto la erosión avanza a toda prisa. En un país con memoria, las comparaciones con viejas estructuras clientelares de poder no favorecen precisamente al Ejecutivo: cada movimiento institucional se interpreta ya bajo sospecha, y esa es la definición misma de un Estado dañado.
Una propaganda que ya no tapa nada
Moncloa y Ferraz han respondido con el manual de siempre: apelaciones a la resistencia, a la disciplina y a un relato épico de asedio. Pero la estrategia ha perdido frescura y efectividad. Cuando todo se reduce a «ruido», «bulos», «campañas» o «tropiezos», el ciudadano percibe una narrativa demasiado simple: cada nuevo escándalo obliga a improvisar una defensa distinta, dejando a la vista las costuras del manual.
Se agrieta también la llamada Brunete Pedrete mediática, ese conjunto de altavoces que durante años amortiguó críticas y ordenó el debate público: incluso medios tradicionalmente afines empiezan a distanciarse o a dar espacio a voces menos complacientes. No es un cisma absoluto, pero sí la señal inequívoca de una fatiga de fin de ciclo. Porque eso es lo que se respira: apesta a final de etapa, a régimen agotado que ya solo administra su propia descomposición.
Todas las tramas llevan a Sánchez
La lectura más severa entre los analistas es que todas las tramas terminan apuntando al mismo destino: Sánchez. Desde los casos vinculados al partido hasta los que afectan a organismos públicos, pasando por rescates sospechosos y las investigaciones sobre las llamadas cloacas socialistas, el mapa judicial se parece cada vez más a una red interconectada cuyo centro de gravedad es el propio presidente. El problema, cada día resulta más evidente, no es puntual: es estructural.
Elecciones en el horizonte: primavera de 2027, como muy tarde
Y llegamos al calendario. La legislatura tiene fecha de caducidad en 2027, y todo apunta a que las urnas llegarán, como muy tarde, en la primavera de ese año: agotar el mandato hasta el último aliento veraniego sería la confesión definitiva de que solo el BOE mantiene con vida al Gobierno. No faltará, eso sí, quien tema que el marido de Begoña —como ya lo llama media España, en irónica referencia a la investigación que afecta a su esposa— intente hacer trampas: estirar los plazos, retorcer el reglamento, comprar tiempo con nuevas concesiones a sus socios o envolver la convocatoria en alguna martingala táctica de las suyas. Es su especialidad. Pero ni la aritmética parlamentaria, ni los tribunales, ni el hartazgo social parecen dispuestos a concederle otra prórroga: el reloj corre, y ya no corre a su favor.
El lenguaje también dicta sentencia
Queda un aspecto casi irónico, si no fuera tan serio: cuanto más insiste el entorno de Sánchez en calificar todo de exageración, mayor es la sensación de que el Gobierno habla solo para sí mismo. En una legislatura así, la frase más peligrosa no es la crítica externa, sino la que empieza a escucharse dentro del propio partido: «esto ya no cuela». Y cuando esa expresión circula por las filas propias, ya es demasiado tarde para reaccionar. En política, cuando la narrativa deja de ordenar la realidad, es la realidad la que reescribe la historia. Y suele hacerlo con bastante menos elegancia.
