Juana Rivas sigue al epicentro del debate jurídico y mediático en España después del lamentable espectáculo que propició el pasado martes cuando debía entregar a su hijo menor al padre, después de que incumpliera durante casi siete meses otro acuerdo judicial.
La Audiencia Provincial de Granada ha ordenado este jueves abrir una nueva investigación a Rivas por presunta sustracción de su hijo menor, Daniel, al no haber facilitado su regreso a Italia con su padre, Francesco Arcuri, después del receso navideño. El caso, que ya marcó agenda política y social en años anteriores, suma así otro capítulo a una saga donde se mezclan la política familiar, las sentencias internacionales y el pulso emocional que rodea cualquier disputa por la custodia de un menor.
En este último episodio, la Audiencia acepta parcialmente el recurso presentado por Arcuri contra el archivo previo del Juzgado de Instrucción número 4 de Granada de una denuncia que interpuso contra su expareja por incumplir con la vuelta del menor a su padre, que posee la custodia total. El tribunal considera que existen indicios suficientes para abrir diligencias contra Rivas por un posible delito de sustracción de menores, aunque descarta investigar los supuestos malos tratos habituales alegados por Arcuri. La entrega del niño a su padre estaba fijada judicialmente para este viernes, tras haberse aplazado la semana anterior debido a la resistencia manifiesta del menor, quien expresó temor ante la figura paterna.
El Tribunal ha rechazado investigar la presunta comisión de maltrato habitual y de lesiones (psicológicas) en el ámbito familiar, por parte de Juana a Daniel.
Cronología de una batalla judicial sin fin
Para entender el peso político y social de este nuevo giro judicial conviene repasar los antecedentes:
- En 2017, Juana Rivas permaneció casi un mes en paradero desconocido con sus dos hijos incumpliendo órdenes judiciales que obligaban a entregarlos al padre.
- Fue condenada en firme en 2021 por sustracción de menores; el Tribunal Supremo rebajó la pena original a dos años y seis meses de prisión y un indulto posterior del Gobierno le evitó el ingreso en prisión, conmutando además la inhabilitación para ejercer la patria potestad por trabajos comunitarios.
- La justicia italiana concedió la custodia exclusiva a Arcuri y dictaminó que los menores debían residir con él en Cerdeña.
- Tras las vacaciones navideñas de 2025, expirado el plazo fijado por la Corte de Apelación de Cagliari para el retorno del niño, Rivas mantuvo al menor en Maracena (Granada), alegando miedo y denuncias previas por presuntos malos tratos del padre.
No es solo un caso judicial; es una historia que ha puesto a prueba los límites entre jurisdicción nacional e internacional y ha polarizado a la opinión pública española.
Política, emociones y Derecho internacional: un cóctel explosivo
Este nuevo auto judicial llega en un momento especialmente delicado. Por un lado, la Audiencia granadina subraya que Rivas conocía desde febrero la orden firme de retorno y aun así optó por no ejecutarla. Los magistrados advierten que esta actitud podría tener consecuencias penales adicionales e incluso podría activar la revocación del indulto concedido hace apenas cuatro años. Un indulto —no olvidemos— que fue muy criticado desde sectores políticos conservadores y utilizado como munición electoralista en debates sobre igualdad y protección frente a la violencia familiar.
Por otro lado, el caso vuelve a dejar en evidencia las tensiones entre los sistemas judiciales español e italiano. La Audiencia respalda así la tesis defendida por los tribunales italianos, según la cual Rivas habría vulnerado unilateralmente el régimen de custodia internacionalmente reconocido. El debate sobre hasta dónde puede o debe llegar el Estado español para proteger a sus nacionales frente a decisiones extranjeras cobra aquí renovada vigencia.
Tampoco faltan ingredientes emocionales: las manifestaciones públicas del hijo mayor pidiendo parar la entrega de su hermano menor, el temor verbalizado por Daniel ante el regreso con su padre o las campañas ciudadanas —con recogidas masivas de firmas— pidiendo al Gobierno que intervenga para evitar lo que consideran una injusticia. Todo ello se entrelaza con el discurso político sobre protección a la infancia y violencia familiar.
Claves políticas y jurídicas: ¿qué puede pasar ahora?
- La investigación abierta podría desembocar en una nueva imputación formal contra Juana Rivas.
- Si se considera que ha reincidido durante el periodo de gracia otorgado por el indulto, se abre la puerta a revocarlo. Esto implicaría cumplir íntegramente la condena anterior.
- Desde instancias políticas se volverán a agitar los debates sobre los límites del indulto gubernamental y las garantías en materia de derechos fundamentales cuando hay menores implicados.
- El comportamiento del sistema judicial español será observado con lupa tanto desde Italia como desde organismos europeos especializados en protección del menor.
