Otra pifia y esta de órdago.
La implementación forzada de los Tribunales de Instancia ha desatado un colapso que afecta a miles de procedimientos.
Apenas han pasado unos días desde la entrada en vigor definitiva de esta reforma, contemplada en la Ley Orgánica 1/2025 y el Real Decreto 422/2025, y el sistema judicial español ya presenta serias fisuras.
Jueces, fiscales, funcionarios y abogados del turno de oficio alzan su voz contra una norma que llega sin los medios necesarios, dejando a la Justicia sumida en una paralización total que Bolaños prometía resolver con rapidez y digitalización.
La periodista María Jamardo, en su análisis para El Debate, subraya cómo la puesta en marcha de los nuevos Tribunales de Instancia ha desencadenado un caos previsto.
Estos órganos colegiados, que agrupan a jueces en secciones especializadas como civil, penal o violencia sobre la mujer, debían mejorar la gestión de recursos y reducir la carga acumulada. Sin embargo, la realidad es muy diferente a las expectativas del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. En partidos judiciales grandes como Madrid, Barcelona o Zaragoza, la escasez de plazas ampliadas para jueces y fiscales impide manejar el volumen de trabajo con la calidad que merecen los ciudadanos.
Denuncias unánimes desde la primera línea
Los profesionales del ámbito judicial no escatiman en críticas. La Asociación de Fiscales advirtió desde el principio sobre los riesgos asociados, y ahora los hechos les han dado la razón. Jueces y letrados de la Administración de Justicia indican carencias graves en la organización interna de las oficinas judiciales comunes, especialmente en zonas con alta litigiosidad. Funcionarios desbordados y abogados del turno de oficio, cruciales para defender a los más vulnerables, hablan de un colapso técnico que interfiere con trámites cotidianos.
- Falta de cálculo de plazas: El Ministerio no previó aumentar el número suficiente de jueces y fiscales, dejando algunas secciones completamente desbordadas.
- Problemas competenciales en Viogen: Las nuevas secciones dedicadas a violencia de género asumen materias amplias sin un estudio previo adecuado, generando conflictos durante la instrucción y el juicio.
- Desplazamientos forzosos: Las víctimas deben recorrer más de 80 kilómetros para poder declarar o hacerlo por videollamada sin atención personal, lo que revictimiza y desalienta las denuncias.
- Horarios limitados: Las denuncias presentadas fuera del horario habitual son redirigidas a partidos judiciales lejanos, lo que provoca que las resoluciones de protección tarden horas en llegar.
En casos relacionados con violencia de género, el efecto disuasorio resulta alarmante. Las mujeres maltratadas ahora enfrentan declaraciones solitarias, sin abogado presente y a través de medios telemáticos, según informes publicados por OK Diario. Esta situación contrasta con el deber protector que deberían garantizar fiscales y jueces. La comarcalización de los Tribunales de Instancia agrava aún más esta problemática: en provincias rurales, las distancias diluyen esa inmediatez vital para estas víctimas.
Antecedentes de una reforma ambiciosa pero precipitada
Félix Bolaños defendió su Ley de Eficiencia como una transformación monumental para la Justicia en décadas pasadas, modernizando así una estructura anclada en el siglo XIX. En marzo del 2025, durante las Jornadas de Presidentes de Tribunales Superiores en Palma, prometió agilidad, flexibilidad y digitalización mediante tribunales que asignan jueces sin crear nuevas unidades administrativas, ahorrando hasta medio millón de euros por juzgado. Aseguró contar con financiación proveniente de fondos europeos e hizo referencia a pilotos como uno ubicado en Badajoz, donde se logró una reducción del 40% en pendencia y un incremento del 70% en ejecuciones.
El Ministerio celebró acuerdos unánimes alcanzados durante conferencias sectoriales con comunidades autónomas para establecer 431 Tribunales de Instancia desde julio del 2025, culminando el proceso el 31 de diciembre en grandes ciudades. Se destinaron más de 325 millones de euros, con oficinas municipales gestionando cerca de 114.000 trámites, además se observó una reducción media del 36% en comunicaciones pendientes. Datos proporcionados por el CGPJ indicaban una disminución del 30,9% en litigios civiles gracias a los Medios Adecuados para Solución Controversias (MASC).
No obstante, estas cifras optimistas corresponden a fases iniciales dentro de partidos judiciales menores. La última fase, activada el 1 de enero de 2026, con cerca de 100 tribunales ubicados en ciudades como Madrid o Barcelona, pone al descubierto fallos: sin recursos materiales ni planificación a medio plazo adecuada, la estructura competencial flaquea. El presidente del TSJ en Baleares, Carlos Gómez, solicitó oposiciones sostenidas durante la próxima década para aliviar cargas laborales; petición que Bolaños recogió parcialmente al insistir más bien en una “cultura del acuerdo” que en incrementar personal.
La oposición califica esta medida como disparatada. Mientras el Gobierno presume sobre digitalización –prometiendo trámites realizados rápidamente–, quienes están inmersos diariamente en este mundo judicial padecen un edificio construido sin plano sólido; así lo señala El Debate. Los jueces comarcales encargados del área Viogen obligan a las víctimas a realizar traslados o afrontar teleconferencias impersonales que erosionan su confianza hacia todo el sistema.
Consecuencias posibles: un servicio público bajo presión
El colapso amenaza con extenderse aún más. Si esta parálisis persiste, la pendencia judicial –que ya se encuentra en niveles críticos– podría dispararse todavía más; citaciones programadas para el año 2027 son precisamente lo que Bolaños solía criticar. En casos relacionados con violencia machista, el efecto disuasorio podría llevar a una disminución significativa en las denuncias; esto dejaría a agresores impunes mientras las víctimas quedarían desprotegidas: un retroceso evidente en la lucha contra esta forma de violencia. Los conflictos competenciales entre provincias darían lugar a recursos interminables que saturarían instancias superiores.
Funcionarios y abogados del turno de oficio enfrentan riesgo elevado de agotamiento profesional debido a la falta de dotación adecuada. Comunidades autónomas presionan por flexibilidad pese al acuerdo inicial alcanzado: lugares como Oviedo, Gijón y Avilés ven retrasos hasta el próximo 15 de febrero debido a ajustes técnicos necesarios para implementar cambios. El ahorro prometido estimado por Bolaños –de unos 300 millones durante diez años– palidece ante el coste humano real y ante cualquier menoscabo al Estado de derecho.
Bolaños sigue insistiendo en reformas pendientes como la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita prevista para principios del año 2026 o ampliaciones en las carreras judicial y fiscal mediante unas 2.500 incorporaciones proyectadas durante tres años. Pero sin abordar adecuadamente las deficiencias actuales del sistema judicial español corremos el riesgo real de un caos prolongado donde esa digitalización prometida se transforma simplemente en un espejismo.
Para finalizar con un toque humorístico: imaginen a jueces corriendo maratones entre secciones como si fueran protagonistas de una comedia, pero sin risas; solo expedientes amontonándose por doquier.
Curiosidades adicionales sobre este caso nos muestran cómo esta ley transforma alrededor de 3.800 juzgados unipersonales convirtiéndolos ahora en colegiados; además hubo unas 280 sesiones formativas impartidas, contando aproximadamente 15.000 participantes involucrados; mientras tanto observamos cómo Andalucía logró reducir las ejecuciones pendientes hasta un notable 69 % durante fases previas; Cataluña, por su parte, solo alcanzó una meritoria cifra cercana al 27 %. En Baleares pidieron oposiciones “pesadas” ante el ministerio, recordando siempre que estos TSJ son “pesados pero necesarios”. Los datos correspondientes al tercer trimestre reflejan cifras que sobrepasan las mencionadas anteriormente, donde se registraron cerca de 98.000 trámites gestionados en oficinas municipales, evidenciando que algo funciona, aunque sea lentamente.
