MADRID, 25 (OTR/PRESS)
Entre desmentidos, filtraciones, acusaciones varias y sobreseiminetos, el «caso Correa» llegaba ayer a ese punto crítico de no retorno y es posible que, tras los últimos sucesos, tuviera razón el editorial de «El Mundo»: o dimite Camps o dimite Rubalcaba, pero la situación es ya irrespirable, asfixiante y necesita de una explicación lo más rápida posible por el bien del sistema democrático.
Pero el esclarecimiento de lo sucedido no puede venir de las dos partes; es lógico que Rubalcaba diga que desde Interior no se ha ordenado nada y es lógico que Costa, secretario del PP en la Comunidad Valenciana, anuncie que denunciarán tanto al autor del documento policial que revela la posible financiacion irregular del partido de Rajoy en esa comunidad, como a la persona que lo ordenó. Las denuncias, además de anunciarlas, hay que ponerlas y firmarlas y dejar que sean los tribunales los que tengan la última palabra. Pero ya no hablamos de los famosos trajes -que siempre pareció cosa menor y dificilmente sostenible- sino de toda una trama que, presuntamente, podría haber financiado al PP de forma irregular, una segunda Filesa pero esta vez en el otro gran partido.
Quien firma y recopila los datos de esta posibilidad es nada menos que la Brigada de blanqueo de dinero de la Policia que, naturalmente, lo hace obedeciendo alguna orden o bien del poder judicial o bien de sus superiores en Interior. Pero lo que es un hecho es que el informe, con muchos nombres y muchos apellidos, está ahi y existe pese a que el TSJCV lo haya devuelto por entender que es ajeno al caso de los famosos trajes que es en lo único que ha entrado. Pero no vale.
Por muy ajeno que sea, una vez leído el informe policial en el que claramente se ven indicios de un posible delito, la fiscalia o el juez tendrían que haber iniciado los trámites de oficio junto o al margen de asunto de los trajes. Esa se supone que es su obligación lo mismo que se supone que si la policía elabora un informe de más de 80 folios es a petición de alguien con potestad para hacerlo y no por capricho de un agente que ese día le dio por ahí. Demasiadas preguntas y demasiados misterios para un estado de derecho.
No basta que Costa asegure que se trata de un «montaje instigado por el Ministerio del Interior» para que «el PSOE pueda ganar Valencia». Semejante aseveración es poner en duda al propio Gobierno y, lógicamente, lo mismo que el PP anuncia querellas, también las podría anunciar, o las anunciará, el ministerio del Interior al que se le acusa de juego sucio. Toda esta historia necesita una explicación y mejor antes que después porque bastantes problemas tenemos ya como para poner en duda a las instituciones. Es evidente que hay una guerra abierta entre el PP de Valencia y el ministerio del Interior y parece lógico que sea la Justicia quien quite o de razones.
