Lo que no logró el «procès» con sus urnas de cartón, lo ha conseguido ahora el «Tribunal Constitucional» con togas de terciopelo y votos bien contados: seis a cuatro. Así se liquida el Estado de Derecho. Con una mayoría mínima pero suficiente, los magistrados “progresistas” han decidido que saltarse la ley, dinamitar la unidad de España y desobedecer al «Tribunal Supremo» ya no es delito… si el Gobierno lo necesita para seguir en la Moncloa. La amnistía a los golpistas del 1-O, encabezados por el prófugo y golpista Carles Puigdemont, ha sido bendecida por el órgano que, en teoría, debería proteger la Constitución. Ironías de un mundo al revés y de una democracia «distópicas», «progresista» y «degenerada»: el Tribunal Constitucional ha dictado sentencia contra la propia Constitución. Ante tan magno disparate jurídico solo me queda exclamar aquella popular frase italiana –que se puso de moda en los 80 y 90 como muletilla mediática para captar la atención ante hechos sorprendentes pero ciertos– ¡Incredibile ma certo!.
¿Y qué han dicho esos seis sabios de la toga progresista? ¿Que el Parlamento puede perdonar cualquier cosa –incluso lo imperdonable– si es por una “mayoría política”?. ¿Que la unidad nacional, el principio de igualdad ante la ley o la separación de poderes pueden suspenderse si conviene al relato oficial del Gobierno? ¿Que el golpe del 2017 no fue un ataque al orden constitucional, sino un exceso patriótico que merece olvido, comprensión y, por supuesto, escaño en Bruselas…?
Los otros cuatro magistrados –esos que todavía conservan algo de dignidad y respeto por el texto constitucional– han dejado constancia de su total discrepancia. Pero en esta nueva España –en la distópica de Pedro Sánchez– la mayoría es la única verdad válida, aunque sea una mayoría artificial, construida con nombramientos afines, relevos estratégicos y una ideología que trata a la Constitución como papel reciclable.
Las consecuencias civiles y jurídicas de este disparate son demoledoras:
1. Deslegitimación del Estado de Derecho. ¿Qué credibilidad tiene ahora una ley penal si puede ser borrada con un pacto político? ¿Para qué sirve un juicio si la condena puede ser eliminada por decreto?
2. Colapso del principio de igualdad ante la ley. Un ciudadano que robe una bicicleta no será amnistiado, pero un político que declare la independencia de Cataluña, sí. El mensaje es claro: el delito se premia si sirve a la aritmética parlamentaria.
3. El Tribunal Supremo desacreditado. El Constitucional ha corregido al Supremo como si fuera un tribunal de barrio. La Sala Penal que condenó a Junqueras, Forcadell y compañía queda humillada. ¿De qué sirve que los jueces instruyan durante años, que dicten sentencias ejemplares, si luego llega un «tribunal politizado» y lo borra todo de un plumazo?
4. Los tribunales europeos se frotan los ojos. La justicia alemana, belga y francesa ya tenían dudas sobre la seriedad de nuestro Estado. Ahora, con esta amnistía validada por el propio Tribunal Constitucional, tienen la excusa perfecta para seguir protegiendo al prófugo Puigdemont. España ha quedado retratada como una democracia «cicatera» y «bananera», una justicia al servicio del Gobierno de turno.
5. Golpe a la cohesión territorial de España. El mensaje a cualquier comunidad autónoma es evidente: se puede desafiar al Estado, se puede declarar impunemente la independencia, se puede vulnerar el Estatuto, y, luego, se puede tambien negociar una amnistía a cambio de unos cuantos votos. El chantaje separatista no solo ha triunfado, sino que ha sido institucionalizado por ley.
6. Precedente jurídico funesto. Hoy es Cataluña; mañana puede ser el País Vasco, Galicia, Canarias o quien toque. Si el T. Constitucional dice que se puede perdonar cualquier cosa, ¿por qué no una rebelión militar, una insumisión fiscal o una ocupación territorial?
Y no, esta decisión del T. Constitucional no está por encima del Tribunal Supremo, aunque en la práctica lo sepulte. El Supremo es quien juzgó y condenó con plena competencia los delitos del «procès». El Constitucional no juzga, sino que interpreta la constitucionalidad de las normas. Pero cuando este tribunal se convierte en correa de transmisión del Ejecutivo, cuando actúa como salvavidas de un presidente cercado por la aritmética parlamentaria y por la corrupción, deja de ser árbitro para convertirse en un «peón» y «siervo» de siete miserables votos.
La amnistía es ya una realidad jurídica. Pero eso no la hace legítima ni justa. Es fruto de un indigno cambalache juridico y de un infame trueque entre impunidad y poder. Y lo más grave es que, ha contado con la bendición de quienes juraron otrora defender la Constitución. Ya no hace falta romper España desde fuera. Ahora basta con meter a seis magistrados «dóciles» en el Constitucional y dejar que la «implosión» ocurra desde dentro, con votos, con toga y con sonrisa institucional.¡Bienvenidos a la nueva España de Sánchez –el megalómano, el felón y el trilero– a esa España «amnésica», «amnistiada» y «arrodillada» frente a las hordas del independentismo y del separatismo catalán!
Pedro Manuel Hernández López es médico jubilado, Lcdo. en Periodismo y ex senador autonómico del PP por Murcia.
