Vaya por delante que, así, sin más, estoy en contra de eso que se llama acusación popular, que permite a organizaciones cuestionables personarse en sumarios polémicos, noticiosos o importantes. Ya vimos lo que ocurrió con ‘Manos Limpias’ en el ‘caso Noos’, donde ese ‘sindicato’ -comillas, por favor- se enfrentó a la Fiscalía. Como ahora ocurre en este episodio del juicio del ‘caso Gürtel’ en el que una sedicente ‘Asociación de Abogados Demócratas’ (ADADE) impuso su exigencia de que Mariano Rajoy declarase (como testigo) acerca de la existencia de una caja ‘B’ en la financiación del Partido Popular.
Ver a Rajoy en el banquillo, aunque sea meramente testificando, en relación con este pringoso caso, va a ofrecer una imagen muy pobre, según quién quiera ofrecerla, del presidente del Gobierno de España. Y, si le digo a usted la verdad, a mí, que siempre me ha interesado que el discurrir de la corrupción política en nuestro país quede muy, pero que muy claro, me preocupa este deterioro potencial, casi real, del jefe del Ejecutivo de la nación a la que quiero puntera, en cuanto a limpieza democrática, equidad y democracia, en el mundo.
No me consta, y más bien tengo la impresión contraria, que Rajoy se haya lucrado alguna vez de ganancias ilícitas en lo personal. No es su estilo, suponiendo que haya un estilo para estas cosas. Sí pienso, en cambio, que tanto Rajoy como cuantos le acompañaron en las responsabilidades pasadas del PP -y algunos sí que metieron directamente la mano- fueron algo negligentes a la hora de garantizar la pureza de la financiación del partido y de los ingresos de algunos de sus servidores, comenzando por quien fuera vicepresidente del Gobierno y muchas cosas más, Rodrigo Rato.
Toda la tramitación de los casos de corrupción por el PP -y por los demás partidos, que no quiero olvidarlo- ha sido algo cercano al desastre. Rajoy inicialmente no quería ni nombrar explícitamente a Bárcenas, como si con ello se conjurase la existencia de aquel a quien Podemos ha convertido en la ‘figura estrella’, peineta incluida, de su malhadado ‘tramabus’, donde el ex tesorero comparte injustamente honores protagónicos con gentes que mucho hicieron por el país, como Felipe González, Aznar y el propio Rajoy, con independencia de la simpatía o antipatía que cada uno de estos personajes despierte. Ahora, el presidente del Gobierno y del PP comienza a pagar esta negligencia, y más aún que lo pagará cuando se constituya, en virtud de los pactos suscritos con Ciudadanos, esa subcomisión parlamentaria encargada de ajustar cuentas con el pasado ‘irregular’ de algunos miembros del PP.
Tratar de involucrar a Rajoy directamente en estas irregularidades, siquiera sea llamándole como testigo en la vista oral, quizá sea demasiado. Pienso, y siempre lo he dicho, que el presidente del Gobierno es persona honrada, incapaz de enriquecerse personalmente con la gestión de lo público. Aunque también creo que le falta el rigor de un Montoro para perseguir a quien en este campo falla, la actitud inequívoca de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría para ni siquiera rozarse con los réprobos y la frase tajante de repulsa de varios de los vicesecretarios generales del PP.
Hace tiempo, sin ser yo precisamente un entusiasta del personaje, dije que España necesita ‘una pasada por Rajoy’. Un tiempo de estabilidad y calma chicha, aunque tal vez podría mostrarse el presidente un poco más reformista, que tampoco pasaría nada. Cargarse ahora a Rajoy nos lleva directamente al autobús averiado de la demagogia.
