Pablo Planas

«Operación Franco»: El relato separatista sobre la ‘guerra sucia’ del Estado

La Generalidad tensa la cuerda y acusa al Gobierno de discriminar a los catalanes y utilizar "las cloacas de Interior" contra el independentismo

"Operación Franco": El relato separatista sobre la 'guerra sucia' del Estado
Pablo Planas, periodista. PD

Hiperventilar es la consigna. La más leve reacción política o judicial en contra del proceso separatista es encajada y reciclada por el gobierno de los «catalibanes» como un atentado contra los derechos más elementales de los catalanes que muestra la raíz «totalitaria» de un Estado que no ha superado el «tardofranquismo».

Las comparaciones con el régimen franquista están a la orden del día y en boca de todos los dirigentes separatistas, así como «las cloacas del Estado» como concepto, «trending topic» en un ejecutivo caracterizado también por la gran afición de la mayoría de sus componentes a expresarse sin filtros en las redes sociales.

El control de gastos semanal anunciado el viernes por el Gobierno para impedir la malversación de fondos públicos en la organización del referéndum es por el momento el último «agravio» y nuevo ejemplo de lo que los separatistas llaman «Operación Cataluña», una vasta suma de maniobras que tanto abarcan las investigaciones judiciales sobre el 3% como la administración del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) pasando por las derivadas catalanas de las guerras de comisarios.

Las grabaciones de los encuentros de Jorge Fernández Díaz en su etapa como ministro de Interior con el que era director de la «Oficina Antifraude» de Cataluña, Daniel de Alfonso, son la base del documental «Las cloacas de Interior», elaborado por el empresario Jaume Roures, para reforzar el relato de una «Operación Cataluña» con oficina siniestra incluida.

La supuesta policía anticatalana de Interior es sólo una parte del cuadro, que también incluye al sistema judicial, por lo que tanto las sentencias del Tribunal Constitucional como las investigaciones sobre la financiación irregular de Convergencia estarían «contaminadas» por esta suerte de trama que según la retórica nacionalista practica una «guerra sucia» de la que no están exentos los medios de comunicación críticos con el proceso.

Denuncia en Europa

Tras la emisión del documental, en español, por TV3, la Generalidad ha decidido elaborar un informe y enlazar la pieza de Roures en un envío a los principales gobiernos europeos. El título del documento es: «El Ministerio de Interior de España ha utilizado a la Policía para denigrar a los dirigentes de los partidos independentistas catalanes y la oposición española».

En el texto, la Generalidad se escuda en la producción de Mediapro para asegurar que se intentaron «fabricar» historias contra los políticos nacionalistas para filtrarlas a la prensa. No comenta, sin embargo, el origen anónimo de la media docena de grabaciones que fueron filtradas al diario Público.

La consejería de «Exteriores», que es la que difunde el «Memorándum #38», señala que ni siquiera es casual la coincidencia de la emisión del filme en TV3 con la apertura del proceso en el Tribunal de Cuentas sobre las responsabilidades de Artur Mas en la malversación de los más de cinco millones de euros que costó el pasado referéndum del 9-N. Acusa al Estado de tener un «problema» con su «pasado autoritario» e insiste en que celebrará la consulta de autodeterminación del 1 de octubre.

Más franquismo y TC

La decisión del Gobierno de controlar los gastos de la Generalidad fuera de presupuesto no consta en este envío a las cancillerías, una humillación que ha sido encajada con rabia por Puigdemont a través de su twitter.

El presidente regional menta el rescate bancario (sin citar Catalunya Caixa), el expediente de la plataforma Castor, el de las autopistas radiales de Madrid y la misma «guerra sucia»/»Operación Cataluña» y se pregunta si el Estado devolverá el dinero de los «informes falsos».

El vicepresidente de la Generalidad y líder republicano Oriol Junqueras ha publicado un artículo en El Periódico en el que sostiene que además de las sentencias del TC contrarias a impuestos como el euro por receta o los depósitos bancarios, «el Gobierno del PP también ha decidido intervenir -de hecho estamos intervenidos desde el 2012 con el inicio del FLA- todavía un poco más la Generalitat que, en la práctica, significa añadir más dificultades a la gestión ordinaria de nuestros recursos.

El Gobierno del PP, el mismo que se ha fundido la hucha de las pensiones, actúa con criterios arbitrarios y contra la lógica económica y el sentido común, día sí día también».

Jordi Turull, el nuevo consejero de Presidencia y portavoz, ha declarado por su parte que «España se hundirá si colapsan económicamente a Cataluña» mientras que el titular de «Territorio y Sostenibilidad», Josep Rull, ha advertido que la medida del Gobierno «es pegarse un tiro en el pie porque el Estado es el principal acreedor de Cataluña». También ha calificado el control de «certificado de buena conducta como en los tiempos de Franco» y de que se trata de una medida que lejos de impedir el referéndum «afectará a todos los catalanes».

El frente separatista pinta un escenario apocalíptico a fin de tensar la situación y tratar de movilizar a sus bases para añadir más crispación a poco más de ocho semanas del hipotético referéndum del 1-O.

Cualquier material vale para la pira, ya sea una medida técnica, como la fiscalización del FLA, o que la Guardia Civil actúe en calidad de policía judicial en muchos de los casos de corrupción que carcomen a los viejos líderes de Convergencia reciclados en tuiteros del PDeCAT y «soldados» de la independencia, según la expresión de Marta Pascal, coordinadora general del partido, tras reciclar que en la purga de Mas y Puigdemont no ha caído ningún dirigente de ERC, igual que con las inhabilitaciones e imputaciones.

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