El aforamiento como blindaje político: el caso del presidente de la Diputación de Badajoz y la erosión del principio de igualdad ante la ley
CAROLUS AURELIUS CALIDUS UNIONIS
Artículo 14 de la Constitución Española de 1978 (reformado): Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social… pero, hay españoles que son «MÁS IGUALES QUE LOS DEMÁS»… SE LLAMAN POLÍTICOS AFORADOS.
En los últimos días, el nombre de Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación Provincial de Badajoz y jefe de los socialistas extremeños, ha irrumpido en el debate público como ejemplo paradigmático de una práctica jurídicamente posible, pero éticamente inadmisible: el aforamiento sobrevenido como maniobra de protección política. La secuencia de los hechos no admite ambages. Gallardo, investigado por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en la causa sobre el nombramiento de David Sánchez —hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez— ha sido súbitamente propuesto y designado diputado autonómico por el PSOE extremeño. Esta jugada lo convierte automáticamente en aforado y obliga a elevar la causa desde el juzgado de instrucción de Badajoz capital hasta la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, donde las posibilidades de que el acusado reciba trato de favor se multiplican, e incluso hasta puede llegarse al extremo de que se acabe archivando el caso…
La juez instructora del caso, Beatriz Biedma, ha señalado la existencia de indicios racionales suficientes para considerar que la plaza pública ocupada por David Sánchez fue creada ad hoc y a medida para él, sin publicidad ni concurrencia real, y con condiciones adaptadas expresamente a sus preferencias personales. Además, ha subrayado la especial cercanía, «amistad íntima» incluso, entre Gallardo y el hermano del presidente del gobierno de España, lo que añade una dimensión aún más preocupante al caso. Se trata, en palabras de la propia magistrada, de una «relación personal muy estrecha» con capacidad de influir decisivamente en el proceso de creación y adjudicación del puesto. La decisión, sin ser ilegal, supone una burla obscena al principio de igualdad ante la ley. Es un ejemplo manual de cómo una figura jurídica concebida para proteger el ejercicio institucional de altos cargos públicos frente a acosos o denuncias espurias ha degenerado en una herramienta de impunidad estratégica. Que un investigado, por supuestamente haber incurrido en delitos diversos, provoque ad hoc su aforamiento para sustraerse del juez natural predeterminado por la ley y colocar su causa bajo una jurisdicción más favorable es un acto que ofende no sólo la inteligencia, sino los principios más elementales del Estado de Derecho.
La operación fue ejecutada con un impecable cinismo político: apenas días después de conocerse el avance de la investigación judicial, Gallardo anunció que dejará su cargo en la Diputación para tomar posesión de un escaño en la Asamblea de Extremadura, lo que automáticamente lo convierte en aforado. Aunque ha asegurado que la decisión no guarda relación con el proceso judicial, lo cierto es que este movimiento lo sustrae de la jurisdicción ordinaria en el momento más comprometido. Se trata de un caso emblemático de aforamiento sobrevenido, cuya única finalidad es alterar el curso de una causa penal mediante una recalificación institucional del acusado.
El sistema de aforamientos en España constituye una anomalía jurídica que otorga privilegios procesales a determinados cargos públicos, dificultando el ejercicio pleno de la justicia y contribuyendo a la percepción de un doble rasero en el acceso a la tutela judicial efectiva.
Los aforamientos tienen su raíz en la Constitución española de 1978, en cuyo artículo 71 se establecen las condiciones para que determinados cargos públicos puedan ser juzgados exclusivamente por tribunales superiores, como el Tribunal Supremo. La intención original fue proteger a representantes políticos de posibles persecuciones arbitrarias, pero en la práctica este privilegio se ha convertido en un blindaje que fomenta la impunidad y el abuso de poder.
Los aforamientos alcanzan a miles de cargos electos, desde diputados y senadores hasta presidentes autonómicos, consejeros, magistrados y altos cargos del Estado, generando una clara desigualdad jurídica entre ciudadanos y políticos.
La doctrina constitucional y los órganos internacionales de derechos humanos han reiterado que los aforamientos deben interpretarse restrictivamente para no vulnerar principios básicos como la igualdad ante la ley y el derecho a un juicio imparcial y expedito. Sin embargo, la ausencia de reformas efectivas y la resistencia política han perpetuado esta anomalía… el simple hecho de que un cargo público en una posición relevante goce de aforamiento supone un obstáculo para la transparencia y la rendición de cuentas. La falta de mecanismos eficaces para limitar o revisar estos privilegios contribuye a la erosión de la confianza social en las instituciones y en la imparcialidad del sistema judicial.
Como denuncian juristas y analistas desde hace años, el aforamiento en España se ha convertido en un privilegio anacrónico que degrada la igualdad procesal. Con más de 250.000 personas aforadas —desde diputados nacionales hasta miembros de parlamentos autonómicos, pasando por jueces, fiscales y altos cargos—, España ostenta un récord europeo vergonzante. En países como Alemania, Italia o Francia, el aforamiento es limitado, excepcional y desaparece cuando cesa el cargo. Aquí, en cambio, se ha convertido en una trinchera legal para blindar a la clase política de la justicia ordinaria.
El artículo 71.3 de la Constitución Española establece que «en las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo», mientras que los Estatutos de Autonomía establecen mecanismos similares para los miembros de los parlamentos autonómicos, asignando su enjuiciamiento a los Tribunales Superiores de Justicia. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha reiterado en varias sentencias (STC 90/1985, STC 162/1999, entre otras) que los aforamientos deben interpretarse restrictivamente para evitar que colisionen con el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley (art. 24.2 CE), principio fundamental del debido proceso. El uso del aforamiento sobrevenido como estrategia para alterar la competencia judicial supone una perversión de ese principio.
El caso de Miguel Ángel Gallardo resulta especialmente escandaloso por su descaro. El movimiento procesal tiene lugar justo cuando la juez instructora avanza en las diligencias y estrecha el cerco sobre su presunta participación en el caso del “hermanísimo” del presidente del Gobierno. Al ser nombrado diputado autonómico, Gallardo se autoeleva jurídicamente y bloquea la actuación de la juez, que ya no puede seguir instruyendo la causa. La operación recuerda a otras ya vistas, como la del exministro José Blanco o la del expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez, que también utilizaron su condición de aforados para dilatar o entorpecer procesos judiciales.
La maniobra llevada a cabo por Miguel Ángel Gallardo tiene una única explicación: es una utilización burda del Derecho para fines espurios. No es lo mismo estar aforado desde el origen del cargo —como ocurre con el fiscal general del Estado o un presidente autonómico en ejercicio— que provocar el aforamiento justo en el momento procesal más comprometido. Es un acto de manipulación procesal y de deslealtad institucional que choca frontalmente con el artículo 14 de la Constitución, que consagra la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.
Esta instrumentalización del aforamiento resulta aún más grave cuando se produce para proteger a un allegado directo del presidente del Gobierno. La sensación de impunidad, de que el poder se considera por encima del Derecho, crece peligrosamente. Se trata de una concepción patrimonial del poder, donde las estructuras del Estado se subordinan a los intereses de partido o, incluso, de familia. No hay separación de poderes si el poder político puede manipular el proceso judicial mediante movimientos como éste.
Los socialistas, allá donde son investigados, parecen repetir un mismo patrón: negación, victimismo y utilización de todas las herramientas posibles para obstaculizar la acción de la justicia. El caso del presidente de la Diputación de Badajoz es ilustrativo de este modus operandi. No se trata de un simple escándalo local. Es una fotografía nítida del deterioro institucional en España y de la progresiva desaparición del principio de responsabilidad política.
Propuesta de reforma y referencias comparadas
Urge, por tanto, una reforma profunda del sistema de aforamientos en España. Es una de las asignaturas pendientes de nuestra democracia. Desde 2014, varios informes del Consejo de Estado y del CGPJ han sugerido limitar drásticamente los aforamientos y restringirlos a los casos en que exista una conexión funcional directa entre el cargo público y la causa penal. Nada se ha hecho. Los partidos —especialmente los mayoritarios— se benefician de este escudo y se resisten a renunciar a él.
En Alemania, sólo el presidente federal y algunos altos cargos gozan de inmunidad temporal, y esta puede levantarse fácilmente por el Parlamento. En el Reino Unido, no existe aforamiento alguno. En Francia, se limita a casos muy concretos y no impide la investigación judicial. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reiterado en varias sentencias, como en el caso «Kart c. Turquía» (2009), que el aforamiento no puede servir para generar desigualdad en el acceso a la justicia ni para proteger a los cargos públicos de investigaciones legítimas.
España, sin embargo, sigue instalada en una cultura política de privilegio, opacidad y blindaje institucional. La corrupción no sólo consiste en llevarse dinero público. También es corrupción manipular las reglas procesales para burlar la acción de la justicia. Es corrupción disfrazada de legalidad. Y es aún más corrosiva, porque mina la confianza ciudadana en el sistema y deslegitima a las instituciones democráticas.
Por otro lado, es imprescindible reformar el sistema de elección de los miembros del CGPJ para garantizar un sistema de nombramientos que elimine la influencia partidista y fortalezca la autonomía judicial, en línea con los estándares europeos.
El sistema de aforamientos, junto con la prolongada politización del órgano de gobierno de los jueces, constituye un factor clave en el deterioro del Estado de Derecho en España. El caso de Miguel Ángel Gallardo pone de manifiesto cómo estas instituciones pueden convertirse en herramientas para proteger a determinados intereses políticos y familiares, minando la igualdad ante la ley y la confianza ciudadana.
Una reforma profunda y valiente de estos mecanismos es indispensable para restaurar la justicia, la transparencia y la legitimidad del sistema democrático español.
Como escribió Montesquieu, «una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa». En este caso, una figura jurídica como el aforamiento, que en su origen pudo tener sentido, ha devenido en una herramienta para la injusticia. Mientras no se reforme a fondo, mientras los partidos sigan utilizándolo como refugio de sus corruptelas, será imposible hablar de igualdad real ante la ley.
Y, para terminar, permítanseme unas últimas reflexiones:
España es un Estado diseñado desde sus cimientos —la Constitución de 1978— para institucionalizar la corrupción y asegurar la impunidad de una casta mafiosa de políticos que parasitan, saquean y destruyen la nación sin ningún tipo de rubor. No nos engañemos: estos canallas no nos representan ni les importamos un bledo. Solo buscan perpetuar sus privilegios a costa de nuestra miseria, la ruina de nuestras instituciones y el hundimiento moral y económico del país.
¿Merecemos acaso estos gobernantes? ¿Hemos cometido algún pecado ancestral que justifique que esta jauría de criminales nos gobierne? No. El problema es que el sistema está corrupto hasta la médula, y los verdaderos culpables son los malnacidos que diseñaron este régimen oligárquico-caciquil y quienes lo sostienen con sus votos o miran para otro lado, como que no va con ellos, se ponen a silbar o hacen el «Don Tancredo».
Quienes diseñaron el régimen oligárquico-caciquil del que vengo hablando, tenían como único afán la maldad egoísta e irracional y la destrucción ajena. Ellos diseñaron la estructura corrupta que ampara y protege a los desalmados, una organización parasitaria que se camufla bajo la falsa apariencia de democracia para imponer el despotismo del latrocinio sistemático.
Bajo su mandato de medio siglo, el miedo y la desconfianza se han instalado en el alma colectiva de España y los españoles. La sociedad está paralizada, el talento huye, y la inmensa mayoría de los españoles se resigna a la tiranía de una casta política indigna, estúpida, y absolutamente inepta. Joaquín Costa ya lo advirtió hace más de un siglo: esta es la “postergación sistemática de los mejores” en favor de una mafia de mediocres, analfabetos y corruptos que han convertido España en un putrefacto nido de ladrones.
Y para colmo, el Estado autonómico —esa fábrica de chiringuitos para parásitos— es la joya de la corona de esta degeneración. Un sistema diseñado para que los delincuentes con cargos públicos dispongan a su antojo de los recursos públicos con absoluta impunidad, el aparato cultural, los medios y la educación, para seguir destruyendo cualquier posibilidad de regeneración.
¿Nos resignamos a soportar la perpetua corrupción, el nepotismo, la prevaricación, y el despilfarro? ¿A seguir tolerando que una élite extractiva parasitaria controle todas las instituciones, mientras los españoles honestos son exprimidos, vejados y olvidados? ¡NO!
La regeneración es urgente, inaplazable y radical:
- Recuperar el Estado unitario y desmantelar el Estado autonómico, esa fábrica de corrupción y caciquismo.
- Quitar el poder a los alcaldes y concejales corruptos que especulan con la recalificación de terrenos y convierten el mercado inmobiliario en un negocio para sus amigotes y testaferros.
- Suprimir subvenciones a partidos, sindicatos y asociaciones, porque solo alimentan a esta jauría parasitaria.
- Crear una única oficina pública de contratación para evitar el nepotismo y la arbitrariedad.
- Exigir transparencia total en lobbies y contratos públicos.
- Limitar el aforamiento a lo estrictamente imprescindible, eliminando la impunidad política.
- Implantar una Justicia independiente, rápida y eficaz que castigue con severidad a corruptos sin posibilidad de indultos.
- Aprobar urgentemente una Ley de protección a denunciantes para que ningún ciudadano tenga miedo a denunciar la corrupción.
Pero el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez, apoyado por separatistas y terroristas, ignora olímpicamente estas urgencias. Prefieren mantener este sistema podrido que protege a sus mafias y caciques antes que defender a los españoles.
España no está condenada a esta degeneración infinita. Tiene remedio, pero solo si se realiza una “cirugía de hierro”, una intervención quirúrgica que arranque de raíz a los parásitos que han convertido la política española en un espectáculo grotesco de vileza, mediocridad y corrupción.
No se trata de una cuestión política menor: se trata de salvar la dignidad de una nación que merece algo mejor que esta caterva de hijos de la gran puta, estúpidos y malvados, que la desgobiernan y destruyen desde hace demasiado tiempo…
