Tiene que estar que echa las muelas.
Y no es para menos después de conocerse que Pedro Sánchez y el PSOE le dejaron en la estacada tras conocerse su ingreso en la madrileña prisión de Soto del Real.
Santos Cerdán ha dicho basta y sus abogados están removiendo Roma con Santiago para poder sacarle de la cárcel.
Por lo pronto, tal y como cuenta ‘ABC’, el exsecretario de Organización del PSOE ha presentando un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para evitar seguir en prisión provisional.
La defensa del político navarro sostiene que se han vulnerado derechos fundamentales como la libertad y la integridad moral, en un caso que amenaza con abrir grietas profundas en la estructura socialista y en el propio Gobierno.
La noticia no solo ha caído como un jarro de agua fría en la sede de la calle Ferraz, sino que ha generado reacciones en cadena dentro y fuera del partido.
El caso Cerdán: antecedentes y detonantes
El 30 de junio de 2025, la entrada de Santos Cerdán en la cárcel de Soto del Real marcó un hito en la historia reciente del socialismo español. El Tribunal Supremo decretó prisión provisional sin fianza para quien fue el número tres del partido, por su presunta implicación en la llamada ‘trama Koldo’, vinculada a la adjudicación irregular de contratos públicos durante la etapa de José Luis Ábalos como ministro de Transportes.
El magistrado instructor, Leopoldo Puente, justificó la medida por el riesgo de destrucción de pruebas, apoyándose en un “conjunto de indicios verdaderamente extraordinario” que situaban a Cerdán como líder de una organización criminal.
La defensa, sin embargo, considera que la argumentación judicial es insuficiente y genérica. El equipo legal de Cerdán denuncia que la prisión provisional se está utilizando para presionar al ex dirigente a autoinculparse y que incluso se han intentado monitorizar sus comunicaciones con sus abogados, un extremo que Prisiones terminó desestimando ante la falta de respaldo judicial.
El Tribunal Supremo, por su parte, ha prorrogado la investigación del caso otros seis meses debido al «significativo volumen de material intervenido», lo que anticipa un proceso largo y complejo, con posibilidad de nuevas prórrogas.
