(PD).- La ministra de Igualdad ha señalado que las jóvenes de entre 16 y 18 años podrán abortar sin el permiso de sus padres «como en cualquier otra prestación sanitaria», ya que su nueva ley se realizará dentro del ámbito sanitario donde «la mayoría de edad está en los 16 años». [VEA EL VÍDEO]
Según explicó la titular de Igualdad en declaraciones a TVE, , la aprobación del anteproyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) aporta «coherencia jurídica» dado que se unifica la edad para la toma decisiones en el ámbito sanitario.
De hecho, «será el mismo procedimiento que para realizar una operación a corazón abierto o de cirugía estética», destacó. «Es cierto que no se puede comprar tabaco o entrar en una discoteca hasta los 18 años, pero sí se pueden tomar todas las decisiones en el ámbito sanitario y el aborto, la interrupción voluntaria del embarazo, va a ser una prestación sanitaria más», aseguró.
Además, Aído se mostró confiada de que «si en un hogar hay un ambiente de confianza, de relaciones basadas en el respeto mutuo a la hora de tomar una decisión como ésta, no tengo dudas de que la hija consultará a su padre sobre una cuestión así». En cualquier caso, «desde el Gobierno no podemos entrar en su casa y decirle a una hija lo que tiene que contar a sus padres, sólo faltaría», lamentó.
No obstante, Aído no descartó una modificación de este aspecto de la nueva norma en su tramitación parlamentaria dejándolo todo en manos de «la sensibilidad» de los grupos, aunque afirmó que para algunos grupos de izquierda es «innegociable». Sin embargo, a su juicio, quizá el debate que debiera abrirse es el de la mayoría de edad en España, ya que «hay mucha dispersión acerca de las decisiones que pueden tomar las personas en función de qué edades», advirtió la ministra de Igualdad.
En cuanto a la despenalización del aborto, Aído insistió en que todos los organismos internacionales recomiendan suprimir las penas privativas de libertad en las mujeres, aunque «no por ello van a quedar impunes estos casos». De hecho, aseguró que «el Gobierno va a perseguir los abortos ilegales» aunque las penas recaen sobre los profesionales, que tienen prisión e inhabilitación, por lo que confía en que «ninguno se atreverá a realizar una interrupción voluntaria del embarazo fuera de los supuestos legales que marca la ley».
