Es una interpretación un tanto subjetiva porque el texto constitucional no habla de la escuela pública sino de garantizar el derecho de los padres a educar a sus hijos en su fe religiosa
Musulmanes, judíos y evangélicos han valorado que el Gobierno se haya pronunciado a favor de la enseñanza religiosa en la escuela pública a través de una respuesta parlamentaria en la que advierte de que si en una escuela pública no se ofertara la enseñanza de las distintas religiones, o se ofertara fuera del horario escolar, se vulneraría un derecho fundamental recogido en el artículo 27.3 de la Constitución española.
En declaraciones a Europa Press, la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) se ha mostrado «de acuerdo» con esta respuesta del Ejecutivo «siempre y cuando el alumno tenga la opción de elegir si recibir la clase de religión de acuerdo a su propia religión».
Por su parte, la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE) ha aplaudido la, a su juicio, «rotunda y clara» respuesta del Gobierno aunque ha alentado a plasmar este derecho en la práctica, para conseguir que sea efectivo el cumplimento de los derechos de los hijos en edad escolar a una enseñanza religiosa, «al igual que sus compañeros».
Así, la UCIDE «apoya y reitera, consecuente al orden constitucional y legal español, la obligatoriedad de ofertar enseñanza de religión católica, evangélica, islámica y judía por los centros educativos públicos».
Además, ha apuntado que procederá a recabar la información necesaria sobre la demanda de la enseñanza religiosa islámica en centros educativos públicos de las distintas administraciones, de las que espera «la debida cooperación».
Por otro lado, el responsable de Comunicación de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), Jorge Fernández, ha indicado que comparten que «el hecho religioso tiene que estar presente en la formación integral de las personas» y les parece bien que el Ejecutivo lo defienda, aunque consideran que el argumento «quizá no sea el más preciso».
«Es una interpretación un tanto subjetiva porque el texto constitucional no habla de la escuela pública sino de garantizar el derecho de los padres a educar a sus hijos en su fe religiosa», ha matizado.
Además, ha apuntado que para que se garantizara totalmente ese derecho «deberían enseñarse todas las confesiones religiosas y eso no es así» y ha añadido que «si realmente fuera un mandato constitucional tendría que aplicarse a todas».
El Gobierno recuerda en su respuesta parlamentaria que para dar cumplimiento a este principio, en la Ley Orgánica de Educación de 2006 se establece que la enseñanza de la religión católica se ajustará a lo establecido en el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito entre la Santa Sede y el Estado español.
Es más, puntualiza que la enseñanza de otras religiones se ajustará a lo dispuesto en los acuerdos de cooperación celebrados por el Estado español con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Judías de España, la Comisión Islámica de España y, en su caso, a los que en el futuro puedan suscribirse con otras confesiones religiosas.
(Rd/Ep)
