l arzobispo de Granada ha suspendido a divinis a tres sacerdotes -los directamente acusados de los abusos-, pero ha colocado en su lugar a otros tres sacerdotes implicados
(Jesús Bastante).- El Arzobispado de Granada ha tenido que admitir la información adelantada en exclusiva por RD, en la que se aseguraba que el Papa Francisco había forzado a que se iniciara una investigación por abusos en esta diócesis.
En una nota oficial, publicada en su página web, la diócesis dirigida por Javier Martínez reconoce que «desde el momento en que se tuvo noticia fehaciente de la acusación presentada ante la Santa Sede por un joven de Granada, de haber sufrido abusos sexuales por parte de un grupo de sacerdotes de la diócesis, este arzobispado ha seguido escrupulosamente el procedimiento previsto para estos casos por la disciplina canónica».
Según la nota, primero se quiso «verificar si la mencionada acusación tenía verosimilitud«. Tras señalar que la investigación policial «no tiene aún carácter judicial», la diócesis indica que «impuso las medidas cautelares a los sacerdotes directamente acusados de los abusos, retirándolos del ejercicio del ministerio sacerdotal«.
Lamentablemente, la nota se ciñe única y exclusivamente a los sacerdotes «directamente acusados de los abusos», y no a sus supuestos encubridores, que continúan ejerciendo con total impunidad, según ha confirmado esta investigación, pese a que la denuncia -y la investigación policial- cita con nombres, apellidos y funciones a una docena de personas.
«Igualmente remitió las conclusiones de la investigación a la Santa Sede», continúa la nota, que añade que «dado que el denunciante es hoy persona mayor de edad, y que por tanto sólo él tenía capacidad para formular denuncia judicial, una vez se supo que ésta había sido interpuesta, el arzobispado se puso a disposición de la autoridad judicial para colaborar en lo que fuese necesario, lo que ha venido haciendo hasta el momento». Esta colaboración no es plena, según han confirmado a este diario fuentes cercanas a la investigación, a la víctima, y a la propia Santa Sede.
De hecho, el propio Nuncio de Su Santidad en España, Renzo Fratini, advirtió a este cronista durante la inauguración de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal -que tiene lugar este lunes y a la que no asiste el arzobispo de Granada al encontrarse en el funeral de monseñor Azagra- que «la diócesis está haciendo lo que se puede hacer«, aunque no quiso contestar a la pregunta de si ello incluía también a los otros sacerdotes y laicos implicados como encubridores y facilitadores de la trama de abusos, que afectó al menos a otras cuatro víctimas durante toda una década de abusos continuados.
«El arzobispado -concluye la nota del Arzobispado-, al igual que la multitud de fieles cristianos, es consciente de que la inmensa mayoría de los sacerdotes vive ejemplarmente el ejercicio de su ministerio, y dan un precioso testimonio, a veces heroico, de entrega a Dios y a los hermanos. Al cuerpo entero de la Iglesia le hieren y le duelen inmensamente que se puedan producir escándalos de esta naturaleza, cuya certeza y alcance tendrá que determinar finalmente la autoridad judicial en la investigación abierta«.
«En el tratamiento de este caso, la diócesis ha seguido estrictamente los principios de la disciplina de la Iglesia, que son los siguientes:
1. Tolerancia cero con los abusos y con quienes los cometen.
2. Ayuda a las presuntas víctimas y, una vez probados los hechos, a las víctimas si las hay.
3. Cooperación con las autoridades en el establecimiento de la verdad y la justicia, de forma que estas conductas aberrantes, que la Iglesia rechaza y condena, puedan evitarse y erradicarse», finaliza el texto, que no cita que esa «tolerancia cero» también afecta, según la Santa Sede, a los encubridores.
Entretanto, los obispos españoles se debaten entre la tensión, la preocupación y la necesidad de «hablar del tema». «Javier hoy no está, se encuentra en el funeral de monseñor Azagra, y no llegará hasta mañana, pero habrá que tocar el asunto, está claro», afirmó a RD un obispo antes de la inauguración de la Asamblea Plenaria.
«Hay que estar a lo que dice el Papa», admitió un miembro del Comité Ejecutivo al ser preguntado si se pedirían explicaciones al arzobispo de Granada, Javier Martínez, ante la noticia adelantada ayer por RD. En declaraciones a los medios, el presidente del Episopado, Ricardo Blázquez, reiteró la voluntad de la Iglesia por atajar este mal y se remitió a la nota del Arzobispado, que todos los obispos llevaban en un papel, pero que aseguró no leer. «Estamos dispuestos a colaborar en todo, en la línea del Papa», aseguó.
¿Está haciendo todo lo que está en su mano el prelado? Las informaciones resultan, cuando menos, preocupantes, toda vez que, según la investigación, Martínez ha tomado medidas respecto a tres de los sacerdotes implicados, pero no al resto, que sí se encuentran investigados, con conocimiento del propio arzobispo.
La situación es especialmente indignante en el entorno de la víctima, que asegura que «don Javier conoce perfectamente que hay otros implicados, con nombres y apellidos«. La actuación es tan grave que, como quedará demostrado cuando se haga pública la investigación que en estos momentos lleva a cabo el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada, el arzobispo de Granada ha suspendido a divinis a tres sacerdotes -los directamente acusados de los abusos-, pero ha colocado en su lugar a otros tres sacerdotes implicados.
Se espera que, este martes, una vez reincorporado a los trabajos de la Plenaria, Javier Martínez dé las explicaciones que pueda a los obispos españoles.
Esta es la nota del Arzobispado de Granada
Desde el momento en que se tuvo noticia fehaciente de la acusación presentada ante la Santa Sede por un joven de Granada, de haber sufrido abusos sexuales por parte de un grupo de sacerdotes de la diócesis, este arzobispado ha seguido escrupulosamente el procedimiento previsto para estos casos por la disciplina canónica, que está a disposición de todos en la Home Page de la página web de la propia Santa Sede.
De acuerdo con esa praxis, se han seguido los trámites establecidos en la misma para verificar si la mencionada acusación tenía verosimilitud. Apenas llevada a cabo esa investigación preliminar, que no tiene aún carácter judicial, este arzobispado impuso las medidas cautelares a los sacerdotes directamente acusados de los abusos, retirándolos del ejercicio del ministerio sacerdotal.
Igualmente remitió las conclusiones de la investigación a la Santa Sede. Al mismo tiempo, y dado que el denunciante es hoy persona mayor de edad, y que por tanto sólo él tenía capacidad para formular denuncia judicial, una vez se supo que ésta había sido interpuesta, el arzobispado se puso a disposición de la autoridad judicial para colaborar en lo que fuese necesario, lo que ha venido haciendo hasta el momento.
El arzobispado, al igual que la multitud de fieles cristianos, es consciente de que la inmensa mayoría de los sacerdotes vive ejemplarmente el ejercicio de su ministerio, y dan un precioso testimonio, a veces heroico, de entrega a Dios y a los hermanos. Al cuerpo entero de la Iglesia le hieren y le duelen inmensamente que se puedan producir escándalos de esta naturaleza, cuya certeza y alcance tendrá que determinar finalmente la autoridad judicial en la investigación abierta.
En el tratamiento de este caso, la diócesis ha seguido estrictamente los principios de la disciplina de la Iglesia, que son los siguientes:
1. Tolerancia cero con los abusos y con quienes los cometen.
2. Ayuda a las presuntas víctimas y, una vez probados los hechos, a las víctimas si las hay.
3. Cooperación con las autoridades en el establecimiento de la verdad y la justicia, de forma que estas conductas aberrantes, que la Iglesia rechaza y condena, puedan evitarse y erradicarse.
