Las operaciones humanitarias se ven obstruidas por intimidación, secuestros, agresiones...
(Fides).- «Un conflicto por el poder de una élite que se ha convertido en una guerra civil de múltiples caras y en una amenaza para la paz y la seguridad de la región». Son las palabras del informe del Grupo de Expertos de la ONU sobre Sudán del Sur, publicado el 21 de agosto, al describir la guerra civil que estalló en diciembre de 2013, y que ha devastado Sudán del Sur. Hoy 26 de agosto, se espera la firma del tratado de paz por parte del presidente Salva Kiir. Su rival, Riek Machar, ya lo firmó la semana pasada.
La lucha en la cúpula del SPLA (Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés) entre el presidente Salva Kiir y el ex vicepresidente Riek Machar, ha provocado una serie de conflictos a gran escala y entre las etnias. Los estados más afectados son los de Upper Nile, Unity y Jonglei seguidos por los de Northern Bahr El Ghazal y Western Bahr El Ghazal, hasta afectar los de Warrap y Lakes, donde se han intensificado los enfrentamientos entre las tribus.
La situación humanitaria ha empeorado desde principios del 2015. «El número de personas que se enfrentan a una gran inseguridad alimenticia se ha casi doblado desde que comenzó el 2015 alcanzando a 4,6 millones de personas, incluidos 250.000 niños que están muy desnutridos, el número más alto desde el inicio de la guerra» se lee en el informe.
El documento denuncia que «desde el comienzo de la ofensiva en Upper Nile, en abril de 2015, se observó un intensificarse de la violencia contra la población civil en una escala nunca antes vista, en lo que ya era un conflicto muy violento».
En el estado de Unity alrededor de 750.000 personas se han visto afectadas por la reciente campaña militar y al menos 138.000 personas que recibían asistencia humanitaria antes del estallido de la violencia ahora no pueden recibirla debido a la inseguridad.
Los expertos de la ONU también denuncian la obstrucción a las operaciones humanitarias y de mantenimiento de la paz internacional, debido a la intimidación, secuestros, agresiones y amenazas contra el personal humanitario y a los robos de la cargas de los convoyes de ayuda por parte de los contendientes.
El documento señala, por último, varias violaciones al embargo de armas decidido por el Consejo de Seguridad de la ONU contra Sudán del Sur por parte de actores públicos y privados.
