Hoy hablamos de uno de los movimientos más inquietantes —y más graves— del Gobierno en materia económica: la creación de una estructura paralela dentro del INE para “recalcular” el PIB… justo después de haber cesado a 16 directivos del Instituto Nacional de Estadística.
El Ejecutivo ha montado un aparato interno para controlar las estadísticas macroeconómicas, con cinco nuevos altos cargos creados ex profeso. Uno ya ha sido nombrado. Los otros cuatro están en camino.
¿La excusa? “Reorganizar”. ¿La realidad? Intervenir directamente en los datos con los que se evalúa la economía española.
Recordemos que el INE es la institución que debe ofrecer datos técnicos, profesionales, independientes. Pero ahora, mientras la credibilidad de las estadísticas públicas ya está bajo sospecha, el Gobierno decide meterse literalmente en el cuarto de máquinas. No estamos hablando de un cambio administrativo menor.
Estamos hablando de quién decide cuánto crece España, cuál es nuestro déficit real, cómo evoluciona el PIB, o qué datos se reportan a Bruselas.
“¿Sabes quién decide cuánto vale nuestro PIB? Pues ahora ya no lo hará el INE… sino el Gobierno directamente.”
La politización del INE no es solo un riesgo técnico. Es un riesgo democrático. Si el Gobierno controla los datos… controla el relato. Y si controla el relato… controla la realidad económica que perciben los ciudadanos. Un movimiento que merece toda la atención pública, porque nunca había ocurrido algo así en democracia.
