Apenas han pasado tres semanas desde que se hizo obligatoria la baliza V16 conectada en los vehículos españoles, dejando atrás los tradicionales triángulos de emergencia.
Sin embargo, el mercado sigue repleto de dispositivos fraudulentos que pretenden estar homologados por la Dirección General de Tráfico, pero carecen de la conectividad necesaria.
Lo más alarmante no es solo que estos productos sigan disponibles para la compra, sino que ni la DGT ni el Ministerio de Consumo han emitido una alerta pública para advertir a los conductores sobre esta estafa masiva, denunciada durante meses sin respuesta oficial.
La organización Facua-Consumidores en Acción ha encontrado balizas falsas a la venta por apenas 6 euros, utilizando reclamos engañosos como «aprobada por la DGT con geolocalizador» o mostrando el logotipo oficial del organismo. Estos dispositivos no figuran en el listado de más de 200 modelos certificados que publica la DGT en su sitio web, lo que convierte su comercialización en un fraude directo hacia los consumidores.
La situación es especialmente crítica, ya que muchos conductores han adquirido estas balizas convencidos de que cumplían con la normativa vigente desde el 1 de enero de 2026.
Un silencio administrativo incomprensible
Resulta desconcertante observar la inacción de las autoridades competentes. Facua alertó sobre las primeras balizas fraudulentas hace casi un mes, informando tanto a la DGT como al Ministerio de Consumo sobre su venta en plataformas como AliExpress, Amazon y Leroy Merlin. A pesar de estas denuncias formales, ninguno de estos organismos ha emitido una comunicación pública para advertir a los conductores sobre el riesgo al que se enfrentan. Tampoco han notificado a los comercios online ni han iniciado procesos sancionadores contra quienes fabrican y venden estos dispositivos engañosos.
La DGT ha defendido su postura argumentando que recomendó a los conductores consultar su página web para asegurarse de que la baliza estuviera conectada al sistema antes de realizar la compra. Sin embargo, esta respuesta resulta insuficiente cuando el propio organismo ha permitido la venta de dispositivos con el sello «homologada por la DGT» sin aclarar en su etiquetado y publicidad que carecen de conectividad y no serán válidos a partir de enero de 2026. El verdadero problema es que tanto fabricantes como vendedores están infringiendo el Real Decreto 1030/2022, que estableció un periodo transitorio entre balizas no conectadas y conectadas, exigiendo garantizar «la máxima transparencia, información y protección al consumidor».
Precios que delatan el fraude
La diferencia en precios se erige como uno de los indicadores más evidentes del fraude. Las balizas homologadas y conectadas a la DGT 3.0 tienen un precio que oscila entre 30 y 60 euros, dependiendo del modelo y marca. En contraposición, las falsas se ofrecen por poco más de 6 euros, un precio alarmante que debería haber encendido todas las alarmas en las autoridades competentes. Esta disparidad no es casual: los fabricantes de balizas no conectadas están intentando liquidar su stock antes del pleno cumplimiento normativo, empleando mensajes engañosos para confundir a los compradores respecto a las verdaderas características del producto.
Correos ha puesto a disposición de los conductores balizas V16 homologadas y geolocalizables en sus 2.380 oficinas postales repartidas por toda España, así como mediante sus carteros rurales y su plataforma online Correos Market. Estos dispositivos cumplen con todos los requisitos exigidos y representan una opción segura para aquellos consumidores interesados en adquirir un producto certificado. Sin embargo, esta alternativa oficial no ha logrado frenar la venta continua de balizas fraudulentas en diversas plataformas comerciales.
Derechos de los consumidores estafados
Facua ha señalado que los consumidores que hayan adquirido una baliza sin certificación oficial de la DGT pueden reclamar la devolución del importe al establecimiento si su publicidad o embalaje indujo a creer en una homologación real. Además, si un conductor recibe una multa por utilizar un dispositivo no reglamentario, tiene derecho a exigir compensación por daños equivalentes al importe sancionador, actualmente fijado en 80 euros por infracción leve.
La asociación también aconseja a los afectados presentar denuncias ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, instando a abrir procedimientos sancionadores contra fabricantes y vendedores responsables. Sin embargo, hasta ahora parece evidente que estas denuncias no están siendo atendidas con la celeridad necesaria ante una situación tan preocupante.
La confusión persiste en el mercado
Aunque Facua ha confirmado que algunos modelos fraudulentos denunciados en diciembre han dejado de estar disponibles en ciertas plataformas, se desconoce si el Ministerio de Consumo se ha dirigido directamente a establecimientos o si realmente está tramitando expedientes sancionadores. Esta falta de claridad pone en evidencia una preocupante carencia de transparencia por parte de las autoridades, especialmente cuando lo urgente sería actuar ante un fraude tan extendido.
Los conductores interesados en adquirir una baliza V16 válida deben asegurarse siempre de que el dispositivo figure en el listado oficial disponible en la página web de la DGT. Tanto el envase como el propio dispositivo deben mostrar un número de certificación coincidente con los modelos autorizados. Solo así se puede garantizar que cumplen con el Reglamento General de Vehículos y evitar sorpresas desagradables relacionadas con sanciones.
Esta situación revela una brecha alarmante entre lo legislado y su aplicación real. Mientras los conductores españoles intentan adaptarse a esta nueva obligación legal, las autoridades responsables parecen permanecer inactivas ante un panorama donde el fraude campa a sus anchas sin consecuencias visibles para sus autores.
