RECLAMA 1600 MILLONES EN SOBRECOSTES

Sacyr suspenderá la ampliación del Canal de Panamá porque no llega el dinero

El Grupo Unidos por el Canal (GUPC) se adjudicó del proyecto de ampliación por un valor total de 5.250 millones de dólares

El consorcio dice que tomó la decisión de anunciar la suspensión de las obras "ante la falta de respuesta por parte de la ACP

El Grupo Unidos por el Canal (GUPC), el consorcio encargado de la ampliación del Canal de Panamá liderado por la española Sacyr, ha anunciado que suspenderá las obras debido a los «problemas financieros» que afectan al proyecto y que reflejan sobrecostes de 1.600 millones de dólares.

El grupo, que además de Sacyr integran la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña CUSA, se adjudicó del proyecto de ampliación por un valor total de 5.250 millones de dólares, de los cuales 3.118 millones corresponde al contrato para la construcción de las nuevas esclusas.

Según sus propios datos el proyecto de ampliación en su conjunto registra un avance del 70,7%, mientras que el de la construcción de los nuevos complejos de esclusas alcanza un 64%.

«Grupo Unidos por el Canal (GUPC) ha enviado a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) la nota de preaviso de suspensión de los trabajos, de acuerdo a la subcláusula 16.1 de las condiciones del contrato para la construcción del tercer juego de esclusas».

Con el preaviso, «la ACP tiene 21 un días para cumplir con los requerimientos solicitados» por el consorcio, unos «1.600 millones de dólares» en demandas económicas, tiempo durante el cual «los trabajos continuarán con normalidad», indica la amplia misiva del GUPC.

 

FALTA DE RESPUESTA

El consorcio dice que tomó la decisión de anunciar la suspensión de las obras «ante la falta de respuesta por parte de la ACP y del seguimiento de las conversaciones iniciadas» sobre las peticiones económicas.

 «ACP está al tanto de los intentos repetidos del contratista de reunirse al más alto nivel con la intención de discutir de una manera justa y apropiada una solución, bajo la ley panameña, de los grandes problemas financieros que están afectando el proyecto».

También dice «que, a pesar de haber llegado a acuerdos entre ambas partes, el Administrador (de la ACP, Jorge Quijano) ha decidido no honrar dichos acuerdos», indica el consorcio GUPC.

«Por todo ello, GUPC reitera que no puede continuar una obra en la que se proyecta 1.600 millones de dólares en sobrecostes, que son responsabilidad del empleador, siempre bajo el contrato y las Leyes Panameñas, y a pesar de que GUPC ha remitido diferentes propuesta específicas ACP ha rehusado discutirlas hasta la fecha».

El consorcio ha presentado a lo largo del tiempo varias exigencias económicas, una de ellas en 2012 por 585 millones de dólares, según datos de la ACP. Las peticiones señalan que el retraso que sufrió la obra fue debido al rechazo reiterado por parte de los técnicos del Canal de la mezcla de cemento para las esclusas, lo que generó mayores costos.

Esa reclamación fue rechazada por la ACP, por lo que el consorcio apeló a la Junta de Resolución de Conflictos (DAB) prevista en el contrato para dirimir el asunto en segunda instancia y quedo como última posibilidad, si las partes no llegan a un acuerdo, un arbitraje internacional.

SE HA QUEDADO PEQUEÑO

El Canal de Panamá fue diseñado para barcos de 267 metros de eslora y 28 metros de manga, unas dimensiones que se han quedado pequeñas para las nuevas embarcaciones haciendo necesaria su ampliación a través de la construcción de un tercer juego de esclusas de 427 metros de largo y 55 metros de ancho, un 40% más largas y un 64% más anchas que las actuales.

La vía, que une a los océanos Atlántico y Pacífico y considerada una de las más grandes obras de ingeniería del mundo, fue inaugurada en 1914 por Estados Unidos, que la construyó y administró hasta el 31 de diciembre de 1999, cuando la entregó a Panamá.

Cumplir con los requerimientos del consorcio, afirma este, «supondría la alternativa con menor coste y menor tiempo posible de ejecución» de las obras de ampliación, que iniciaron en 2007 y se prevé que estén listas en junio de 2015, nueve meses después de lo estipulado en el contrato.

Para Sacyr, la obra del Canal de Panamá supuso un espaldarazo definitivo en el exterior, donde cuenta ya con una importante parte de su cartera de trabajo.

En diciembre pasado, la española presentó a la ACP otra reclamación, por valor de 850 millones de dólares según informó a la prensa local Quijano, quien entonces dijo que, dada la complejidad del mismo «tomará bastante tiempo resolverlo».

El consorcio, en el comunicado difundido este 1 de enero de 2014, indica:

  «Quijano ha fallado en el cumplimiento de sus obligaciones recogidas en el contrato, como la inexactitud de la información proporcionada al consorcio para ejecutar el proyecto, reconocida por la propia Administración».

«GUPC entiende que el Administrador ha incumplido las propias normas y regulaciones establecidas por la ACP en el propio contrato (…) ha fallado en mantener y restaurar el equilibrio financiero con GUPC por los eventos imprevistos que se han presentado en la obra».

La administración de Quijano es acusada por el consorcio de hacer supuestamente «todo lo que está en su poder para evitar la resolución de las diferentes disputas y reclamos».

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