Nadie es capaz de predecir el futuro. Ni siquiera Rodríguez Zapatero, quien hace un año vaticinaba que «ésta será la legislatura del pleno empleo» y ya ha destruido millón y medio de puestos de trabajo.
Tampoco Paco Camps, y no ya por su tan traída y llevada imputación en el caso Gürtel, sino porque el hombre también pronosticaba la desaparición del paro en la Comunidad Valenciana y, en cambio, el desempleo crece más rápidamente que en el resto de España: a un ritmo casi el doble en el pasado mes de abril.
Ya ven cómo estamos. Cada nueva previsión y cada dato actualizado son peores que los anteriores. El PIB español se ha hundido un 2,9 por ciento en el primer trimestre del año y se teme que, como mínimo, descienda un 3,5 por ciento a finales de 2009.
No es un consuelo, sino todo lo contrario, el que en los demás países también cuezan habas: Francia, Alemania, Italia… Eso sólo demuestra la magnitud de la crisis, la metástasis de la recesión económica y lo delicado y complejo de su reversión. La solución, por otra parte, no está en mirar hacia atrás, a aquel comunismo de miseria encarnado en décadas de dictadura en los países del este de Europa, como preconizan Magda Sanz y sus camaradas.
El remedio tampoco se logra dedicándose todos los países a establecer barreras proteccionistas, en un ejercicio de autocracia económica, tan al gusto del ministro Miguel Sebastián, el propagandista del «compre productos españoles«, ni manteniendo artificialmente sectores tradicionales de baja productividad. Se trata, dentro de las reglas del imperfecto sistema capitalista, de «cambiar el modelo productivo«, como enunciaba Rodríguez Zapatero en el Debate del Estado de la Nación. Pero, ¿pretende de verdad cambiar el modelo?
Me temo que no. Cito para ello a Santiago Niño, economista autor de El Crash del 2010, y que ya anticipó hace tres años la crisis que nos venía encima. Según él, «el mundo ha estado demasiados años malbaratando recursos» y, a partir de ahora, «tendremos que consumir lo que de verdad necesitemos«. ¿Constituyen una de nuestras necesidades básicas esos coches que usamos individualmente en detrimento del transporte colectivo?
Para nuestros políticos parece ser que sí, tal como evidencia la subvención estatal de 500 euros por la compra de vehículos, ampliada en 1.000 más en la Comunidad Valenciana a cuenta de los maltrechos presupuestos que maneja como puede Gerardo Camps. Bien está que Ford ofrezca ayudas de 2.000 a 6.000 euros, en palabras de su presidente, José Manuel Machado, ya que al fin y al cabo es su negocio. Pero, ¿por qué tenemos que subvencionarle los demás con nuestros impuestos?
Se arguye, para ello, que el sector representa el 6 por ciento del PIB, que exporta el 80 por ciento de su producción y que genera 315.000 empleos. Lo cierto es que semejante práctica fomenta el proteccionismo, provoca reacciones de los países vecinos, reduce el comercio exterior y amenaza con cerrar plantas más eficientes en países en desarrollo.
¿Por qué no potenciar, en cambio, el transporte ferroviario, prometido y olvidado, por ejemplo, en el famoso Plan del Oeste y que lleva a manifestarse a los paisanos de Salamanca? ¿Y qué del Corredor Mediterráneo, que también tiene por cierto una vertiente atlántica, como recordaba el martes Iosu Erkoreka en el Congreso de los Diputados? ¿Es un caso de realismo o de simple voluntariedad el reciente acuerdo al respecto de Camps y de Montilla? ¿Hay que hacer caso al ministro José Blanco cuando califica el susodicho corredor como «proyecto prioritario en la red transeuropea de transporte«? ¿Y la improvisada declaración del comisario europeo Antonio Tajani en Valencia, ante Camps, Vicente Rambla, Rita Barberá, Alfonso Rus, Mario Flores y Rafael Aznar, fue algo más que un mero acto de cortesía?
El puerto valenciano necesita, evidentemente, mejorar su conexión ferroviaria con el interior y el norte de Europa, pero no es el único remedio local a una depresión económica global que puede durar más de una década.
La Comunidad Valenciana debe replantearse producciones tradicionales, de la agricultura y de la industria, con escaso valor añadido y que no resultan rentables ante la competencia de países con menores costes. Pero también debe hacerlo en los servicios, en concreto en un sector turístico que nunca más va a ser lo que era.
La política de los grandes eventos se ha agotado antes de dar de sí todo lo que podía ante la retracción de la demanda, sus elevados costes, la sobredimensión de sus instalaciones y la crisis de sus sectores respectivos.
Todo esto, en mi opinión, no es más que la punta de un voluminoso iceberg de problemas que, modestamente, trataré de ir racionalizando la próxima semana.
