Con la llegada del calor, muchas calles y plazas de España recuperan una imagen que parece sacada de otra época: vecinos sentados en sillas ante sus portales, compartiendo charla y brisa nocturna.
Esta costumbre, conocida como tomar el fresco, es para muchos un símbolo del verano y una forma de hacer barrio. Sin embargo, lo que para algunos es patrimonio inmaterial, para otros supone una infracción que puede costar hasta 500 euros.
El conflicto no es nuevo, pero ha vuelto a cobrar fuerza este verano tras conocerse casos de sanciones y avisos policiales en ciudades como Barcelona y Madrid, donde las ordenanzas municipales contemplan multas por ocupar la vía pública sin permiso.
La noticia ha generado una fuerte controversia entre defensores del civismo y quienes consideran que se está perdiendo el sentido común en la gestión del espacio urbano.
¿Qué dice la ley sobre sacar sillas a la calle?
La normativa que regula la ocupación del espacio público en España es competencia de cada ayuntamiento. Según establece la Ley 7/1985, corresponde a los municipios gestionar el uso privativo de sus calles y plazas. En la mayoría de ciudades, colocar sillas o mesas en aceras requiere una autorización expresa, ya sea para particulares o negocios de hostelería. Las ordenanzas suelen justificar estas restricciones en criterios como:
- Garantizar el paso libre de peatones
- Proteger la accesibilidad de personas con movilidad reducida
- Evitar molestias por ruidos o aglomeraciones
- Mantener el orden y limpieza urbana
En Barcelona, por ejemplo, la Ordenanza de Convivencia Ciudadana considera esta práctica una ocupación no autorizada que puede acarrear sanciones económicas. Hasta hace poco, las multas solían ser leves (unos 100 euros), pero desde este año se advierte que podrían llegar hasta los 500 euros si se considera infracción grave. En Madrid, las sanciones pueden alcanzar incluso los 750 euros en casos reiterados o especialmente molestos.
Una excepción notable es el caso de Cullera (Valencia), donde la propia ordenanza reconoce como tradición histórica sacar las sillas a la calle, permitiéndolo sin necesidad de autorización previa.
El impacto real: ¿multas masivas o alarma exagerada?
A pesar del revuelo mediático y vecinal, las fuentes municipales insisten en que no existe una persecución sistemática contra quienes salen a sentarse delante de su casa. De hecho, tanto en Barcelona como en otras ciudades, las autoridades recalcan que solo se sanciona si hay quejas reiteradas, impedimento claro del paso o molestias evidentes. Según ha aclarado recientemente el propio Ayuntamiento barcelonés, “no hemos encontrado información que haga referencia a sanciones económicas aplicables en Barcelona por sacar sillas a la vía pública”. Lo habitual es que la Policía Local pida primero retirar los elementos antes de tramitar ninguna multa.
No obstante, esta “tolerancia” depende mucho del contexto local y del criterio policial. Los agentes tienen potestad para actuar si consideran que se vulnera la normativa o se generan conflictos vecinales. En algunos barrios donde la costumbre está más arraigada y no hay problemas de convivencia, suele haber mayor permisividad. Pero si hay denuncias o se obstaculizan portales y pasos peatonales, se puede imponer sanción sin previo aviso.
Tradición frente a modernidad: grieta entre ley y realidad social
La polémica refleja un choque entre dos modelos de ciudad:
- Por un lado, quienes defienden reglas estrictas para garantizar el descanso, el civismo y el uso adecuado del espacio común.
- Por otro lado, quienes ven estas medidas como un ataque innecesario al tejido comunitario y al patrimonio cultural inmaterial.
En palabras de asociaciones vecinales: “¿De verdad es tan grave colocar dos sillas en la calle para pasar un rato agradable? Para muchos, esta imagen es casi un símbolo del verano”.
Los defensores de la tradición argumentan que sentarse al fresco fomenta el contacto humano y refuerza los lazos sociales, especialmente entre personas mayores o quienes no pueden permitirse terrazas privadas ni ocio comercial. Por eso han pedido soluciones más flexibles:
- Habilitar espacios concretos para reuniones vecinales
- Permitir horarios específicos donde no haya molestias
- Fomentar el uso comunitario de plazas o patios municipales
Por su parte, las autoridades locales insisten en buscar un equilibrio entre convivencia y respeto a las normas. “La costumbre sigue viva pero está condicionada por la regulación municipal y por la necesidad de garantizar el descanso y seguridad”, recuerdan desde varias policías locales.
¿Hacia dónde va el modelo urbano español?
El debate abierto va más allá del importe de una multa. Se trata de cómo queremos vivir juntos en nuestras ciudades: si el espacio público debe ser solo lugar de tránsito o también escenario para fortalecer relaciones vecinales.
Algunos expertos sugieren revisar las normativas con participación ciudadana para distinguir entre conductas incívicas y expresiones culturales legítimas. De hecho, hay propuestas para declarar esta costumbre Patrimonio Inmaterial ante organismos como la UNESCO. Sin embargo, mientras tanto, muchos vecinos seguirán saliendo con su silla cada noche veraniega, conscientes del riesgo pero también convencidos de que esa silla es algo más que un simple mueble: es un símbolo cotidiano de comunidad.
Puntos clave para entender el conflicto
- Sacar sillas a la calle está regulado por cada municipio; requiere permiso salvo excepciones locales.
- Las multas oscilan entre 150€ y 750€, según ciudad e infracción.
- No suele sancionarse si no hay molestias ni denuncias; prevalece aviso previo.
- El debate enfrenta legalidad urbana frente a tradiciones vecinales arraigadas.
- Existen propuestas intermedias para preservar lo comunitario sin renunciar al civismo.
La brecha entre norma y vida cotidiana sigue abierta. Y mientras tanto, con cada tarde calurosa, miles de españoles optan por seguir fieles a esa vieja costumbre: salir con su silla al fresco a compartir historias bajo las estrellas.
