Cataluña ha alcanzado un preocupante récord en el ámbito de las ocupaciones ilegales de viviendas.
De acuerdo con el informe Demografía de la delincuencia en España, que se ha publicado esta semana por el Observatorio Demográfico CEU-CEFAS, dirigido por Joaquín Leguina y Alejandro Macarrón, esta comunidad autónoma ocupa el primer puesto indiscutible en el ranking nacional de okupaciones.
Las cifras son impactantes: durante el trienio 2022-2024, Cataluña registró 255 okupaciones por cada 100.000 habitantes, una cifra que supera en 3,6 veces la media del resto del país y que supera, por sí sola, la suma de tres grandes comunidades autónomas.
Para dimensionar la magnitud del fenómeno, es suficiente con comparar los datos: mientras Cataluña alcanzaba las 255 ocupaciones por cada 100.000 habitantes, la Comunidad Valenciana se situaba en 103,2, Andalucía en 82 y la Comunidad de Madrid en 64,6.
Si sumamos estas tres regiones, el total apenas llega a los 250 casos por cada 100.000 habitantes, casi igualando la cifra catalana en solitario. Las Islas Baleares ocupan el segundo lugar con 109,8 casos por cada 100.000 habitantes, muy lejos de la líder indiscutible.
Un delito tolerado por el Estado
Los autores del estudio definen la ocupación de viviendas como una «forma de robo tolerada por el Estado«. Este término no es casual. Desde el año 2010, el Ministerio del Interior ha contabilizado cerca de 170.000 casos de allanamiento o usurpación en toda España; sin embargo, solo se han llevado a cabo 68.496 detenciones durante ese mismo periodo. La desproporción es evidente: menos de la mitad de los okupas han sido arrestados, lo que pone de manifiesto una aplicación desigual de la ley o una falta de recursos para abordar este problema.
La legislación española ha tenido un papel crucial en esta situación. Desde 2015, la ocupación de viviendas se tipifica legalmente como un delito leve, lo cual implica que no conlleva pena de prisión. Esta clasificación ha generado un escaso efecto disuasorio para los potenciales delincuentes. Alejandro Macarrón, coautor del estudio, apunta que las detenciones se incrementaron notablemente a partir de 2020; sin embargo, desde entonces se han mantenido alrededor de los 62 detenidos por cada 100 okupaciones. Considerando que raramente un inmueble es usurpado por una única persona, resulta innegable: la gran mayoría de los okupas nunca han sido arrestados.
El fenómeno catalán: una anomalía española
¿Qué está llevando a Cataluña a experimentar este aumento desmesurado en las ocupaciones ilegales? Los investigadores descartan explicaciones simplistas. La región no destaca por tener una población extranjera proporcionalmente mayor que otras comunidades. De hecho, Cataluña no supera en población africana a Murcia, Almería o La Rioja, ni tampoco tiene más población americana que Madrid y otras regiones con menos delitos. Esto sugiere que factores demográficos simples no pueden explicar esta anomalía.
La hipótesis planteada apunta hacia la permisividad de las autoridades catalanas ante este delito. El informe señala que existe una relación entre las condiciones locales y la propensión al delito, más allá de variables meramente demográficas. En otras palabras, hay una notable diferencia en cómo se aplica la ley y cómo responden las instituciones entre diferentes territorios.
Desde 2020, más del cincuenta por ciento de los detenidos e investigados por allanamiento y usurpación reportados por la Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas y locales son extranjeros. Este dato es significativo; aunque los autores advierten que la enorme mayoría de las personas nacidas fuera del país no okupa viviendas, las tasas de usurpación por cada 100.000 habitantes son superiores entre este grupo demográfico respecto a los españoles.
Impacto en el mercado inmobiliario y las víctimas
El informe describe la ocupación como un «robo del uso del domicilio» y enfatiza que es un delito «mayormente tolerado o poco castigado» en España desde hace décadas. Las repercusiones van más allá del ámbito individual; afectan directamente al mercado inmobiliario y desestabilizan la seguridad jurídica respecto a la propiedad privada. Además, generan un efecto dominó: propietarios temerosos ante posibles ocupaciones optan por retirar sus viviendas del mercado alquiler, lo cual reduce aún más la oferta disponible en un contexto ya complicado debido a la crisis habitacional.
Los propietarios afectados enfrentan una situación especialmente vulnerable. A pesar de contar con vías civiles para recuperar sus propiedades, los procesos judiciales suelen ser largos y costosos. Algunos optan por llegar a acuerdos privados o negociaciones directas con los okupas; sin embargo, esta práctica es común pero perpetúa la impunidad del delito.
Contexto más amplio: la delincuencia grave en España
La ocupación ilegal no es el único delito que muestra un aumento alarmante en Cataluña. El informe del CEU-CEFAS señala que esta comunidad también lidera las estadísticas nacionales en violaciones y robos con violencia o intimidación. En el trienio 2022-2024, Cataluña registró 2,3 veces más violaciones por millón de habitantes comparado con el resto de España, siendo Lérida quien encabeza esta lista provincial. En cuanto a robos con violencia e intimidación, Cataluña superaba significativamente la media nacional en un asombroso 134%, una diferencia abismal comparada con otras comunidades como Madrid.
Este patrón indica que hay un problema más sistémico que va más allá del simple hecho de ocupar viviendas ilegalmente. Los autores concluyen que España presenta niveles bajos generales de criminalidad, pero también muestra un deterioro preocupante cuando se trata de delitos graves. Recomiendan reforzar tanto recursos policiales como judiciales, aumentar las penas y establecer controles más estrictos sobre los flujos migratorios irregulares.
Datos y cifras clave
| Comunidad Autónoma | Okupaciones por 100.000 habitantes (2022-2024) |
|---|---|
| Cataluña | 255 |
| Islas Baleares | 109,8 |
| Comunidad Valenciana | 103,2 |
| Andalucía | 82 |
| Comunidad de Madrid | 64,6 |
La tabla anterior pone claramente en evidencia cómo se agranda esa brecha entre Cataluña y otros territorios españoles. No solo lidera este ranking; lo hace con tal diferencia que parece haber creado su propia categoría.
Respuestas insuficientes y demanda de acción
El informe elaborado por el Observatorio Demográfico CEU-CEFAS no solo diagnostica el problema; también propone recomendaciones concretas. Los autores insisten en que «la delincuencia no es homogénea». La edad, sexo, origen y entorno social marcan diferencias significativas. Pero el Estado tiene deberes ineludibles para asegurar que todos cumplan con la ley sin excepciones».
En este marco específico, las ocupaciones ilegales representan una prueba palpable sobre cómo responde nuestra institucionalidad ante situaciones así. Un delito que podría ser prácticamente inexistente si existiese un castigo legal realmente disuasorio; dado que quienes cometen estos actos suelen permanecer donde están y no abandonan las propiedades usurpadas fácilmente lo cual facilita su detención.
La situación actual en Cataluña refleja una realidad incómoda: cuando las respuestas penales son laxas y cuando las penas son mínimas junto a una aplicación inconsistente de leyes existentes propician un ambiente donde florece la delincuencia. Que solo una comunidad autónoma supere a tres grandes regiones españolas combinadas en términos de okupaciones ilegales no es mera coincidencia estadística; es reflejo profundo sobre dinámicas institucionales urgentes para corregir si queremos restaurar seguridad jurídica y proteger el derecho fundamental a tener vivienda digna.
