Pedro Sánchez se encuentra en el punto de mira por la escasa ejecución de las expulsiones de inmigrantes ilegales. En el año 2025, la Policía Nacional gestionó 41.315 órdenes, pero solo logró llevar a cabo 4.365, lo que representa un escueto 10,5% del total. Esta cifra proviene de informes oficiales que subrayan las dificultades para localizar a los afectados y la escasa colaboración por parte de los países de origen.
El marco legal actual complica enormemente las deportaciones. Los inmigrantes pueden recurrir ante delegaciones gubernamentales o jueces, y muchos desaparecen antes de que se efectúe la expulsión. Durante el primer semestre de 2025, de las 16.000 órdenes emitidas, solo se cumplieron 1.470. Desde el Gobierno se argumenta que los trámites son largos: hay que gestionar documentación, considerar solicitudes de asilo que detienen las expulsiones, y lidiar con negativas por parte de los países receptores, además de problemas judiciales.
Mientras tanto, las llegadas irregulares alcanzan cifras récord. En 2024, un total de 63.970 extranjeros entraron ilegalmente en España, lo que supone un aumento del 12,5% respecto a 2023; entre ellos, destacan los 46.843 que llegaron a Canarias. En cuanto a expulsiones por motivos de seguridad nacional en ese mismo año, se registraron únicamente 3.031, es decir, 59 menos que en el anterior. Desde que Sánchez asumió el cargo en 2018, se han acumulado alrededor de 15.000 deportaciones; muy lejos de las casi 81.000 realizadas durante el mandato de Zapatero y las aproximadamente 47.000 con Rajoy.
Perfil de Pedro Sánchez en inmigración
Como presidente desde 2018, Pedro Sánchez ha impulsado políticas orientadas hacia la regularización. Recientemente anunció su intención de regularizar entre 500.000 y 600.000 inmigrantes presentes en el país antes del final del año 2025, lo que implicaría anular muchas órdenes de deportación. Este proceso beneficiará a aquellos que puedan demostrar una estancia mínima de cinco meses mediante el padrón municipal, contratos laborales o citas médicas. Cabe mencionar que esta medida se ha llevado a cabo sin necesidad del visto bueno del Congreso gracias a un real decreto fruto del pacto entre PSOE y Podemos.
Se estima que se otorgará nacionalidad a unos 2,5 millones de extranjeros en un plazo de 25 años, alcanzando un pico histórico en 2023 con la concesión a unas 200.000 personas.
Las cifras históricas apuntan a regularizaciones masivas: en el año 2005 bajo Zapatero, se regularizaron a 576.506 personas; mientras que en el año 2021 fueron unas239.000.
Se calcula que habrá alrededor de 840.000 inmigrantes irregulares en España para finales del año 2025, lo que representa un notable porcentaje del total no comunitario: un 17,2%.
Reacciones y propuestas de Vox
Desde Vox, se exige una política más contundente con respecto a las deportaciones masivas. Tanto Santiago Abascal como Rocío de Meer han prometido expulsar a todos los inmigrantes ilegales: «No va a quedar ni uno». Esta postura fue reafirmada por José Ángel Antelo tras los disturbios ocurridos en Torre Pacheco tras la agresión a un anciano. La formación propone auditar nacionalidades, revertir las regularizaciones ya realizadas y dar prioridad a las expulsiones.
La oposición critica la disparidad existente: por cada expulsión llevada a cabo en el año pasado hubo aproximadamente 21 entradas irregulares. Desde Vox aseguran que esto representa un riesgo para la seguridad nacional; marroquíes, colombianos y venezolanos son identificados como los grupos más numerosos entre los recién llegados.
