El ambiente en París es tenso y el nerviosismo se palpa tanto en los pasillos de la Asamblea Nacional como en las calles.
Francia vive estos días una de sus crisis más profundas en décadas: una combinación explosiva de inestabilidad política, fractura social y una economía ahogada por la deuda.
Todo ello bajo la sombra de un presidente, Emmanuel Macron, cada vez más debilitado, y con la amenaza de una moción de confianza que puede terminar, de forma inminente, con el mandato del primer ministro François Bayrou.
A día de hoy, 7 de septiembre de 2025, la segunda economía de la Unión Europea se enfrenta a una tormenta perfecta.
El país se prepara para la votación parlamentaria del lunes, que probablemente derribará al cuarto jefe de gobierno en poco más de un año.
La moción de censura, impulsada por el propio Bayrou para forzar el apoyo a su plan de austeridad, parece condenada al fracaso, reflejando la falta de mayorías y el profundo rechazo que generan sus propuestas de recortes.
El desenlace inmediato es incierto: Macron puede nombrar un nuevo primer ministro, convocar elecciones anticipadas o, como pide buena parte de la sociedad, presentar su dimisión. Ninguna opción garantiza la estabilidad. El trasfondo, sin embargo, es un debate de fondo sobre el contrato social francés y la relación entre la ciudadanía y sus representantes.
Francia encara una semana clave. La caída de Bayrou es casi segura, pero lo que está en juego es mucho más que un cambio de gobierno. Es la propia capacidad del país para reinventarse, superar el bloqueo institucional y evitar que la fractura social y la deuda acaben devorando a una de las democracias más antiguas de Europa.
Un Parlamento ingobernable y una fractura social inédita
El actual bloqueo político tiene su origen en la convocatoria anticipada de elecciones legislativas en 2024, tras la victoria de la ultraderecha en las europeas. El resultado fue una Asamblea Nacional aún más fragmentada, con tres grandes bloques (izquierda, centroderecha y extrema derecha) incapaces de formar una mayoría estable. Ni siquiera la llamada de Macron a la responsabilidad colectiva ha logrado forjar alianzas sólidas.
El desgaste del gobierno es evidente: en los últimos quince meses, Francia ha visto caer a tres primeros ministros. Los intentos de Bayrou por negociar con la oposición han fracasado y los principales partidos ya anticipan su voto en contra. La escena se complica con la presión de la calle: sindicatos y movimientos sociales llaman a la movilización masiva y al bloqueo del país el 10 de septiembre, en respuesta a los planes de austeridad y recorte de derechos sociales. El eco de los chalecos amarillos resuena con fuerza, y el riesgo de disturbios es real.
- Más de un 64% de los franceses quiere la dimisión de Macron, según los últimos sondeos.
- El movimiento “Bloquons tout” ha convocado un paro general, respaldado por partidos de todo el espectro político.
- La extrema derecha lidera las encuestas para unas hipotéticas presidenciales, aunque su candidata tradicional, Marine Le Pen, sigue inhabilitada.
El peso asfixiante de la deuda y las dudas sobre el modelo económico
El detonante inmediato de la crisis es el abismo fiscal. Francia cerró 2024 con una deuda superior al 113% de su PIB, la tercera más alta de la eurozona, y un déficit que supera los 3,3 billones de euros. La presión de los mercados ha aumentado tras el anuncio de los recortes: la bolsa de París cayó en picado, los bancos se resintieron y el coste de la deuda subió de forma alarmante.
El plan de Bayrou incluye medidas como:
- Recortes por valor de 44.000 millones de euros.
- Eliminación de dos días festivos nacionales.
- Congelación de prestaciones sociales y pensiones.
- Reducción de empleos en la administración pública y recortes en sanidad.
Sin embargo, el debate de fondo va mucho más allá de la coyuntura presupuestaria. Francia lleva décadas combinando políticas de gasto social muy generosas con un elevado nivel de subsidios a empresas, en un intento de mantener su modelo productivo y evitar deslocalizaciones. Pero la pregunta que recorre los editoriales estos días es: ¿Por qué Francia sigue gastando miles de millones en subvenciones empresariales cuando la deuda es ya insostenible?. La falta de consenso sobre el rumbo económico y el reparto de sacrificios ahonda la brecha entre la élite política y la ciudadanía.
Una crisis de régimen y el debate sobre el futuro de la V República
El agotamiento institucional es otro de los ingredientes de la tormenta. La V República, diseñada en 1958 para garantizar la estabilidad, da muestras de fatiga ante un Parlamento ingobernable y una presidencia cada vez más cuestionada. La posibilidad de una nueva disolución parlamentaria —que muchos ven como inevitable— amenaza con perpetuar el bloqueo, ya que las encuestas no auguran cambios significativos en la correlación de fuerzas.
Algunos expertos, como el constitucionalista Jean-Philippe Derosier, advierten de que Francia se acerca a una crisis de régimen si la situación no se resuelve tras la sucesión de Macron. En este contexto, la tentación de una reforma constitucional o incluso de un cambio de sistema político cobra fuerza.
Lecciones para España y el desafío de la deuda
La crisis francesa ofrece lecciones valiosas para países como España, donde el gobierno de Pedro Sánchez también afronta presiones por el elevado endeudamiento y la fragmentación parlamentaria. Los paralelismos son evidentes:
- Fragilidad de las mayorías y dificultad para aprobar presupuestos.
- Polarización social y auge de movimientos de protesta.
- Riesgo de que los mercados financieros penalicen la inestabilidad política.
La experiencia francesa muestra los peligros de retrasar las reformas estructurales y de confiar en que el crecimiento económico resolverá por sí solo el problema de la deuda. La falta de consenso y la incapacidad de articular mayorías sólidas pueden llevar a una espiral de bloqueos y crisis de confianza que termina afectando a toda la economía y al crédito del Estado.
