Más de 250 migrantes venezolanos que habían sido deportados a El Salvador por orden de la administración Trump y recluidos desde marzo en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una de las cárceles más estrictas del continente, regresaron este viernes a Venezuela. Los aviones aterrizaron en la tarde en Maiquetía, donde familiares y el ministro del Interior, Diosdado Cabello, aguardaban su llegada.
Durante su detención, algunos migrantes denunciaron ante la prensa abusos físicos y psicológicos en el Cecot. En el mismo vuelo viajaron menores que habían sido previamente separados de sus padres y que permanecieron bajo custodia en EE. UU. hasta el acuerdo de repatriación.
La liberación fue confirmada por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien detalló que el intercambio incluyó la entrega de todos los venezolanos en custodia —acusados de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua— a cambio de la liberación de al menos 10 estadounidenses y un número indeterminado de presos políticos que estaban detenidos en Venezuela bajo cargos de conspiración y delitos contra el orden constitucional.
Grupo de estadounidenses liberados en Venezuela
Bukele compartió en redes sociales imágenes del abordaje de los migrantes y destacó la naturaleza excepcional del acuerdo, que también fue reconocida por el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio. Tras la operación, Estados Unidos aseguró que ya no quedan ciudadanos estadounidenses encarcelados en Venezuela por razones políticas.
El gobierno venezolano, por su parte, señaló que repatriar a sus connacionales representó “un alto precio”, admitiendo la entrega de ciudadanos estadounidenses para cerrar el canje. Sin embargo, la oposición y organizaciones de derechos humanos, tanto en Venezuela como en EE.UU., advierten que muchos de los deportados fueron inculpados sin pruebas fehacientes y que sólo una pequeña fracción tenía antecedentes penales serios.
Esta compleja negociación internacional ha dejado en evidencia versiones encontradas: mientras Washington y El Salvador sostienen que muchos venezolanos retornados estaban bajo acusaciones por asesinato, robo o violación, Caracas describe a los migrantes como víctimas de “secuestro político” auspiciado por sectores de la oposición venezolana. A su vez, Venezuela acusa a los estadounidenses liberados de “delitos graves contra la paz y la seguridad nacional”.
En el trasfondo, el acuerdo revive las polémicas políticas migratorias de Trump, que incluyeron el uso de la antigua Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para acelerar la deportación de venezolanos acusados —con o sin pruebas contundentes— de tener lazos con la banda del Tren de Aragua. Activistas pro derechos humanos y agrupaciones legales como la ACLU han denunciado estos procedimientos por violar derechos fundamentales y por basarse en fundamentos jurídicos inconsistentes.
A pesar de la transcendencia del acuerdo, la Corte Suprema aún no se pronuncia sobre la legalidad de estas deportaciones masivas. Entretanto, el regreso de los migrantes venezolanos y la liberación de estadounidenses podrían marcar un nuevo capítulo en las tensas relaciones diplomáticas y migratorias entre Washington, Caracas y San Salvador.
