El Cartel de los Soles: chavismo y narcotráfico

Marco Rubio anuncia acciones contundentes contra mafias extranjeras, tras declarar terroristas también a bandas de Ecuador

El gobierno estadounidense intensifica su ofensiva global contra el crimen organizado, apuntando a bandas ecuatorianas y al círculo chavista

Marco Rubio
Marco Rubio. PD

La declaración de Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., resuena con fuerza en América Latina: «Estados Unidos hará explotar los grupos criminales extranjeros si es necesario».

La advertencia lanzada por Rubio no solo responde a un contexto criminal sino también político: Latinoamérica se enfrenta a una nueva fase donde la lucha contra el narcotráfico se convierte en cuestión estratégica global.

La región observa con cautela cómo Washington redefine sus líneas rojas ante actores que ya no son solo bandas locales sino redes transnacionales con capacidad real para desestabilizar gobiernos e influir sobre economías enteras.

Esta advertencia se produce tras la reciente designación oficial de las bandas Los Choneros y Los Lobos como organizaciones terroristas internacionales, en medio de una escalada sin precedentes del crimen organizado en Ecuador y el fortalecimiento del llamado Cartel de los Soles vinculado al chavismo venezolano.

Un giro en la política exterior estadounidense

A día de hoy, 5 de septiembre del 2025, el Departamento de Estado ha formalizado la inclusión de las dos principales mafias ecuatorianas en la lista negra del terrorismo global. Según el comunicado, ambas han «atacado y amenazado a funcionarios públicos, jueces, fiscales y periodistas» y buscan controlar violentamente las rutas internacionales del narcotráfico que atraviesan Ecuador. Esta decisión amplía el margen legal para sancionar sus activos, perseguir sus redes y eventualmente justificar operaciones militares selectivas en territorio extranjero.

Rubio, en su visita oficial a Quito junto al presidente Daniel Noboa, dejó abierta la posibilidad de desplegar elementos militares estadounidenses para apoyar la lucha contra estos grupos. La medida responde a la incapacidad local para frenar una ola criminal que ha convertido a Ecuador en uno de los países más violentos de la región.

El Cartel de los Soles: chavismo y narcotráfico

En paralelo, Washington mantiene firme su postura sobre el Cartel de los Soles, considerado por EE.UU. como una organización criminal dirigida por el presidente venezolano Nicolás Maduro y su círculo más cercano. Desde 2020, la justicia norteamericana acusa formalmente a Maduro y Diosdado Cabello de liderar esta red, ofreciendo recompensas millonarias por información que permita su captura. La estructura del Cartel es compleja: no funciona como una mafia tradicional jerárquica sino como una red de células incrustadas en las ramas castrenses venezolanas, especialmente en la Guardia Nacional Bolivariana.

El Cartel está implicado en tráfico masivo de cocaína hacia Estados Unidos, contrabando de oro y otros minerales, así como infiltración en actividades mineras ilegales. A pesar del señalamiento directo y la presión internacional, Maduro continúa en el poder y Venezuela niega sistemáticamente cualquier vínculo oficial con estas acusaciones.

Los Choneros y Los Lobos: anatomía del crimen ecuatoriano

Los Choneros, surgidos en Manabí en los años noventa, han evolucionado hasta convertirse en el brazo armado del Cártel de Sinaloa dentro de Ecuador. Su líder histórico, José Adolfo Macías Villamar (alias Fito), fue extraditado recientemente a EE.UU. tras una serie de operativos que no han logrado desmantelar completamente sus redes. El grupo controla rutas clave para el tráfico internacional de cocaína y extiende sus actividades a Perú y Colombia.

Por otro lado, Los Lobos, nacidos como un apéndice directo de Los Choneros en 2021, protagonizan una sangrienta guerra territorial que ha desencadenado masacres dentro y fuera de cárceles ecuatorianas. Aunque varios cabecillas están presos o han fingido su muerte para operar desde el extranjero, la banda sigue ganando terreno aprovechando el vacío institucional generado por la crisis política y económica local.

El gobierno ecuatoriano declaró un conflicto armado interno contra estas organizaciones desde enero de 2024. A pesar del despliegue militar nacional e internacional y las sanciones estadounidenses, las bandas continúan disputándose rutas estratégicas para exportar droga hacia Norteamérica y Europa.

¿Qué implica la designación terrorista?

  • Permite congelar activos financieros vinculados a las bandas.
  • Facilita extradiciones inmediatas.
  • Justifica operaciones encubiertas o abiertas en terceros países.
  • Refuerza la cooperación entre agencias estadounidenses y fuerzas locales.
  • Genera presión diplomática sobre gobiernos que toleran o colaboran con estas organizaciones.

Sin embargo, expertos advierten que esta clasificación puede tener efectos secundarios: podría incentivar alianzas entre grupos rivales o incrementar la violencia local al elevar el perfil internacional del conflicto.

El contexto regional: crimen organizado como actor político

La ofensiva estadounidense marca un cambio estratégico tras años de tolerancia relativa frente al narcotráfico transnacional. La región vive un proceso acelerado donde carteles mexicanos como Sinaloa colaboran con mafias locales (Choneros) para expandir sus operaciones logísticas. Mientras tanto, Venezuela se consolida como corredor clave bajo la sombra del Cartel de los Soles. La infiltración militar y estatal crea un entorno donde distinguir entre intereses políticos y criminales resulta cada vez más difícil.

En este escenario, EE.UU. busca recuperar capacidad disuasoria ante lo que considera amenazas directas a su seguridad nacional. La opción militar está sobre la mesa si las acciones diplomáticas resultan insuficientes.

Evolución esperada

  • Mayor presión internacional sobre gobiernos latinoamericanos para combatir redes criminales.
  • Posible incremento de operativos militares selectivos con participación estadounidense.
  • Reconfiguración interna de las bandas ante nuevas sanciones.
  • Riesgo elevado para periodistas e instituciones judiciales locales.
  • Consolidación del crimen organizado como actor geopolítico relevante.

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