Seguimos a vueltas con el esperpento catalán. Este 26 de enero de 2018 las tribunas de opinión y los editoriales se centran en el numerito que se pretende perpetrar el 30 de enero de 2018 en el Parlamento catalán con la investidura imposible de Puigdemont. Por lo pronto, lo que le ha salido mal al Gobierno de Rajoy ha sido la evacuación del informe al Consejo de Estado. Y decimos mal no por el resultado, sino por anunciar en rueda de prensa la petición antes de conocer lo que diría ese organismo.
El editorial de El Mundo considera que el Gobierno de Rajoy se equivoca recurriendo al Tribunal Constitucional para impugnar en Cataluña un acto, la investidura del presidente, cuando aún no se sabe en qué forma se producirá y si será Puigdemont finalmente el investido:
Pese a la decepción sufrida ayer por el informe negativo del Consejo de Estado, el Gobierno debía ser consciente de que no era el momento procesal oportuno para interponer un recurso de inconstitucionalidad ante el TC por la posible investidura de Puigdemont. Se entiende la urgencia del Ejecutivo de Rajoy por evitar la escenificación vodevilesca de una posible investidura telemática del ex president de la Generalitat, pero cuando el Estado de derecho quiere imponer su superioridad moral e institucional a los golpistas, debe respetarse escrupulosamente la ley, tanto en el fondo como en la forma.
Santiago González, en El Mundo, entiende que, por muchos legalismos que anteponga el Consejo de Estado, la investidura de Puigdemont es tan imposible como que un hombre se quede embarazado:
El Parlamento es un lugar para que un candidato se someta a la sesión de investidura. Y lo que pretende el prófugo es una investidura ectópica, que es lo que se produce fuera del lugar que le es propio. Un suponer: un embarazo en el que el óvulo se fecunda en una de las trompas de Falopio. Aunque tratándose de este sujeto, también podría ser investido en las trompas de Eustaquio. Cosas que no pueden ser.
Raúl Del Pozo asegura que el Ejecutivo de Rajoy quiere evitar el bochorno de que Puigdemont sea investido presidente porque el ridículo será universal:
El candidato a presidir la Generalitat pudiera ser investido de dos maneras: por poderes, como un novio, o de cuerpo presente. En ambos casos haríamos el ridículo ante el mundo entero, sobre todo si el prófugo de Flandes se cuela vestido de monja o de bombero en el Parlament. Por esas y otras razones, el Gobierno va a impugnar la designación de Puigdemont como candidato.
El editorial de ABC le mete un soberano palo al Gobierno por ser bocachancla y vender la piel del oso antes de cazarlo. Dicho en plata, que convocar una rueda de prensa previa a lo que iba a decir el Consejo de Estado sobre la impugnación del pleno del Parlamento catalán ha sido un disparate:
El dictamen del Consejo de Estado contra el recurso que el Gobierno quiere presentar ante el Tribunal Constitucional para paralizar la candidatura de Carles Puigdemont desvela un error político perfectamente evitable por parte de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Sólo resultaba concebible la convocatoria de una rueda de prensa multitudinaria para anunciar tal recurso si previamente el Gobierno había comprobado que el dictamen del Consejo de Estado sería favorable. En caso de duda, lo más sensato habría sido guardar un discreto silencio hasta saber qué diría este órgano consultivo del Gobierno central. El error de cálculo de la vicepresidenta no es el primero en su gestión del conflicto político y constitucional en Cataluña. Tampoco es el primero del Gobierno en su conjunto. Es razonable y hasta exigible que Mariano Rajoy tome nota de este balance.
Carlos Herrera opina que al final, de haber algo de razón, Puigdemont se hará a un lado o acabará siendo forzado a apartarse:
El escenario tiene dos caminos de salida: investir a distancia o hacerlo presencialmente. Lo primero, bien telemáticamente o mediante delegación de voto, está lastrado por los escritos de los letrados y los recursos debidos. Lo segundo no va a ser fácil con todos los controles de Interior, y aunque no imposible, resulta un esfuerzo inútil que sólo podría rentar, en el peor de los casos, alguna fotografía incómoda pero tan olvidable como impactante pueda ser. Se ponga como se ponga, Puigdemont no será presidente de nada. Quedan, por tanto, dos posibilidades: convocar elecciones o nombrar un candidato alternativo. Desconfíe de lo primero. Los independentistas mayoritarios en la Cámara saben que su mayoría es notablemente endeble.
Manuel Marín le pinta al presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, los diferentes escenarios que le aguardan en función de si perpetra o no una ilegalidad:
Rajoy no quiere conceder al separatismo ni siquiera la oportunidad de convertir al Parlament en un circo de tres pistas con más hipótesis y desvaríos sobre el modo en que Puigdemont puede burlarse de todo el mundo para ser investido. En esta ocasión, se busca amputar antes para cortar la gangrena de otra burla al Estado… y que Torrent decida sobre su propio futuro. O un confortable escaño de presidente parlamentario que le proporcionará en el futuro una lujosa jubilación de 160.000 euros anuales… o la inhabilitación por perpetuar la bufonada del presidente depuesto.
El País, obviamente, no le mete un palo a Soraya Sáenz de Santamaría y entiende que el Gobierno recurra a todos los medios legales disponibles:
Para el Gobierno, cuya misión es proteger el interés general, impedir la investidura de Carles Puigdemont no solo es un objetivo políticamente deseable y jurídicamente legítimo sino una obligación inexcusable de la que en modo alguno puede abdicar. Para lograr ese objetivo, el Gobierno tiene ante sí una amplia panoplia de instrumentos políticos y legales. Esas actuaciones, como es natural en una democracia y en un Estado de derecho, están sometidas tanto a revisión política como judicial.
La Razón, de manera suave, le dice al Gobierno que debería de haber pulsado otras opiniones antes de llevarse el varapalo del Consejo de Estado:
Sin duda, desde el Gobierno se podría haber pulsado otras opiniones, para no dar una muestra de desacuerdo en el seno de las Instituciones del Estado, que, al mismo tiempo, traslada al Tribunal Constitucional la incomodidad de tener que actuar sin el aval del más alto órgano consultivo. Pero si la decisión se mantiene, con todas las prevenciones de una actuación que nace con polémica innecesaria, será exclusivamente porque la actitud del presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent, había dejado pocas opciones al Gobierno.
