El Gobierno ZP ha reimplantado la tétrica «cuerda de presos«. Y eso, sumado a las escuchas telefónicas ilegales, las más que sospechosas filtraciones de trozos de sumario a medios de comunicación adictos y el comportamiento cada día más sectario de la Fiscalía, hacen a muchos echarse las manos a la cabeza.
Los sindicatos policiales cargan de forma rotunda contra la forma en la que aparecieron los detenidos de la Operación Espada ante periodistas y camarógrafos.
No sólo se les sacó a la calle tras tres días completos de calabozo, sin ducha y sin lavarse. Se les «paseó» además por la calle y para colmo esposados unos a otros por la muñeca derecha, para que no pudieran ocultar los grilletes a las cámaras.
Los detenidos, ninguno de los cuales estaba acusado de un delito que conlleve automáticamente pena de cárcel y a los que el juez ha dejado en libertad con fianzas relativamente moderadas, no entraron por el garaje de los juzgados ni por la puerta trasera. Fuero exhibidos, como animales de feria, en la fachada.
La Confederación Española de Policía (CEP) asegura que la actuación «trasladó una imagen de ensañamiento innecesario y gratuito por parte de la policía» y causó «daño a la intimidad y a la presunción de inocencia de los afectados», por lo que solicita que la Secretaría de Estado de Seguridad investigue los hechos.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP)lamenta en una nota que los cargos fueran «expuestos como animales de un zoológico» al ser trasladados esposados al juzgado, lo que «vulneró el derecho al honor de los mismos, subvirtió el Estado de derecho y aniquiló la presunción de inocencia».
Los detenidos también se han quejado a través de sus abogados y han calificado de «excesivos» sus arrestos y el traslado al juzgado.
«Llevar a los detenidos con grilletes no era necesario», se lamenta el abogado de Jorge Moisés, Gaspar Oliver:
«Si hay riesgo de fuga, las esposas están justificadas, pero en este caso lo único que hacen es estigmatizar».
El PP ha pedido la comparecencia en el Congreso del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, para explicar lo que, dice, supone «una utilización partidista y sectaria» de los aparatos del poder.
El comité de dirección del partido en Baleares se reunirá hoy para «analizar la diferente vara de medir» de Anticorrupción «según se trate de investigaciones que afecten a personas vinculadas al PP o a otras fuerzas políticas».
