Dinero pringoso.
Y a espuertas.
El escándalo de los prostíbulos vinculados a la familia de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha irrumpido con fuerza en la agenda política española.
El asunto, que arrastra años de silencio y secretismo, ha saltado a la palestra tras las acusaciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha afirmado en el Congreso que Sánchez se benefició económicamente del negocio familiar ligado a la prostitución.
La polémica se ha avivado con documentos que publica el periodista Entrambasaguas en ‘El Debate’ y que acreditan que el presidente residió en un piso comprado por su suegro con fondos procedentes de locales eróticos.
La situación dibuja un escenario éticamente explosivo en el que el feminismo abolicionista defendido por el PSOE choca con un pasado empresarial poco ejemplar en su entorno más íntimo.
El debate, sin embargo, va más allá de la mera anécdota. En el fondo subyace una cuestión sobre la coherencia política y la integridad personal de los líderes. La ausencia de desmentidos rotundos por parte del Gobierno y el PSOE añade leña al fuego.
Mientras tanto, desde el PP se insiste en que nadie del partido socialista ha sido capaz de negar que el piso donde vivió Sánchez antes de acceder a La Moncloa fuese pagado por su suegro con dinero procedente de las ‘saunas’ gay que regentaba.
El tío de Begoña Gómez, Francisco Enrique Gómez Serrano, está sancionado por explotación laboral y trata de personas tras una operación policial en el prostíbulo Kilómetro Ochenta, en Ituero y Lama (Segovia), donde se encontraron once mujeres en situación irregular.
Condenas judiciales y redadas policiales: el historial familiar
La historia reciente de la familia Gómez es un catálogo de episodios polémicos. El caso más grave ocurrió en 2016, cuando la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos intervino el club Kilómetro Ochenta tras una alerta diplomática emitida por la Embajada de Rumanía. Una mujer rumana había conseguido llamar a su padre desde el interior del local para alertarle de su secuestro. La investigación posterior desveló una trama de explotación sexual bajo amenazas, lo que llevó a la condena del encargado del local y a una sanción económica para el empresario familiar.
La Inspección de Trabajo descubrió que once mujeres —brasileñas, colombianas y nigerianas— trabajaban sin papeles ni contrato, cumpliendo turnos fijos y recibiendo un porcentaje variable por cada consumición vendida. Los inspectores constataron una relación laboral encubierta y sancionaron a la empresa familiar con 66.339 euros. El intento del tío de Begoña Gómez por alegar que las mujeres eran “clientas” y no trabajadoras fue desestimado por los inspectores, quienes aseguraron que todas comprendían perfectamente el idioma.
La sentencia del Tribunal Supremo no dejó lugar a dudas sobre los hechos: existió explotación laboral y trata de personas. El encargado del prostíbulo fue condenado a tres años de prisión, aunque la sanción al empresario principal fue únicamente económica. Este caso no es un hecho aislado: otros negocios familiares —como la sauna Adán en Madrid— han sido objeto de investigaciones policiales y judiciales.
El Gobierno Frankenstein critica a Feijóo pero no desmiente
El Gobierno ha reaccionado a las acusaciones del líder popular con críticas pero sin desmentir los hechos. Portavoces oficiales han reprochado a Feijóo por “meter al padre” de Begoña Gómez en el debate político, pero no han negado expresamente que Sánchez se beneficiara del dinero procedente de estos negocios. Esta estrategia ha sido interpretada como un intento de evitar que el asunto adquiera mayor relevancia mediática.
Desde el PP se insiste en la falta de transparencia y en la contradicción entre el discurso feminista abolicionista del PSOE y los vínculos familiares con negocios sexuales. Las fuentes populares recuerdan que Sánchez vivió en un piso en Somosaguas (Pozuelo), frente a La Finca, pagado por su suegro con fondos procedentes de las ‘saunas’. Este dato es especialmente relevante porque coincide con el ascenso político del actual presidente.
El periodista Entrambasaguas ha aportado documentos en medios digitales que prueban la vinculación entre los beneficios económicos obtenidos por la familia Gómez y las propiedades residenciales utilizadas por Sánchez antes de trasladarse a La Moncloa. Estos documentos han sido ampliamente difundidos y analizados, aunque desde el entorno presidencial se ha optado por no pronunciarse públicamente.
El silencio incómodo y sus consecuencias políticas
El silencio oficial contrasta con la contundencia judicial y policial sobre los hechos ocurridos en los locales gestionados por la familia Gómez. En democracias consolidadas, este tipo de revelaciones suele exigir explicaciones públicas claras y contundentes. Sin embargo, en España reina un mutismo inquietante sobre este asunto.
La tensión interna dentro del socialismo también se ha visto reflejada en reuniones entre dirigentes del PSOE y figuras controvertidas como el excomisario Villarejo, quien habría sido consultado sobre información relativa a los prostíbulos vinculados a la familia Gómez para neutralizar políticamente a Sánchez. Este cruce de intereses pone sobre la mesa una lucha interna donde las cloacas del Estado y los escándalos familiares parecen entrelazarse peligrosamente.
Curiosidades y datos sobre el caso
- El club Kilómetro Ochenta fue intervenido tras una llamada desesperada al padre de una joven rumana retenida bajo amenazas.
- Once mujeres extranjeras fueron halladas trabajando sin papeles ni contrato; recibían el 50% del importe de las consumiciones vendidas.
- Armas y balanzas para pesar drogas fueron encontradas durante registros policiales.
- La sanción económica impuesta al tío de Begoña Gómez ascendió a 66.339 euros.
- El encargado del prostíbulo fue condenado a tres años de prisión.
- Sánchez vivió antes de irse a La Moncloa en un piso pagado por su suegro con dinero procedente de negocios eróticos.
- Documentos periodísticos avalan esta conexión económica.
- El debate político se centra ahora tanto en los hechos como en las contradicciones entre discurso público y realidad privada.
El caso sigue proyectando una sombra larga sobre la política española, donde lo privado vuelve una y otra vez para condicionar lo público. Y mientras tanto, nadie parece querer hablar claro sobre qué ocurrió realmente dentro —y fuera— de esos locales camuflados como bares o saunas.
