Este lunes 21 de julio de 2025, el nombre de Isabel Pardo de Vera ha vuelto a copar titulares. No es para menos: la ex presidenta de ADIF y ex secretaria de Estado de Transportes está citada ante el juez, imputada por presuntos delitos relacionados con un sistema sistemático de inflado de contratos públicos durante su gestión. La investigación, liderada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, gira en torno a prácticas que habrían beneficiado a empresas próximas al PSOE, utilizando sobrecostes para alimentar supuestas mordidas y favores personales.
En un país acostumbrado a las tramas políticas, el caso destaca por el volumen y la reiteración: entre 2020 y 2022, más del 50% de los contratos públicos de obra adjudicados por ADIF fueron modificados al alza tras su adjudicación. De los 21 expedientes analizados, 11 presentaron incrementos presupuestarios con un aumento medio del 17%, sumando más de 68 millones de euros en sobrecostes. Las justificaciones utilizadas para estos aumentos eran, según los investigadores, débiles, repetitivas y en ocasiones contradictorias; se mencionaban problemas técnicos o imprevistos del terreno sin informes sólidos que avalaran tales necesidades.
Un sistema con patrón: empresas amigas y justificaciones calcadas
La investigación ha detectado que las redacciones justificativas de muchos expedientes eran prácticamente calcadas entre sí. ¿Casualidad? Los agentes sospechan que se trataba de un patrón preestablecido para enmascarar incrementos presupuestarios pactados previamente. Ejemplos no faltan: la remodelación del entorno de la estación Mercat Nou (Barcelona), adjudicada inicialmente por 4,9 millones y luego aumentada en un 30% adicional; o las obras del AVE en Valencia, con incrementos superiores a los dos millones autorizados tras la adjudicación inicial.
Lo más llamativo es la concentración empresarial: solo 22 empresas se repartieron todos los contratos modificados durante ese periodo, lo que ha levantado sospechas sobre una posible relación privilegiada con altos cargos del Ministerio de Transportes y ADIF. Entre ellas destacan nombres recurrentes vinculados al entorno socialista y a tramas ya investigadas como la del “caso Koldo”.
Los agentes no solo han hallado un patrón económico. También investigan si parte de esos sobrecostes acabó convertido en comisiones ilegales para funcionarios o intermediarios políticos. El modus operandi incluía modificaciones sistemáticas tras adjudicación y justificaciones poco transparentes. La sospecha es que los beneficiados pagaban “favores” a cambio del acceso preferente a contratos públicos inflados.
En Asturias, por ejemplo, mensajes interceptados revelan cómo Koldo García, exasesor clave del ministerio y pieza central en otras investigaciones, presionaba directamente a Pardo de Vera para adjudicar obras “de emergencia” a empresas concretas. En una conversación tensa, la entonces presidenta de ADIF reconoce haber concedido una adjudicación reciente “de 700.000”, temiendo que cualquier exceso “iba a cantar” demasiado. Un mes después, ADIF adjudicó sin concurso ordinario una obra por casi 600.000 euros.
Las ramificaciones del caso Pardo de Vera amenazan con erosionar aún más la confianza ciudadana en la gestión pública ferroviaria. El partido socialista asiste incómodo al desfile judicial mientras intenta desvincularse del escándalo, aunque varios nombres relevantes –como José Luis Ábalos o Koldo García– aparecen citados una y otra vez en los informes policiales recientes. De momento, la Audiencia Nacional mantiene abiertas varias líneas paralelas sobre adjudicaciones sospechosas tanto en ADIF como en otras ramas del Ministerio.
Entre las curiosidades que rodean el caso destacan que el aumento medio del presupuesto modificado rozó el 17%, pero algunos contratos llegaron al 30%. Que varias justificaciones técnicas copiaban literalmente frases enteras entre expedientes; los mensajes entre cargos públicos contenían expresiones como “hemos hecho bingo en Logroño” cuando conseguían amañar concursos.
Habrá que esperar para saber si este caso acaba como otro episodio más en el largo serial español sobre corrupción o si sienta precedentes reales para limpiar las contrataciones públicas.
La familia Pardo de Vera bajo lupa
El caso ha salpicado también al entorno familiar de Isabel Pardo de Vera, especialmente a su hermana Ana Pardo de Vera, la activista sanchista conocida tanto por su defensa del Gobierno del PSOE como por sus sonoras broncas públicas con periodistas incómodos. La familia ha cerrado filas con una mezcla peculiar entre solidaridad gallega y tendencia al dramatismo radiofónico.
