EN MURCIA

Escuchen las risas de los jueces cuando el caradura de Bolaños les dice que ‘defiende’ la autonomía del fiscal

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM)

Bolaños ante la APM
Bolaños ante la APM. PD

Tremenda caradura.

Y encima se queda con gesto de bobo, entre la. sopresa y el cabreo, mientras insite con maneras de monaguillo en la ‘boutade‘.

Félix Bolaños llegó a Murcia el pasado viernes con una tarea que a priori parecía sencilla: presentar ante la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) las reformas judiciales del Gobierno y justificar la postura del Ejecutivo en medio del revuelo político surgido tras la condena al fiscal general del Estado.

Sin embargo, lo que no anticipaba era convertirse en el protagonista de una de las escenas más vergonzosas de esta legislatura, cuando la sala estalló en risas al afirmar que el Ministerio Fiscal actúa con autonomía.

El ambiente no podía ser más tenso. Solo unas horas antes, la asociación mayoritaria de jueces había aprobado una Declaración Institucional lamentando los «graves ataques y descalificaciones» del Ejecutivo hacia el Tribunal Supremo, luego de las declaraciones de Pedro Sánchez, quien insinuó que el ya condenado Álvaro García Ortiz podría ser absuelto.

Para los magistrados, esto significaba un «nuevo traspaso de la barrera de lealtad institucional». La presidenta de la APM, María Jesús del Barco, acusó directamente al presidente del Gobierno de «intromisión» y de quebrantar el respeto debido a las instituciones judiciales.

En medio de esta atmósfera conflictiva, Bolaños se aventuró a defender que el Ministerio Fiscal «actúa con autonomía».

Sus palabras generaron risas y murmullos entre los asistentes, un gesto que evidenciaba la incredulidad reinante entre los magistrados frente a una afirmación que, para muchos, chocaba con lo vivido en los últimos meses. El ministro, visiblemente incómodo, se vio obligado a reprender al público: «Lamento que os riáis, porque eso pone en duda el trabajo del Ministerio Fiscal. Actúan con autonomía y se demuestra cada día en los tribunales».

Pero sus palabras no lograron acallar el escepticismo. El incidente reveló la distancia existente entre el Gobierno y una parte significativa de la judicatura en un momento crítico para la separación de poderes en España.

La condena que erosiona la credibilidad

Es difícil comprender cómo Bolaños podía esperar una reacción distinta. Apenas unas semanas antes, el Tribunal Supremo había condenado al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación por revelar secretos sobre Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Esta sentencia, lejos de ser un hecho aislado, confirmaba lo que muchos profesionales del derecho habían denunciado durante tiempo: la utilización política de la Fiscalía.

García Ortiz, quien dimitió poco después de su condena, había compartido información confidencial sobre un ciudadano particular. El Tribunal Supremo aún está por emitir su sentencia definitiva; sin embargo, también le impuso una indemnización al empresario afectado por hasta 10.000 euros por daños morales. Esta condena contundente contradecía precisamente lo que Bolaños intentaba defender: la falta de independencia con que había operado la Fiscalía bajo el mandato de García Ortiz.

La ironía está en que mientras el ministro hablaba sobre autonomía, la realidad judicial clamaba lo contrario. La Fiscalía seguía marcada por nombramientos arbitrarios y escándalos relacionados con parcialidades, actuando como brazo legal del Gobierno en casos políticamente delicados. Para los jueces presentes en Murcia, la condena a García Ortiz no era solamente una sentencia contra un fiscal corrupto; era prueba fehaciente de que se había perdido esa independencia.

El teatro reformista

No obstante, Bolaños no se dio por vencido. Aprovechó su intervención para cerrar el Congreso defendiendo las reformas impulsadas por su departamento. Enfatizó que «ninguna afecta al Estado de Derecho ni a la separación de poderes ni a la independencia judicial».

Sostuvo que estas reformas son necesarias para revertir «décadas de inacción». Entre las iniciativas destacadas mencionó una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que propone otorgar a los fiscales responsabilidades sobre las investigaciones penales; algo que presentó como una adaptación necesaria para alinearse con democracias occidentales.

«España es una anomalía en materia penal», repitió Bolaños insistentemente, argumentando que esta nueva estructura brindará a los fiscales «mayor autonomía» y será «compatible con un Estado de Derecho sólido».

También resaltó la Ley de Fortalecimiento y Ampliación de la Carrera Fiscal y Judicial, diseñada para crear 2.500 plazas mediante tres convocatorias; incluyendo 360 anuales para acceso libre y 120 para un cuarto turno además regularizar 1.000 jueces sustitutos, mayoritariamente mujeres (80 %).

Sin embargo, desde el punto vista judicial estas reformas no abordan el núcleo del problema: politización dentro de la Fiscalía. Mientras el Gobierno habla sobre cambios estructurales y mejora recursos disponibles, los jueces observan cómo sigue habiendo interferencias gubernamentales constantes en asuntos judiciales.

La reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) mencionada por Bolaños incluye medidas como desvincular el mandato del Fiscal General del Estado respecto al Gobierno. No obstante, esto no altera lo fundamental: sigue siendo nombrado por el Ejecutivo y persiste esa percepción generalizada acerca del cumplimiento de intereses políticos.

Teresa Peramato: continuidad disfrazada

Pocos días antes del tenso encuentro en Murcia, Bolaños había anunciado su propuesta para nombrar a Teresa Peramato, quien hasta entonces era jefa sección penal en Fiscalía del Tribunal Supremo, como nueva fiscal general del Estado. El ministro destacó su trayectoria impecable durante 35 años como fiscal y su formación jurídica excepcional». Según él, Peramato posee «un indiscutible compromiso feminista y vocación por servir al público».

Bolaños subrayó que Peramato enfrentará desafíos como «seguir reforzando» esa supuesta autonomía fiscal y alcanzar «la independencia crítica», además “acompañar” las reformas judiciales impulsadas por su gobierno. Sin embargo, nuevamente chocamos con una dura realidad: si hace falta reforzar esa autonomía es porque hasta ahora ha brillado por su ausencia. ¿Cómo se puede realmente fortalecer esa independencia si quien dirige sigue siendo designado por el Gobierno?

La inquietud internacional

La tensión no pasó desapercibida ante miradas internacionales. Una misión del Consejo de Europa estuvo presente en España entre el 12 y 14 noviembre y poco después emitió un comunicado señalando su «preocupación ante el riesgo» existente incluso dentro «de una democracia plenamente consolidada como España»; donde debates públicos saludables pueden verse secuestrados por discursos dañinos hacia instituciones clave como el Tribunal Supremo o Consejo General del Poder Judicial».

Las dos parlamentarias líderes durante esta misión —la serbia Elvira Kovács y la italiana Valentina Grippo— insistieron en que “la polarización política no debe obstaculizar” ese respeto hacia Estado derecho ni hacia una cultura constructiva institucional mediante diálogo». Igualmente hicieron hincapié sobre garantizar “la independencia” tanto del fiscal general como también “del Ministerio Fiscal”, instando a implementar rápidamente las recomendaciones propuestas por el Grupo Estatal contra Corrupción (GRECO) dentro Consejo Europa».

Este último ha sugerido modificar tanto métodos seleccionadores como duración mandatos fiscales buscando evitar cualquier interferencia política; pues consideran que modelo actual perjudica percepción autonomía Ministerio Público español». Incluso ha habido pronunciamientos desde Comisión Venecia indicando necesidad elección vocales judiciales solo por jueces aunque reconociendo riesgos politización asociados».

Un dilema sin solución sencilla

Lo curioso es que Bolaños tiene parte razón. Efectivamente España es atípica respecto instrucción penal comparada con otros países europeos; son necesarias reformas judiciales; carrera fiscal requiere recursos adecuados… Pero este debate ha sido abordado desde posición debilitada debido condena García Ortiz junto acusaciones sobre instrumentalización justicia.

Cuando defiende afirmando “en democracia se puede discrepar respetuosamente” respecto sentencias no está equivocado técnicamente hablando; nuestra Constitución permite críticas decisiones judiciales pero existe diferencia abismal entre discrepar respetuosamente respecto sentencias versus lo percibido como campaña sistemática deslegitimadora magistratura misma; así como distinción clara crítica sentencia sugerir públicamente absolución futura fiscal general condenado.

El espectro politizado

Lo evidente tras lo sucedido en Murcia es simple: magistratura no cree discurso gubernamental acerca autonomía fiscal. Las carcajadas no fueron falta educación o respeto sino expresión profunda incredulidad casi visceral ante realidades palpables vividas día tras día donde han presenciado cómo Fiscalía ha actuado favoreciendo intereses gubernamentales especialmente delicados políticamente hablando; cómo adversarios políticos han sido perseguidos intensamente frente aliados protegidos; e incluso cómo un fiscal general fue condenado precisamente por revelar secretos relacionados con empresario vinculado partido gubernamental.

Para muchos jueces presentes allí aquella autonomía prometida no representa futuro deseado sino condición esencial recuperar urgentemente; algo imposible conseguir solo mediante reformas estructurales o discursos vacíos sobre independencia criterio… Es necesario demostrar hechos concretos demostrativos ausencia presiones políticas reales detrás acciones fiscales… Mientras eso siga sin ocurrir palabras ministros como Bolaños continuarán siendo recibidas con incredulidad… Y probablemente también entre risas.

La visita realizada por Bolaños a Murcia resultó ser intento fallido tender puentes pero terminó confirmando abismos existentes entre Ejecutivo actual y magistratura misma cuyo sentido independencia cuestionan constantemente… Aquellas risas resonantes fueron más expresivas cualquier discurso elaborado… Eran sonidos provenientes incredulidad colectiva quienes ven diariamente funcionamiento real Justicia española.

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