La frase invita a la reflexión: “un guarro no puede ser asesor del presidente”.
La ha pronunciado Alberto Núñez Feijóo en medio de la tormenta generada por el caso Salazar, dirigiendo sus dardos hacia Pedro Sánchez y la cultura interna del PSOE.
Podría haber añadido el líder del PP, que tampoco puede ser presidente un mentiroso, pero eso ya lo ha insinuado muchas veces.
Volviendo al Caso de la Bragueta, que es como debería en puridad denominarse, Feijóo afirma que el marido de Begoña “sabía y lo tapó”.
Que ha intentado, como es obvio, echar tierra y ganar tiempo sobre las denuncias de acoso sexual que pesan sobre Francisco Salazar, histórico dirigente socialista, asesor eminente en La Moncloa y candidato hasta hace nada a secretario de Organización del PSOE.
Además, critica al Ejecutivo Frankenstein por practicar un feminismo “de escaparate” mientras protege a sus obsesos sexuales, sobones y gándules.
Este choque trasciende lo personal y lo retórico.
En el fondo, se debate si el PSOE, partido que ha cimentado gran parte de su identidad reciente en políticas de igualdad, ha manejado adecuadamente las denuncias internas de acoso o si, por el contrario, ha priorizado la protección de un alto cargo sobre la seguridad y el apoyo a las víctimas.
En este contexto, el PP ha decidido presionar al máximo, consciente de que no se trata solo de un escándalo más, sino de la credibilidad de todo un relato.
Paco Salazar (PSOE)
Salazar, el asesor problemático en medio de la lucha por el relato feminista
El caso surge a raíz de las denuncias presentadas por dos trabajadoras del PSOE a través del canal interno antiacoso del partido contra Salazar, quien hasta hace poco era uno de los hombres más cercanos a Sánchez: asesor en La Moncloa y responsable de Análisis y Acción Electoral en la dirección federal.
Las acusaciones detallan comportamientos de supuesto acoso sexual hacia mujeres bajo su tutela en el entorno presidencial.
Los puntos clave del escándalo, tal como han ido saliendo a la luz, son:
- Tiempo de silencio: las denuncias permanecieron cinco meses sin respuesta ni investigación efectiva, llegando incluso a desaparecer del sistema interno del partido.
- Reacción tardía: fue solo tras la presión mediática que el PSOE decidió reactivar el procedimiento después de que se hicieran públicas las denuncias.
- Malestar interno: responsables del área de Igualdad dentro del partido y figuras como Adriana Lastra exigen llevar el asunto a la Fiscalía si se confirman los hechos, considerando que podría tratarse de un delito de violencia de género.
- Dimensión institucional: Salazar no era un militante cualquiera; ocupaba un despacho en La Moncloa y desempeñaba un papel central en las primarias que devolvieron a Sánchez al poder en 2017.
Este último detalle alimenta la acusación lanzada por Feijóo: si Salazar era, según sus palabras, un hombre de “absoluta confianza” para el presidente y uno de los “muñidores” detrás de sus primarias, entonces Sánchez “tenía que saber” lo que sucedía y lo encubrió.
Así surge una crítica política contundente: no es solo un grave caso de presunto acoso; es una reprimenda directa a la cúpula del Gobierno por proteger al poderoso mientras deja desamparadas a las denunciantes.
El mea culpa limitado de Sánchez y las divisiones dentro del PSOE
La respuesta de Pedro Sánchez ha llegado con retraso y se sitúa entre una leve autocrítica y una defensa cerrada. Tras participar en un acto con motivo del Día de la Constitución, el presidente reconoció haber cometido un “error en cuanto a la velocidad” con que se manejaron las denuncias, asumiendo responsabilidad “en primera persona” como secretario general.
Su defensa se basa en tres ideas clave:
- Reconoce que hubo una falta al no responder ni contactar con las denunciantes durante meses, admitiendo que el asunto se “dilató innecesariamente”.
- Niega rotundamente haber tenido conocimiento previo sobre los hechos y asegura haberse enterado “por la prensa”.
- Rechaza cualquier acusación sobre una protección deliberada hacia Salazar y descarta llevar el caso a la Fiscalía, argumentando que son las víctimas quienes deben dar ese paso dada la naturaleza anónima de las denuncias.
Sin embargo, esta postura no ha logrado cerrar el debate interno. Al contrario: varios miembros socialistas piden que si el Órgano contra el Acoso confirma las acusaciones, se debe remitir el caso al Ministerio Fiscal. Este episodio ha generado un “enfado monumental” en áreas relacionadas con Igualdad y ha dejado tocados a responsables como Rebeca Torró, señalada por su “negligencia” en manejar este expediente.
La consecuencia política es clara: el PSOE se ve obligado a defender su protocolo antiacoso, así como su discurso sobre “tolerancia cero”, mientras admite errores graves en su aplicación justo cuando recibe críticas por predicar feminismo mientras encubre situaciones inaceptables.
La ofensiva de Feijóo: desde “el feminismo de salón” hasta calificar al PSOE como un “partido peligroso para las mujeres”
En este clima tenso, Feijóo ha endurecido su discurso hasta niveles poco habituales para él, acusando al Gobierno de practicar un “feminismo de pacotilla” e hipocresía sistemática en materia de igualdad. Sus mensajes se sustentan en tres ejes principales:
- Cuestionamiento a la credibilidad feminista del Gobierno
- Asegura que el caso Salazar revela cómo el PSOE prioriza la protección interna sobre la seguridad de las víctimas al mantener paralizadas durante meses denuncias internas sobre acoso.
- Recuerda también la polémica relacionada con la ley del “solo sí es sí”, que provocó rebajas en condenas y excarcelaciones para agresores sexuales, planteando así un patrón preocupante.
- Califica al PSOE como un “partido peligroso para las mujeres”, vinculando este caso con fallos en políticas destinadas a protegerlas.
- Cuestionamiento sobre la cultura interna del PSOE
- Feijóo enfatiza que no solo es cuestión de un asesor específico; hay una cultura interna donde se protege al dirigente cercano mientras se ignora a quienes presentan denuncias.
- Denuncia prácticas “generalizadas” para ocultar comportamientos inaceptables dentro del entorno sanchista.
- Exige “responsabilidades inmediatas” dentro del PSOE y entre quienes rodean al presidente, más allá simplemente ajustes técnicos.
- Advertencia sobre una pérdida creciente de confianza ciudadana
- El líder popular relaciona este episodio con una creciente desconfianza hacia las instituciones y hacía figura presidencial; crítica cómo ha perdido «dignidad» al buscar apoyos mientras no protege adecuadamente a quienes sufren abusos dentro su propio equipo.
- Sitúa este escándalo dentro una narrativa más amplia sobre «decadencia institucional», donde el caso Salazar podría marcar un punto crítico respecto al relato progresista promovido por el Gobierno.
En este marco, esa frase contundente acerca de que “un guarro no puede ser asesor del presidente” funciona casi como una fórmula retórica: desacredita no solo a Salazar sino también plantea quién permitió que permaneciera tan cerca del poder durante tanto tiempo.
El impacto político: feminismo, poder y los costos asociados a mirar hacia otro lado
Más allá del intercambio verbal entre partidos, este caso abre varios debates fundamentales dentro política española:
- Coherencia entre discurso y práctica
El Gobierno ha hecho hincapié en promover la igualdad entre géneros como uno sus principales estandartes mediante legislación robusta; sin embargo, su tardanza ante estas denuncias internas erosiona ese activo esencial. - Gestión adecuada ante denuncias internas
La inacción inicial ante estas acusaciones pone bajo lupa los mecanismos internos contra acosos; surgen preguntas relevantes:- ¿Son estos canales realmente independientes?
- ¿Qué garantías existen para quienes denuncian cuando los acusados son parte cercana al poder?
- Transparencia y rendición cuentas
La negativa por parte Sánchez para remitir este asunto ante Fiscalía amparándose en anonimato choca con voces dentro PSOE pidiendo mayor acción si desean ser coherentes con su mensaje público; esto alimenta dudas respecto prioridades reales. - Clima social y percepción pública
En una sociedad donde los debates sobre violencia género e igualdad están polarizados, percibir falta acción adecuada ante denunciantes genera desconfianza creciente hacia quienes están gobernando. Feijóo aprovecha esta situación para presentarse defensor real víctimas frente Ejecutivo acusado mirar hacia otro lado cuando quien está involucrado es «de los suyos».
Lo que viene: presión interna, cálculo electoral y un caso difícilmente apagable
El caso Salazar, lejos limitarse escándalo temporal breve ha evolucionado convertirse termómetro capacidad gestión crisis relacionadas ideología propia partido; también es herramienta política PP decidido utilizar sin reservas.
Los próximos meses serán cruciales:
- La resolución final por parte del Órgano contra Acoso, así como si sus conclusiones serán o no llevadas ante Fiscalía.
- El grado verdadero autocrítica dispuesto asumir Ferraz más allá simple reconocimiento «error velocidad».
- Capacidad Gobierno recomponer relaciones puentes con feminismo socialista molesto visible junto sectores sociales observando situación creciente escepticismo.
Mientras tanto, esa frase pronunciada por Feijóo persistirá rondando debates como recordatorio incómodo para La Moncloa: en política asesores pueden dimitir o expedientes cerrarse; sin embargo palabras evidenciando incoherencias entre lo proclamado practicado suelen tardar mucho más olvidarse. Y aquí aún queda pendiente saldar factura política asociada.
