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La escena resulta familiar: agentes, cajas, servidores informáticos y una aerolínea rescatada con fondos públicos en medio del torbellino político.
Esta vez, sin embargo, el contexto ha cambiado: el juzgado que investigó el rescate de Plus Ultra ha tomado la decisión de ordenar el registro de las oficinas de la compañía por un supuesto delito de blanqueo de capitales. Lo que previamente parecía un asunto cerrado por parte del Gobierno vuelve a cobrar protagonismo, ahora centrando la atención no solo en la oportunidad del rescate, sino también en el posible uso indebido de esos recursos.
Desde primera hora del día, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han entrado en las instalaciones de Plus Ultra en Alcobendas, Madrid, cumpliendo con un requerimiento judicial. El objetivo inmediato no era crear un espectáculo mediático, sino llevar a cabo una tarea más técnica y menos llamativa: clonar los servidores de la empresa para revisar documentación financiera y fiscal relacionada con el rescate de los 53 millones de euros otorgados en 2021 por la SEPI.
Del rescate exprés al registro judicial
Para comprender la magnitud política y judicial del movimiento actual es necesario retroceder a 2020 y 2021. Plus Ultra, una aerolínea especializada con fuerte conexión a rutas hacia Venezuela y participación accionarial venezolana, solicitó en septiembre de 2020 acceder al Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). En medio de la pandemia, el Gobierno encabezado por Pedro Sánchez aprobó en 2021 un rescate que ascendía a 53 millones: 19 millones como préstamo ordinario y 34 millones como préstamo participativo.
El problema no radicó únicamente en la cantidad desembolsada, sino también en cómo se presentó oficialmente: se argumentó que Plus Ultra era una “empresa estratégica” para España, asegurando que cumplía con los criterios de solvencia y regularidad fiscal establecidos tanto por normativa europea como por el propio FASEE. Años después, un informe pericial extenso, compuesto por casi 500 folios y encargado por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, concluyó que existían “dudas más que razonables” sobre si realmente cumplía esos requisitos.
Entre las cuestiones más comprometedoras señaladas por los peritos estaban:
- Un préstamo participativo de 6,3 millones otorgado en 2017 a través de Panacorp, cuya documentación era insuficiente.
- La omisión de provisiones en las cuentas del año 2019 relacionadas con dos procedimientos judiciales significativos (908.000 y 1,1 millones de euros).
- La posterior cancelación de una deuda de 8,9 millones con bonistas, lo cual podría haber encubierto una situación técnica de insolvencia.
Este informe cuestionaba directamente la veracidad del balance patrimonial que presentó Plus Ultra ante la SEPI y, por ende, ponía en entredicho la legitimidad del rescate. A pesar de ello, la causa penal sobre la concesión del apoyo terminó siendo archivada debido a cuestiones temporales: las diligencias no fueron prorrogadas a tiempo y así se desvaneció la investigación, aunque se llegó a imputar formalmente a la aerolínea.
Es este mismo juzgado quien ahora reaviva el asunto mediante una orden para realizar un registro que pone bajo el foco algo más serio que una simple “mala decisión administrativa”: un presunto delito de blanqueo de capitales.
UDEF, servidores clonados y pistas sobre blanqueo
La intervención del equipo especializado UDEF no es casualidad. Esta unidad policial se centra precisamente en delitos económicos complejos y es responsable del registro llevado a cabo en las oficinas centrales de Plus Ultra en Alcobendas. Según fuentes cercanas a la investigación, el mandato judicial es explícito: clonar los servidores para acceder a información contable, fiscal y sobre operaciones financieras realizadas durante los últimos años.
Los investigadores están tras pistas sobre:
- Posibles movimientos financieros relacionados con el rescate público que no se alineen con el plan aprobado.
- Transferencias hacia países o entidades sospechosas.
- Operaciones susceptibles dentro esquemas relacionados con el blanqueo o desvío indebido de ayudas públicas.
La sospecha no surge sin fundamento. En su momento, ya advertía la denuncia presentada por parte de la Fiscalía ante la Audiencia Nacional sobre un posible uso inadecuado del dinero público proveniente del FASEE. Se insinuaba que Plus Ultra habría utilizado parte del dinero para saldar préstamos contraídos con sociedades bajo investigación en Francia y Suiza debido a operaciones vinculadas al blanqueo asociado a la cleptocracia venezolana. Ese hilo argumental quedó suspendido entonces pero vuelve ahora a cobrar vida.
Si bien algunas informaciones apuntan que esta nueva causa está enfocada directamente hacia el rescate y posibles actos ilícitos relacionados, otras fuentes indican que aún no queda claro si existe alguna conexión formal con macrooperaciones abiertas por parte del equipo UCO de la Guardia Civil sobre contrataciones públicas donde han sido arrestados figuras como Leire Díez o Vicente Fernández.
