Miguel Ángel Gallardo ha decidido renunciar a su acta de diputado en la Asamblea de Extremadura.
El exsecretario general del PSOE extremeño, que apenas hace dos semanas afirmaba que dejar su escaño sería «traicionar a la gente», ha dado un giro inesperado y se ha despojado de la protección parlamentaria que le blindaba frente a la Justicia.
Con este paso, Gallardo pierde el aforamiento que disfrutaba como diputado regional -y que para obtenerlo hizo que cinco socialistas abandonaran sus puestos- y queda completamente expuesto al proceso judicial que le aguarda en mayo, cuando se siente en el banquillo de la Audiencia Provincial de Badajoz, enfrentándose a acusaciones de prevaricación y tráfico de influencias.
Su renuncia se produce en un momento crítico para los socialistas extremeños.
Hace apenas tres semanas, el PSOE sufrió una derrota histórica en las urnas, cayendo de veintiocho a dieciocho escaños en las elecciones del veintiuno de diciembre. Tras este descalabro, Gallardo dimitió como secretario general, pero inicialmente se aferró a su acta parlamentaria, argumentando que renunciar sería una traición hacia los votantes.
Sin embargo, tras una «reflexión larga, serena y profundamente personal», ha optado por lo contrario.
En su comunicado, el exbarón socialista expresa que necesita «preservar su dignidad y recuperar la serenidad» para afrontar el proceso judicial con «todas las garantías».
La renuncia de Gallardo cierra definitivamente un debate jurídico que llevaba meses estancado en los juzgados. Desde que logró su escaño en las elecciones autonómicas anticipadas, existía incertidumbre sobre quién debería juzgarle: si el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, por su condición de aforado como parlamentario regional, o la Audiencia Provincial de Badajoz, dado que los hechos investigados sucedieron cuando presidía la Diputación y aún no contaba con ese privilegio. Los magistrados ya habían calificado su intento anterior de aforamiento como un «fraude de ley», una maniobra acelerada para eludir la jurisdicción ordinaria. Con su renuncia voluntaria al escaño, dicho debate queda completamente resuelto y todos los acusados serán juzgados por la Audiencia Provincial.
Esta decisión tiene importantes repercusiones procesales. El juicio, inicialmente programado para finales de febrero, fue pospuesto a la última semana de mayo y la primera de junio debido a problemas de agenda entre los abogados defensores. Ahora, sin el obstáculo del aforamiento de Gallardo, el procedimiento puede avanzar sin más interrupciones. Tanto David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, como Gallardo enfrentan peticiones de tres años de prisión por los delitos mencionados anteriormente. A pesar de ello, la Fiscalía ha solicitado la absolución para ambos, una postura inusual frente a las acusaciones populares que sí piden condena.
Siete acusaciones en pie de guerra
La situación se complica aún más para Gallardo y David Sánchez ahora que la Audiencia Provincial ha autorizado esta semana que las acusaciones populares actúen separadamente durante el juicio. Hasta ahora estaban unificadas bajo una misma coordinación legal; sin embargo, los magistrados han determinado que cada acusación puede ejercer sus demandas punitivas individualmente, con sus propios abogados y estrategias procesales independientes. Esto implica múltiples enfoques acusatorios simultáneos contra los procesados, complicando enormemente cualquier defensa.
Las acusaciones populares provienen de diversas fuentes: desde el Partido Popular hasta Vox, pasando por la Fundación Abogados Cristianos y la Asociación Hazteoir.org entre otras organizaciones. Cada una podrá presentar argumentos distintos y solicitar penas diferentes mientras cuestionan los hechos desde distintas perspectivas. Los jueces han argumentado esta decisión señalando que el artículo veinticuatro de la Constitución Española garantiza el derecho al ejercicio individual de acción penal; además consideran que no hay razones para restringir este derecho ni limitar la libre elección de abogados. La resolución destaca que ya no hay riesgo de dilaciones indebidas porque el caso está totalmente delimitado y listo para juicio oral.
Las razones de una retirada estratégica
Gallardo ha explicado su decisión combinando lo personal con lo procesal. En su comunicado extenso afirma que esta renuncia no responde a un «arrebato» ni a una «circunstancia puntual», sino a una reflexión profunda sobre qué sería lo mejor para él mismo, su familia y especialmente sus hijos quienes según sus propias palabras «más han sufrido con esta injusta causa». También menciona cómo optó por un «silencio voluntario» tras dejar el liderazgo del PSOE extremeño. Esta pausa le permitió «pensar con calma» sobre cuál era el camino correcto a seguir.
No obstante, esta decisión también tiene un claro trasfondo estratégico. Al renunciar al aforamiento evita cualquier argumento por parte de la defensa o Fiscalía sobre si su condición como diputado debería alterar la jurisdicción del caso. Esto podría haber prolongado indefinidamente el procedimiento. Asimismo, al centrarse exclusivamente en su defensa judicial sin distracciones políticas puede dedicar más tiempo y recursos a preparar su estrategia legal. Resulta irónico considerar que hace solo dos semanas sostenía que dejar su escaño sería traicionar a quienes le eligieron. Ahora sostiene que preservar su dignidad requiere exactamente lo contrario.
El contexto del caso
La investigación que ha llevado a Gallardo al banquillo se inició con una denuncia presentada por Manos Limpias sobre la contratación del hermano del presidente en la Diputación de Badajoz. En 2016, durante su presidencia, se creó un puesto para coordinar conservatorios musicales que acabó ocupando David Sánchez. La jueza instructora Beatriz Biedma consideró «inverosímil» que Gallardo ignorara que dicho puesto estaba destinado a él; especialmente porque Sánchez había visitado frecuentemente Extremadura cuando era secretario general del PSOE.
Gallardo siempre ha defendido no haber intervenido ni en la adjudicación ni en el proceso selectivo; además indicó que apoyaba a Susana Díaz frente a Pedro Sánchez durante esa época. Sin embargo, los magistrados creen tener indicios suficientes para considerar que participó activamente en los hechos. Por tanto, el procesamiento contra ambos sigue firme y el juicio está preparado para llevarse a cabo entre finales de mayo y finales de junio este año.
Con la renuncia definitiva de Gallardo, el PSOE extremeño pierde uno de sus últimos referentes políticos. Este partido ha gobernado Extremadura durante treinta y seis años en los últimos cuarenta y dos; ahora enfrenta uno de sus momentos más críticos con un liderazgo interino e incierto futuro. Mientras tanto, Gallardo se prepara para afrontar un juicio donde no solo está en juego su libertad sino también todo lo relacionado con su legado político y personal. Muchos se preguntan si esta tardía renuncia al aforamiento será suficiente para convencer a la Justicia o si simplemente será vista como otra maniobra desesperada por parte de un político acorralado intentando salvaguardar lo poco que le queda en términos dignidad.
