Los socialistas abordaron el aumento de escaños en su acuerdo con Izquierda Unida
El presidente andaluz, José Antonio Griñán, tendrá que rehacer su argumentario para sostener la idoneidad de una medida que ya sacó a debate en la pasada legislatura: el incremento de diputados en el Parlamento autonómico.
Hasta el momento, el jefe del Ejecutivo regional utilizaba en sus intervenciones la vigencia del sistema distributivo en la Asamblea de Madrid para justificar el aumento de escaños en la Cámara andaluza.
En el último tramo de su anterior mandato, Griñán amagó con iniciar esta reforma, pero finalmente la dejó aparcada no sin antes comparar el escenario andaluz con el madrileño.
Entonces, señaló que si la Asamblea de Madrid cuenta con 129 representantes (el Gobierno de Esperanza Aguirre acaba de rebajar la cifra a 65), aplicando una relación de un diputado por cada 50.000 habitantes, el Parlamento de Andalucía debería tener 167 escaños, 58 más que en la actualidad.
Asimismo, el dirigente socialista añadió que de aplicar el baremo de crecimiento demográfico desde 1982, la cifra también sería superior, situándose en los 142 integrantes.
En la negociación que dio lugar al bipartito tras el 25-M, PSOE e IU trataron una posible reforma de la ley electoral andaluza al mantener los comunistas su exigencia de cambiar el modelo de reparto mayoritario de votos establecido por la ley D’Hondt o el límite del 3% por circunscripción para entrar en la Cámara.
Sin embargo, los socialistas no están dispuesto a ir tan lejos y optan por una vía intermedia, la de aumentar la cifra de 109 sin necesidad de revisar la ley 1/1986 ni el Estatuto de Autonomía.
De hecho, este texto sólo dice que la Cámara «estará compuesta por un mínimo de 109 diputados y diputadas, elegidos por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto».
De perpetrar las intenciones del Gobierno de Griñán, la Junta tendría que asumir un importante desembolso de dinero.
Si se mantuviera el salario de los 3.113 euros brutos mensuales que ingresa cada parlamentario, la próxima legislatura la medida acarrearía un gasto extra en sueldos de 2,7 millones de euros y de 1,2 en subvenciones por cada escaño conseguido en las urnas (la última ayuda fue de 22.299,12 euros).
Mientras el Ejecutivo andaluz declinó ayer valorar la propuesta de Aguirre, el PP regional criticó que los socialistas enarbolen «una austeridad arbitraria pensando en el reparto de sillones y privilegios».
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