La retirada de la demanda de conflicto colectivo contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por parte del sindicato JUPOL ha generado una ola de indignación entre numerosos agentes de la Policía Nacional. Lo que comenzó como una ofensiva judicial cargada de promesas de justicia y reparación, terminó en un acto que muchos califican de indecente, decepcionante y profundamente desmovilizador.
De la denuncia ruidosa al silencio procesal
En septiembre de 2025, JUPOL anunció a bombo y platillo la interposición de una demanda contra Marlaska y los principales sindicatos policiales representativos, alegando vulneración de derechos laborales. La noticia fue ampliamente difundida en medios como EDATV y El Mundo, generando expectativas entre los agentes que veían en esta acción una oportunidad para visibilizar el abandono institucional y exigir responsabilidades
Sin embargo, el 18 de noviembre, en la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, JUPOL retiró la demanda sin ofrecer explicaciones públicas convincentes. El documento oficial de desistimiento, firmado por sus representantes legales, dejó claro que no seguirían adelante con el procedimiento, pese a haber sido admitido a trámite.
El enfado de los agentes: “Nos han usado”
Para muchos policías, esta retirada no es solo una decepción jurídica, sino una traición moral. JUPOL, que se presentaba como el sindicato combativo y defensor de los derechos de los agentes, ha terminado replicando las prácticas de los sindicatos tradicionales, a los que tanto criticaba. La sensación generalizada es que se ha utilizado el conflicto como herramienta de marketing sindical, sin intención real de llegar hasta el final.
Los testimonios recogidos por sindicatos alternativos como Equiparación Ya (EYA) revelan que la demanda estaba mal planteada, jurídicamente débil y sin sustancia procesal, lo que llevó a su inevitable retirada. Pero el daño ya estaba hecho: gastos en procuradores, abogados, tiempo perdido y una nueva fractura entre los agentes y sus representantes.
Costes personales y silencio institucional
Uno de los aspectos más dolorosos es el coste económico y psicológico que han asumido los policías implicados en procesos similares. Mientras los sindicatos cuentan con subvenciones públicas y cuotas de afiliados, los agentes que denuncian desde su salario personal se enfrentan a represalias, sanciones y aislamiento laboral. En este contexto, la retirada de JUPOL se percibe como una claudicación que deja a los policías más expuestos que nunca.
¿Justicia o espectáculo?
La pregunta que muchos se hacen ahora es si JUPOL realmente buscaba justicia o simplemente protagonismo. La instrumentalización de la denuncia, seguida de su retirada sin consecuencias, ha erosionado la credibilidad del sindicato y ha dejado a los agentes con una amarga sensación de haber sido utilizados.
En un momento en que los policías reclaman reconocimiento como profesión de riesgo, medios adecuados y protección institucional, acciones como esta solo contribuyen a la desafección y al descrédito del movimiento sindical policial.
