Habrá que cambiarle el nombre a ‘baja velocidad’.
Y luego va el ministro Óscar Puente afirmando que «el tren vive el mejor momento de su historia».
El pasado domingo por la noche, un maquinista dio la voz de alarma sobre una rotura en la vía del AVE que conecta Madrid y Barcelona, justo en el área de L’Espluga de Francolí (Tarragona). Fuentes del Ministerio de Transportes han afirmado que esta incidencia no pone en riesgo la seguridad de los trenes, sin embargo, se ha decidido reducir la velocidad a 80 km/h en ese tramo para facilitar las reparaciones, mientras Adif ha movilizado equipos de mantenimiento que realizaron una intervención para unir el raíl dañado con una pieza adicional.
Esta restricción complica aún más la situación en una línea que ya estaba bajo presión y a la que en varios tramos se había reducido la velocidad a 150 Km/h.
Actualmente, los trenes experimentan retrasos medios de hora y media, alcanzando picos de hasta una hora, algo que se hace evidente en los paneles informativos de la estación de Sants en Barcelona. Los viajeros, sin distinción entre operadoras como Renfe o Iryo, están pagando las consecuencias.
La situación se agrava por el caos ferroviario que vive Cataluña, donde también se registran incidencias en Rodalies y un desprendimiento de tierra entre Caldes de Malavella y Girona. Para sumar al esperpento, el ministro de Transportes ha dejado caer en una entrevista-masaje con Silvia Intxaurrondo que la situación en la comunidad autónoma «puede ser producto de un ciberataque».
El caos que retrata la pésima gestión
La rotura se produce en un momento crítico para el ferrocarril español. Solo unos días antes, tras el trágico descarrilamiento en Adamuz (Córdoba) que dejó un saldo trágico de 45 muertos y más de 150 heridos, Adif ya había impuesto límites de velocidad de 160 km/h en tramos de la misma línea debido a las quejas presentadas por maquinistas sobre baches y vibraciones. Tras meses sin prestar atención a los reclamos.
El Sindicato Español de Maquinistas (Semaf) había señalado irregularidades desde agosto del año pasado en corredores cruciales, incluido el trayecto entre Madrid y Barcelona.
El ministro Óscar Puente, al ser interrogado, negó cualquier relación entre este incidente y el accidente de Adamuz, asegurando que las vías afectadas eran nuevas. Sin embargo, la oposición del Partido Popular exige explicaciones inmediatas. Cuestionan las contradicciones con los planes para aumentar la velocidad hasta los 350 km/h, reclamando mayor transparencia en un sector privatizado que suscita dudas sobre su mantenimiento.
Miembros del PP, como Juan Bravo Baena y Ester Muñoz, lo califican como «gravísimo» y demandan «decisiones coherentes» ante la «falta de tranquilidad» que sienten los ciudadanos. En territorio catalán, el colapso de los servicios regionales suma presión adicional, con opciones alternativas limitadas en algunos tramos.
