José Manuel Soria, ministro de Industria en funciones, ha vuelto a querellarse contra la jueza podemita Victoria Rosell.Ahora lo ha hecho ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, dado que la magistrada en excedencia es diputada –José Manuel Soria empapela a la jueza podemita por tener la lengua muy larga-.
El 15 de febrero de 2016, el político del PP interpuso la demanda contra Rosell por las declaraciones efectuadas al digital eldiario.es en las que insinuó que el titular de la cartera ministerial de Industria estaba enredando en la Fiscalía para sentar a la jueza en el banquillo de los acusados.
Y todo a cuenta de que se abrió una pesquisa contra ella por si había retrasado una investigación contra el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, que negociaba la compra de la emisora de radio de la pareja de Rosell, el periodista Carlos Sosa, de Canarias Ahora.
En el medio de Ignacio Escolar, Rosell dijo cosas tales como -La Fiscalía investiga a la jueza y candidata de Podemos Victoria Rosell-:
No he hecho nunca nada ilegal, ni ilícito disciplinariamente ni mucho menos penal. El contrato se firmó después de que yo dejase el juzgado para entrar en política. Es un intento de José Manuel Soria y del PP para neutralizar a un rival político usando la Fiscalía.
Por su parte, el abogado de José Manuel Soria, el exfiscal general del Estado, Eligio Hernández, señala en la querella que recoge Okdiario que:
Las manifestaciones de la señora Rosell son rotundamente falsas, puesto que mi mandante no ha influido en absoluto en la investigación de su actuación como Magistrada Instructora en las diligencias previas.
Y añade:
El colmo es que la querellada, Magistrada de carrera y conocedora de los principios constitucionales de nuestro ordenamiento jurídico. No sólo ha atribuido al Sr. Soria una conducta arbitraria, que implicaría un gravísimo ataque contra el Estado de Derecho, la división de poderes y la independencia de la justicia, si fuera cierta; le ha reprochado además manipular la Fiscalía con fines electorales, lo cual supondría un plus de antijuricidad en la conducta, pues ni más ni menos significaría una utilización del cargo de Ministro para instrumentalizar la justicia con el fin de perjudicar a una oponente política que concurre a las elecciones generales.
