José Cavero – Supuesta financiación irregular en el PP valenciano.


MADRID, 8 (OTR/PRESS)

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel, que reclame al PP de Valencia la contabilidad de los últimos años y que llame a declarar a la persona encargada de la tesorería de esa formación. Se trata de una petición realizada a principios de diciembre y sobre la que Pedreira, que considera que no es el juez legalmente competente para investigar la trama valenciana de la red Gürtel, todavía no se ha pronunciado. La Fiscalía Anticorrupción viene insistiendo a Pedreira en los últimos meses para que asuma la instrucción correspondiente a los hechos del caso Gürtel que se habrían producido en la Comunidad Valenciana y que, por ello, serían en principio competencia del Tribunal Superior de Valencia. Desde que este órgano archivó el proceso penal relacionado con el presidente de la Generalidad, Francisco Camps, por la presunta percepción de trajes regalados por las empresas de Francisco Correa, Anticorrupción desconfía del Tribunal valenciano e intenta que sea el instructor madrileño el que lleve la investigación de la trama valenciana de Gürtel.

De ahí que la Fiscalía Anticorrupción intente reactivar la investigación judicial sobre la posible financiación irregular del PP de la Comunidad Valenciana, según nos relatan hoy El País y El Mundo. Los fiscales han pedido por escrito al juez de Madrid que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, que reclame la contabilidad del PP de Valencia para tratar de comprobar los indicios que avalarían la supuesta financiación ilegal del partido y que fueron destapados por la unidad policial contra el Blanqueo de Capitales. El Supremo, además, tiene que decidir si reabre el caso de los regalos a Camps. La investigación policial apuntaba que la cúpula de partido en Valencia había amparado y dirigido la financiación ilegal de esta formación durante los últimos años. En concreto, señalaba al vicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla, y al destituido secretario regional del PP, Ricardo Costa, entre otros, como supuestos partícipes de una trama que habría permitido que empresas adjudicatarias de contratos del Gobierno regional entregaran dinero a la red Gürtel para financiar actos del partido. Ahora, las dos fiscales de Anticorrupción han acudido al juez Pedreira para que, ante el parón de la investigación en Valencia, sea él quien ordene al PP la entrega de todos los extractos de su contabilidad relativos a los últimos años.

El instructor del caso Gürtel en Madrid tiene pendiente responder a esa petición, según fuentes de la investigación, que sostienen que Pedreira no debería acceder a esa solicitud, que supondría que el Tribunal Superior de Madrid investigue un caso en el que pueden resultar implicados aforados de Valencia, por lo que sería competencia del Tribual Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). Precisamente, la Sala del TSJCV recibió en noviembre una querella del Partido Socialista del País Valenciano sustentada en el exhaustivo informe de la Brigada de Blanqueo que este verano recibió el tribunal pero que no consideró oportuno investigarlo. En sus 89 folios y cinco anexos se mencionan a seis empresas valencianas que supuestamente financiaron actos del PP a través de firmas de la red de Francisco Correa, Special Events y Orange Market, esta última dirigida en Valencia por Alvaro Pérez, El Bigotes, quien además mantenía una doble contabilidad sobre el PP.

En concreto, el PSPV se querelló contra Francisco Camps, presidente de la Generalitat y del PP valenciano, cinco altos cargos del Gobierno y del PP valenciano; cinco de los cabecillas de la trama Gürtel, con Francisco Correa al frente, y cinco empresarios locales: Enrique Gimeno, presidente de FACSA (Fomento Agrícola Castellonense); Enrique Tomás Ortiz, de Ortiz e Hijos; Antonio Pons Dolf, presidente de PIAF; Luis Batalla, del grupo LUBASA; y Vicente Cotino, sobrino del vicepresidente tercero del Consell, Juan Cotino, del grupo SEDESA. Los socialistas les acusan de los posibles delitos de cohecho, malversación, prevaricación, falsedad documental, delito tributario, alteración contable y financiación irregular. La querella también se dirige contra el ex director general de Radio Televisión Valenciana (RTVV), Pedro García, por propiciar un pelotazo millonario a Correa con motivo de las adjudicaciones para retransmitir los actos de la visita del Papa a Valencia en 2006. La cadena adjudicó por 6,4 millones de euros la sonorización del acto a Teconsa, una empresa pantalla de la trama. Correa recibió una comisión de 957.300 euros, según la investigación policial en la que se basa la querella. La Sala de lo Civil y Penal del TSJCV será la encargada de decidir ahora si esa querella se convierte en una investigación judicial.

La sala que debe determinarlo está presidida por Juan Luis de la Rúa, magistrado a quien públicamente Francisco Camps señaló como un «más que amigo». El tribunal de De la Rúa archivó la causa abierta contra Camps por el escándalo de los trajes y rechazó investigar el informe policial que recoge indicios de supuesta financiación irregular del PP valenciano. De la Rúa sigue de presidente del TSJV a pesar de que su mandato terminó en julio. Y el Consejo General del Poder Judicial no logra llegar a un acuerdo sobre su sucesión. Por eso, las fiscales han recurrido al tribunal madrileño, para que no se demoren más las necesarias pesquisas que permitan apuntalar el informe de la Brigada Central de Blanqueo de Capitales. El objetivo de Anticorrupción es cotejar las cuentas del PP con la contabilidad b intervenida en Orange Market, que incluye una doble caja y la recepción de dinero de empresas como pagos por la organización de actos del PP.

Aparte de la supuesta financiación ilegal de su partido, Camps tiene otro frente judicial abierto, los regalos de trajes y dádivas que recibieron él y su familia de la trama Gürtel. Su futuro político está en manos de la Sala Penal del Tribunal Supremo, que tiene previsto resolver en los primeros meses de este año el recurso que presentó la Fiscalía Anticorrupción contra el archivo de las diligencias por cohecho impropio (el regalo de trajes) decretado el pasado tres de agosto por el TSJCV. Si el Supremo revoca el archivo del cohecho impropio y decide que prosiga la investigación, casi inevitablemente Camps acabaría en el banquillo de los acusados. Ante un jurado popular tendría que aclarar en concepto de qué aceptó trajes por importe cercano a los 12.000 euros de manos de El Bigotes, cuyas empresas han recibido, a dedo, casi ocho millones de euros durante los mismos años en que Camps viene presidiendo el Gobierno valenciano.

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