MADRID, 21 (OTR/PRESS)
Que unos policías, obedeciendo órdenes de sus superiores políticos, avisen telefónicamente a unos colaboradores de ETA encargados de cobrar el mal llamado «impuesto revolucionario» para que no acudan a una cita en Francia porque hay una operación policial preparada para ser detenidos, sobrepasa con mucho la ficción. Que un terrorista de ETA, Jon Iurrebaso, detenido en Francia en marzo de 2007, tuviera el número de móvil del entonces Director General de la Policía, Víctor García Hidalgo, con el que al parecer pudo llegar a hablar en alguna ocasión, no es que sobrepase la ficción, sino que entra directamente en la indecencia y en la inmoralidad, no por parte de los etarras, sino de los policías y de los cargos políticos que llevaron a cabo lo que se conoce popularmente como el «chivatazo» del Bar Faisán.
No estará de mas recordar que este «chivatazo» a ETA se produjo en pleno proceso de la negociación política que Zapatero llevó a cabo con la banda terrorista durante la pasada legislatura, por lo que todo lleva a pensar que hubo indicaciones políticas desde muy arriba, que fueron secundadas por los mandos policiales, para que no se estorbara ese «proceso» con detenciones de etarras. Es mas, se ha publicado y ni el interesado ni el Gobierno lo han desmentido, que uno de los enviados del ejecutivo a negociar con ETA en aquel «proceso» y que actualmente es vocal del Consejo General del Poder Judicial, esgrimió en una reunión ante los etarras, como gesto de buena voluntad y de la intención del Gobierno de negociar, el episodio del «chivatazo». Y que se sepa, ese señor sigue siendo miembro del órgano de gobierno de los jueces.
En la lucha antiterrorista no hay atajos. Los que en periodos muy determinados los han tomado -recuérdese el GAL en los Gobiernos de Felipe González- han acabado muy mal. Pero lo que nunca había hecho ningún gobierno democrático de España en la lucha antiterrorista era avisar a los etarras para que huyeran y evitaran de esa forma ser detenidos. Eso es muy grave. Y eso es lo que pasó en mayo del 2006.
Por lo tanto, no dice la verdad el ministro del Interior cuando repite en las últimas semanas como un papagayo, que todos los implicados en la trama de financiación y de extorsión de ETA fueron detenidos posteriormente al «chivatazo». No dice la verdad Rubalcaba, porque como sabe perfectamente, faltan por detener y poner a disposición de la justicia a los mandos políticos y policiales que ordenaron, consintieron y ejecutaron tal indecencia. Y hacer eso es, lisa y llanamente, una exigencia democrática a la que muchos no estamos dispuestos a renunciar. Rubalcaba fue quien en vísperas de las elecciones generales del 2004, dijo aquello de que España no se merece un gobierno que miente. Pues eso, señor ministro, aplíquese ahora el cuento. Y de paso que se lo aplique también Cándido Conde Pompidu, que por una vez, en lugar de ser el lacayo del Gobierno podía intentar ser el Fiscal General del Estado.
