José Cavero(2) – Otra vez, se aproxima el fallo sobre el Estatut.


MADRID, 29 (OTR/PRESS)

Después de varios meses en los que habían cesado las especulaciones sobre avances y retrocesos en las deliberaciones de los magistrados del Tribunal Constitucional sobre el Estatut catalán vigente, y sin embargo, recurrido, han vuelto las informaciones y especulaciones sobre el texto que ahora se ve con posibilidades de ser corregido y aprobado en fecha tal vez no demasiado lejana, anterior a la campaña de las elecciones autonómicas catalanas de otoño próximo.

Hay distintas versiones sobre lo que pudiera estar sucediendo en el seno del TC. Por ejemplo, cuenta «ABC» que el TC recorta 20 artículos y que seis magistrados apoyan ya el fallo. Según estos datos, la presidenta del TC, María Emilia Casas, quiere llevar a pleno la ponencia para tener sentencia a mediados de abril, tras la semana santa. Y añade que nuevos retoques del texto pudieran convencer a un séptimo magistrado y dejar en sólo tres los votos particulares. Según esta crónica, los cambios en la ponencia, que limitan o eliminan los aspectos más polémicos del Estatut, podrían hacer posible un voto favorable de Rodríguez Arribas. Dice también «ABC» que muchos magistrados -no serán muchos, si seis de los diez están ya decididos por darle su apoyo- tachan la situación de insostenible. Y finalmente, destaca la cronista que la sentencia abriría la puerta a la renovación del TC, siete de cuyos magistrados están ya en situación de interinidad.

En el diario «El Mundo», a su vez, se coincide en señalar esa coincidencia de seis magistrados en declarar constitucional la mayor parte del Estatut: Emilia Casas, Manuel Aragón y Elisa Pérez, propuestos por el PSOE, y los propuestos por el PP Rodríguez Arribas, Rodríguez Zapata y Guillermo Jiménez. Explica el cronista que el acuerdo implica aceptar el preámbulo que incluye la autodefinición de Cataluña como nación, pero establece que en términos constitucionales, la única nación es España. Y añade que, así las cosas, se convalidarían los artículos sobre la lengua, se derogarían los que establecen un poder judicial catalán y quedarían sometidos a interpretación los referentes a la financiación. «El Mundo» habla de «fallo salomónico» y recuerda que este martes se cumplen cuatro años de la aprobación del Estatut por el Congreso de los diputados, y que en estos cuatro años, el TC ha vivido su crisis más grave.

En cuanto al diario «La Gaceta», habla de nuevo borrador y dice que el TC se decanta ahora por eliminar el término nación. Que la sentencia se pudiera conocer en la primera mitad de mayo y que los dos bloques concilian posturas. El mismo cronista sostiene que en el TC empiezan a estas muy nerviosos, posiblemente por ver ya próxima la salida al conflicto.

Finalmente, dice «El País» que una mayoría del TC apoya vetar 15 artículos del Estatut, mientras el que llama bloque progresista se inclina por reinterpretar otros 20 artículos. Dice esta crónica de «El País», que las últimas deliberaciones en el Tribunal Constitucional (TC) sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular contra el Estatuto de Cataluña han permitido vislumbrar un principio de acuerdo en el bloque progresista, compuesto por cinco de los diez magistrados que forman el pleno que debe deliberar sobre este asunto. El Partido Popular recurrió en total 126 artículos del texto.

El principio de acuerdo alcanzado en el seno del bloque progresista implicaría el retoque de 35 artículos, es decir, prácticamente un tercio de los cuestionados. Con el voto de calidad de la presidenta del tribunal, María Emilia Casas, que forma parte del bloque progresista, sería suficiente para sacar adelante la sentencia, más de tres años después de presentado el recurso. El acuerdo de principios al que se ha llegado se inclina por considerar inconstitucionales 15 artículos del Estatuto autonómico y por reinterpretar otros 20 con el objeto de explicar al Gobierno catalán la fórmula de aplicación para que no resulten inconstitucionales.

El bloque progresista aspira a conseguir ahora el respaldo de al menos uno de los cinco magistrados del bloque conservador para poder de esta forma sacar adelante el texto acordado sin necesidad de que la presidenta se vea obligada a hacer uso de su voto de calidad. Fuentes del Tribunal Constitucional consultadas por el periódico, sin embargo, aseguran que todo está aún abierto y que en ningún caso habrá decisión antes de 15 días.

Pero si este principio de acuerdo sigue adelante, la sentencia del Tribunal Constitucional corregirá algunos de los aspectos más polémicos del Estatuto autonómico. En el preámbulo (que según la jurisprudencia constitucional carece de valor normativo o jurídico), el Estatuto hace referencia a Cataluña para definirla como «nación». El artículo 6, que establece la obligatoriedad de conocer el catalán por todos los ciudadanos de Cataluña, también será reinterpretado. El Estatuto mantendría una parte sustancial de las nuevas competencias, pese a que ese apartado también ha sido recurrido por el PP. También fue impugnado por el PP el capítulo de financiación y el que se refiere al Poder Judicial en Cataluña. El Estatuto define el Consejo de Justicia catalán como «órgano de gobierno» de los jueces y «órgano desconcentrado» del Consejo General del Poder Judicial.

El Gobierno tripartito de la Generalitat (PSE, ERC e ICV), se ha pronunciado en diversas ocasiones en contra de cualquier modificación del texto, con el argumento de que el Estatuto fue aprobado por el Parlamento autonómico, por el Congreso de los Diputados y por los ciudadanos de Cataluña en consulta pública. Recuerda finalmente El País que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró en una entrevista emitida hace una semana por la televisión autonómica catalana que «la mayor parte de preceptos del Estatuto son constitucionales». No quiso especificar qué artículos podrían vulnerar la Ley Fundamental, aunque sí dejó claro que prefiere definir a Cataluña como una «nacionalidad» o una «comunidad autónoma», en lugar de emplear el término «nación» que aparece en el preámbulo de la carta autonómica.

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