MADRID, 1 (OTR/PRESS)
Según sentencia del juez Gonzalo Dívar, sobrino del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, el delito de prevaricación debe ser «evidente, patente, flagrante y clamoroso». No parece que sea el caso de Baltasar Garzón en la instrucción que llevó a cabo en 2008 sobre los crímenes del franquismo. Opinan lo contrario el instructor de la causa, Luciano Varela, y la acusación popular (un grupo de extrema derecha), por declararse competente en la depuración penal de aquellos crímenes «a sabiendas» de que era decisión injusta. Ese es el tipo penal.
Pero Garzón se inhibió a favor de los juzgados ordinarios cuando fue advertido por instancia superior. Aunque no lo hizo a la primera también es verdad que desde que se declaró competente (en octubre de 2008, cuando le pusieron sobre la mesa 114.000 casos de desaparecidos) hasta que se inhibió un mes después, ni avanzó en la causa y ni autorizó la apertura de fosas. O sea, no había mala fe.
Sabía que, efectivamente, podía no ser competente. En la duda, resignó su propio fuero (independencia judicial, no lo olvidemos) y se inhibió a favor de los juzgados ordinarios. La inhibición no supuso renegar de los motivos -en ningún caso políticos, ha declarado ante el tribunal-, que le llevaron a abrir la causa. Incluso llegó a ratificarse en la necesidad de investigar unos delitos que, por su propia naturaleza (crímenes de lesa humanidad) son imprescriptibles y no reconocen fronteras a la hora en su investigación y enjuiciamiento, a la luz del principio de jurisdicción universal.
Con ese discurso ha comparecido Garzón ante la sala del Tribunal Supremo que le juzga. Y ha salido a relucir en los interrogatorios de la defensa y el fiscal. Pero después de que la sala desestimase las causas de anulación presentadas por la defensa. Básicamente, dos. Una, el instructor de la causa inspiró a los acusadores de Garzón (Manos Limpias), hasta el punto de que éstos convirtieron un texto del instructor en la principal pieza acusatoria. Y otra, nadie aparece como perjudicado en la causa abierta por Garzón. No hay acusación pública (Fiscalía) ni privada (o particular). Hay una acusación del llamado sindicato «Manos Limpias» que ejerce la acusación «popular» al entender que hubo violación de la legalidad. Curioso, no apreciada por la institución que tiene encomendada esa tarea de vigilante permanente.
Es lo que hay. Ninguna de las dos causas alegadas convencieron al tribunal de la anulación, aunque los magistrados se dividieron: un 4 a 3 a favor de continuar con el juicio. Esa división impide concluir que Garzón prevaricó de forma «evidente, patente, flagrante y clamorosa». Y permite anticipar una sentencia absolutoria en ese asunto del franquismo. En el de las escuchas me temo que Garzón ya está condenado. Suficiente para consumar su exclusión de la carrera judicial por pena de inhabilitación.
