Antonio Sánchez Cervera: «Referéndum Nacional ya»

Antonio Sánchez Cervera: "Referéndum Nacional ya"

La hora de los políticos ha pasado, el pueblo tiene que decidir.

España se encuentra en una encrucijada, está maniatada políticamente en un callejón sin salida.

Los políticos independentistas catalanes quieren separar de España a una parte del pueblo y del territorio español. Otros, que no son catalanes, acomodados, agazapados taimada, insolidaria y egoístamente en el silencio y el pacto para obtener el vil dinero, lo desean también, pero esperan como alimañas que aquellos le hagan el trabajo. Estos últimos, más que los primeros, merecen la ignorancia colectiva de la ciudadanía.

La cuestión territorial está desbordando a la clase política. Para algunos de nuestro entorno europeo, aparentemente solidarios con la vigente legalidad española, no ven con malos ojos que nuestro país entre en una revuelta político-social que les deje las manos libres para, de una u otra forma, consolidar su fortaleza económica sobre nosotros, dado que España comenzaba a posicionarse como un país verdaderamente competidor. Sin embargo, no valoran calculadoramente que una España débil y desmembrada puede perjudicar seriamente los intereses de la UE. El dinero, siempre el dinero, subyace, como la política y el crimen, en la contienda humana.

Si en política, invariablemente, priman los intereses partidistas, llega un momento en el que las decisiones a adoptar por un país han de venir de la mano del pueblo, en el sentido de que sean los conciudadanos los que aporten la solución, puesto que los políticos que teóricamente nos representan están tan desbocados que no hayan el remedio.

No olvidemos nunca que son los políticos los que emprenden las guerras y las revoluciones bajo el manto ficticio de la representación popular. Luego, en primera y última instancia, es el ciudadano de a pie el que padece el éxtasis del sentimiento y la emoción y el tormento del sufrimiento personal, familiar y social en su conjunto y el político de turno sale indemne a pesar de su intencionada malicia de partido.

Así las cosas, nuestro país parece que va directamente al pozo histórico de la amargura. Unos chantajean, otros ocultan que su interesada corrupción no salte a la palestra, muchos se agazapan en la mano del que les da de comer.

En definitiva, si realmente tenemos un problema seriamente territorial, descubramos las cartas, juguemos la partida y sometamos al conjunto de todos los españoles cómo queremos seguir o no unidos.
Ante tan decisiva decisión, celebremos un Referéndum Nacional con garantías democráticas, sirviendo como pregunta:

¿Aprueba que una Comunidad Autónoma pueda decidir su independencia de España?

Obviamente, si el resultado es afirmativo, habrá que prever también la posibilidad de celebrar otro referéndum a nivel autonómico para dar la opción a que otras zonas, regiones, ciudades de la Comunidad Autónoma de que se trate, pueda expresarse libremente si quieren o no lo desean también independizarse a su vez de esa Comunidad o, a la postre, continuar seguir conformando parte de España.
Así las cosas, ¿sería posible legalmente celebrar un referéndum en Cataluña sobre esa misma Comunidad Autónoma?

Obviamente, desde una visión jurídico-constitucional, se trataría de una decisión de especial trascendencia puesto que podría afectar a la ordenación territorial de nuestro país y a la fundamentación medular de nuestra Constitución de 1978 que se basa en la indisoluble unidad de la Nación. Como tal decisión, en principio, podría ser sometida a referéndum consultivo de todos los ciudadanos, como establece la Carta Magna. No sería un referéndum vinculante, sino una especie de consulta para saber lo que se opina al respecto.

La cuestión que se plantea inmediatamente es la siguiente: ¿ese referéndum sería solo para todos los españoles o solo para los de Cataluña?

La norma española reguladora del referéndum dice que la consulta se decidirá en el ámbito que corresponda a la misma, siendo la circunscripción electoral -unidad territorial que sirve de base para la distribución de escaños y donde se verifica la elección- la provincia, no la Comunidad Autónoma en su conjunto.

Lo que nuestro marco constitucional no contempla es que se parta de la base de que Cataluña es una nación con la cualidad de que puede decidir su futuro independientemente del resto de España, es decir, las instituciones catalanas per se no están legitimadas para llamar a su gente a las urnas. Es más, el derecho internacional público no ampara la independencia de Cataluña ni su derecho a la autodeterminación. No existe desde el punto de vista democrático derecho a la secesión unilateral de un territorio de una parte de la colectividad.

En términos generales, el referéndum consultivo se somete al régimen electoral general y como instrumento político del Gobierno, asistido por la mayoría absoluta del Congreso, solo ha de utilizarse, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, cuando existan fundadas garantías de lograr un resultado afirmativo.

Forzando quizá una interpretación laxa de las normas, pudiera parecer que se permite la celebración de un referéndum consultivo en Cataluña, siempre que se obtenga la previa autorización del Congreso de los Diputados por mayoría absoluta, a solicitud del Presidente del Gobierno y que dicha solicitud contenga los términos exactos en que haya de formularse la consulta. No hay que olvidar que es una competencia exclusiva del Estado.

Así pues, el posible dialogo que exista para llegar a una solución pactada legalmente tiene que tener ese recorrido:

-Contar con los representantes del pueblo español en las Cortes Generales y el Gobierno.
-Que hayan podido votar todos los ciudadanos comprendidos en una franja de edad desde los 18 años hasta los pertenecientes al colectivo de personas mayores.
-Que no se pueda volver a plantear otro referéndum hasta que las generaciones que ahora han votado estuviese cercanas al fin de su ciclo vital.
-Que el cuerpo electoral que deba pronunciarse a favor de tal iniciativa no sea solo la mayoría de los votantes sino que se exija un plus legitimador que en consonancia con la medida propuesta y la población afectada, sea esta la que tenga que pronunciarse a favor de la medida en su mayoría, es decir, la mayoría absoluta de los electores.

¿Y si prospera ese referéndum con un SÍ mayoritario?

En ese caso, tendría que someterse al conjunto de los votantes españoles en la reforma constitucional que se tendría que llevar a cabo mediante el sistema más rígido, en el que se exige que esa medida sea sometida a referéndum de todos los españoles para su ratificación. Se trataría de un referéndum de reforma constitucional con un procedimiento agravado, pues implicaría una modificación del Título Preliminar. Con anterioridad al mismo, tendría que ser aprobada la reforma por las Cortes Generales que comunicarían al Presidente del Gobierno la necesidad de celebrar dicho referéndum siempre que lo soliciten al menos 1/10 de los miembros de cualquiera de las Cámaras. Esta consulta tendría carácter necesario y vinculante. Si ese referéndum no fuera afirmativo, el consultivo de Cataluña quedaría vacío de contenido, pero se sabría perfectamente lo que no quiere ni desea el pueblo español.

Referéndum consultivo nacional

Si de una vez por todas queremos que el cansino dilema independentista se aclare o nos deje a todos por fin en paz, que se convoque un Referéndum consultivo y se le pregunte a todo el pueblo español si desea que el derecho a la autodeterminación se establezca en nuestra Constitución.

Si la constitucionalización de ese derecho fuera rechazada, el Gobierno de la Nación, cualquiera que fuese, se revestiría para siempre no solo de la fuerza legal y constitucional sino también de la fuerza moral, política y de legitimidad democrática.

Los españoles, al fin, seriamos los garantes de nuestra democracia. Nuestra decisión sería inapelable.

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