El trato especial que reciben las grandes cadenas hoteleras es imposible de enumerar y menos aún de imaginar
El pasado 26 de marzo se aprobó por mayoría absoluta en el Parlamento Europeo el Informe Auken, sobre «el impacto de la urbanización extensiva en España en los derechos individuales de los ciudadanos europeos, el medio ambiente y la aplicación del Derecho comunitario».
Un informe que debería avergonzar a propios y extraños y que, lejos de hacer reaccionar a quienes nos gobiernan, ha sido guardado bajo siete llaves en el cajón del olvido debido a que pone en tela de juicio la conducta de TODOS los politicos cuando se trata de favorecer intereses especulativos.
Es una clara denuncia de las leyes creadas ex profeso que dejan al ciudadano medio en la más absoluta inseguridad jurídica e indefensión; de la lentitud y falta de preparación de los jueces y de la corrupción endémica que existe en España.
En poco más de 30 páginas deja al descubierto las gravisimas consecuencias medioambientales y socioeconómicas de semejante proceder.
Pide que se lleve a cabo una PROFUNDA REVISIÓN de toda la legislación que afecta a los derechos de los propietarios individuales con el fín de terminar con los abusos que se comenten.
Reconoce que es alarmante la falta de confianza de los ciudadanos hacia la Justicia española.
Insta a que se REVISE URGENTEMENTE y, en su caso, se MODIFIQUE la ley de costas a fín de proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y de pequeñas parcelas que no tienen un impacto negativo en el medio ambiente.
Pués bien, lejos de llevar a efectos dichos consejos, se siguen haciendo deslindes kilométricos en la costa afectando a miles de propietarios, españoles y extranjeros, cuyas propiedades estaban dentro de la legalidad.
A lo mejor, nada habría que objetar si la aplicación de la ley de costas hubiera sido ecuánime y equilibrada desde el principio.
Por desgracia no ha sido así sino todo lo contrario: se ha favorecido impunemente al gran capital hotelero y constructor en detrimento del ciudadano medio y modesto.
Es tal la impunidad con que se actúa que ni siquiera tratan de disimular los privilegios que ciertas provincias o politicos obtienen para llevar a cabo sus planes.
Nadie comprendemos y nadie quiere explicarnos, porqué se les ha regalado el Dominio Público que Barcelona ganó al mar ilegalmente (incluyendo todas las infraestructuras que pagamos los españoles con nuestro impuestos) y en contra de dos informes que el Ministerio de la época del PP negándo el permiso para dichas obras.
Tampoco entendemos como nuestros alcaldes se quedan de brazos cruzados sin exigir el mismo trato y permiten que, mientras Barcelona gana Has de territorio, el resto las pierda perjudicándo gravemente los derechos de sus ciudadanos.
Entre los muchísimos abusos y arbitrariedades que nuestro Gobiernos se permite, existe otro caso sangrante: la desecación de 500 hectáreas de marisma en Puerto Real (Cádiz) para hacer un polígono industrial denominado Las Aletas, mientras que en el norte de España, se está despojando de su patrimonio y futuro a miles de familias o llevando a la quiebra técnica a numerosas empresas con la excusa de recuperar las marismas y reinundarlas. La pérdida de puestos de trabajo será numerosisima.
El coste que supondrá semejante barbaridad mediambiental será de 300.000.000 € sin que existan garantías de éxito.
El trato especial que reciben las grandes cadenas hoteleras es imposible de enumerar y menos aún de imaginar. Sólamente viendo in situ o por fotografía dichas construcciones puede uno darse cuenta del trato de favor que se ha recibido al dejar que prácticamente, ocupen el DPMT e incluso reconociéndo la ocupación en documentos oficiales deciden salvarlos con un paseo marítimo hecho a la medida.
No hace apenas un mes se denunció la privatización que el hotel Abama de la familia Polanco, dueña del grupo Prisa, ha hecho de una playa. Pués Costas ni se ha inmutado y siguen son su playa particular, algo totalmente prohibido según la legislación vigente.
Todos sómos conocedores de las presuntas irregularidades que han existido en la construcción de la urbanización llamada popularmente Villa Psoe mientras existe orden de derribo cientos de viviendas que fueron construidas según el derecho de la època.
Son tantos los casos que no habría ni tiempo ni espacio suficiente, pero todos tienen un elemento común: son ricos, poderosos, tienen amigos influyentes en las altas esferas políticas y son capaces de «convencer» fácilmente de la riqueza que sus grandes obras generarán a los ayuntamientos.
Curiosamente, los deslindes van dirigidos hacia propiedades preexistentes, a veces con siglos de antigüedad, cuando, justo en la misma zona, se puede comprobar que existen grandes proyectos de campos de golf con miles de viviendas, puertos deportivos, marinas interiores, centros comerciales….que acabrán con la poca costa virgen que queda.
Para ellos no existe la ley de costas.
¿Cómo puede ser si no que se legalice en tiempo record Port Terraco con orden judicial de derribo de sus instalaciones construidas ilegalmente? ¿Qué ocurre con los 32 hoteles ilegales de Canarias? ¿Y el Algarrobico? ¿Y la destrucción de Costa Essuri (Huelva), no tiene nada que decir la Junta de Andalucía? ¿Cómo se pueden legalizar propiedades que se construyeron fuera de ley, como está ocurriendo actualmente mediante los nuevos PGOU y llevarnos a la ilegalidad a quienes estabamos dentro de ella?
La ley de costas que, supuestamente, se hizo para proteger el litoral, no sólo no ha conseguido su objetivo, sino que deja todas las puertas abiertas para ser aplicada al antojo del gobernante de turno y cierra cualquier posibilidad de defensa al ciudadano de a pie, impotente y desarmado ante la inmensa maquinaria de las administraciones que no dudan en firmar acuerdos y reunirse «discretamente» para planificar la ruina selectiva de quienes, con sus votos, les llevaron al poder.
¿Cómo puede denominarse a una ley que expropia sin indemnización, con carácter retroactivo, arbitrariedad y abuso?
Yo no encuentro otras palabras en castellano que no sea CONFISCATORIA O EXPOLIADORA, pero puede ser que a mi me falte vocabulario.
Carmen del Amo
Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas (AEPLC)