Otro 8 de septiembre y otro año más para Extremadura, la región más pobre de España, con una población envejecida, vacía y vaciada, y un millón escaso de habitantes que sufren las consecuencias de décadas de abandono, despilfarro y caciquismo. Y, mientras, el gobierno del PP, con el apoyo parlamentario de VOX, sigue sin tocar lo esencial: poner orden, priorizar a los extremeños más necesitados y aprovechar los enormes recursos de la región para generar empleo y desarrollo.
Extremadura ocupa el trasero de Europa en indicadores de bienestar y desarrollo humano. Con 1.051.901 habitantes, 25 por km², un PIB per cápita de 21.343 € frente a los 30.320 € de la media nacional, y un desempleo del 16,3%, la región no solo es pobre, sino que sigue despoblándose y envejeciendo de manera dramática. La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (Tasa Arope) alcanza el 36,9%, lo que equivale a 388.500 extremeños en situación de pobreza, mientras los ingresos medios rondan los 10.000 € por persona. Casi el 45% no puede permitirse vacaciones ni afrontar gastos imprevistos, y más del 11% llega con dificultad a fin de mes.
La educación tampoco escapa al desastre: Extremadura mantiene altos índices de fracaso escolar, baja formación académica y bajos niveles de lectura, mientras la conexión a internet en hogares es insuficiente para un mundo digitalizado. La natalidad es ridícula, el recambio generacional imposible, y la población menor de 4 años disminuyó un 19,8% entre 2015-2020, mientras los mayores de 65 superan a los menores de 16. La emigración de jóvenes cualificados es sistemática y la inmigración casi anecdótica, destinada a mano de obra no cualificada.
Y, sin embargo, la Junta de Extremadura sigue despilfarrando dinero en solidaridad telescópica, subvencionando Oenegés, fundaciones y proyectos de dudosa utilidad, como el estudio de la fala, la forma dialectal del noroeste de la región, mientras ignora la limpieza de bosques, cauces fluviales o la atención a los damnificados por incendios. La solidaridad voluntaria es admirable, pero obligar a los contribuyentes a financiar estos despilfarros es un robo descarado. La paradoja es evidente: cuanto más dinero llega de subvenciones, más se mantiene la pobreza y la postración de Extremadura.
El Gatopardismo, aquello de aparentar que todo cambia para que todo siga igual, ha definido la política extremeña durante décadas. Desde 1983, con Juan Carlos Rodríguez Ibarra, pasando por Guillermo Fernández Vara, y el intermedio de José Antonio Monago, el objetivo ha sido siempre perpetuarse en el poder, mantener el clientelismo y asegurar privilegios personales y partidistas. La administración pública se convirtió en la mayor empresa de la región, con más de 100.000 funcionarios (uno de cada cuatro trabajadores), mientras las empresas privadas apenas superan las 70.000, la mayoría minúsculas y precarias.
Los expresidentes disfrutan de pensiones vitalicias, despachos, personal y privilegios financiados con dinero público, mientras los extremeños se enfrentan a pobreza, abandono y una infraestructura deficiente: carreteras, trenes inexistentes, promesas de AVE incumplidas y servicios básicos cada vez más precarios. Entre tanto, la Junta subvenciona eventos lúdicos y culturales de escaso interés, mantiene proyectos extravagantes y permite que Extremadura encabece todos los rankings de lo que nadie desea.
La pregunta que late sobre este 8 de septiembre es clara: ¿debe Extremadura seguir siendo subsidiada, despoblada, dependiente de subvenciones y víctima de un clientelismo histórico? ¿Hasta cuándo se permitirá financiar Oenegés, fundaciones y estudios dialectales mientras se ignora la miseria de los extremeños más próximos?
María Guardiola, presidenta desde 2023, gobierna con apoyo parlamentario de VOX, sin coalición, y tiene la oportunidad histórica de poner fin a décadas de despilfarro y caciquismo. Para ello, urge priorizar, marcar objetivos realistas, temporalizar, ahorrar, eliminar gastos superfluos, desmantelar empresas públicas innecesarias, bajar impuestos, simplificar burocracia y facilitar la creación de empleo privado. Solo así Extremadura podrá empezar a abandonar el vagón de cola de España y Europa.
Mientras tanto, este lunes, otro 8 de septiembre, Día de Extremadura, la región sigue vaciada, postrada y saqueada, con miles de extremeños en pobreza, sin recambio generacional, con servicios insuficientes y un clientelismo político que mantiene la ilusión de cambio mientras perpetúa la miseria. Tiempo al tiempo.
