José Carlos Sacristán: «Venezuela merece la libertad»

José Carlos Sacristán: "Venezuela merece la libertad"

Durante los últimos días hemos oído y leído una gran cantidad de declaraciones en contra de la intervención militar realizada por Estados Unidos, con la intención de capturar a Nicolás Maduro y ser enjuiciado en el país americano por conspirar para el narcotráfico de cocaína y otros delitos. Como la orden fue dada directamente por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, éste se ha convertido para la izquierda internacional, y la española en particular, en el demonio tridentino por antonomasia. Lo chocante es que los que más le critican, son los partidos políticos como Podemos, Sumar y el PSOE que no creen en los valores de las democracias occidentales. Les voy a recordar un par de cosas acerca de lo que debe representar un gobernante, para que valoren si el opresor y tirano venezolano merecía seguir en el poder.

En el año 633 el rey Sisenando convocó el IV Concilio de Toledo, que fue presidido por San Isidoro de Sevilla. En su canon LXXV se establece la limitación de poderes del monarca. Luego fíjense si ya tenían claro en la Antigüedad Tardía que el gobernante ha de estar sometido a la ley, de igual forma que lo estaban sus súbditos.

Siglos después, concretamente en el XVI, el teólogo, jurista e historiador español, Juan de Mariana declaró que el ser humano, al nacer, tiene unos derechos naturales y una dignidad, siendo la libertad unos de estos derechos. El padre Mariana llegó más lejos que los antiguos visigodos y postuló ciertas normas que creo conveniente escribir de forma literal, para que el lector pueda entender el alcance de las mismas, a la vez que compruebe la absoluta modernidad que tienen. Con respecto al poder limitado del rey (gobernante) dijo:

“Podrán los reyes cuando lo exijan las circunstancias, proponer nuevas leyes, interpretar o suavizar las antiguas, suplirlas en los casos que se haya previsto; más nunca, como pienso que haría un tirano, cambiarlas a su antojo y acomodarlas a sus caprichos y a sus intereses sin respetar nada las instituciones y las costumbres patrias. Los príncipes legítimos no deben obrar jamás de modo que parezcan ejercer una soberanía absoluta desvinculada de la ley”.

Y con respecto a la posibilidad de derrocar a un gobernante concluyó:

“No hemos de mudar fácilmente de reyes, si no queremos incurrir en mayores males y provocar disturbios (…). Se les ha de sufrir lo más posible, pero no ya cuando trastornen la república, se apoderen de las riquezas de todos, menosprecien las leyes y la religión del reino, y tengan por virtud la soberbia, la audacia, la impiedad, la conculcación sistemática de los más santo”.

Creo que no hace falta explicar nada de lo que con meridiana claridad dio a entender el Padre Mariana. Simplemente abogó por la libertad y el respeto. Cuando estas normas de comportamiento cívico y ético se sobrepasan, acontece lo que ocurrió en Rusia a partir de la revolución comunista de 1917. El objetivo de Lenin, no fue otro que encajar su proyecto ideal, y para ello necesitó crear nuevas estructuras económicas, jurídicas y políticas (exactamente igual que sucedió en Venezuela con Hugo Chaves y su sucesor, Nicolás Maduro). Ante las quejas de los partidos que preveían la deriva autoritaria, salió Lev Trotski y sentenció de manera firme que el tiempo de ser quisquillosos había pasado y, por lo tanto, había que tirar a la oposición “a la papelera de la historia”. De esta manera se creó el partido único. Esto a los venezolanos les sonará de algo, por desgracia.

A continuación, se establecieron una serie de decretos, siendo los determinantes tres. El decreto de la tierra, mediante el que se legalizaron las expropiaciones forzosas llevadas a cabo durante todo el año 1917. Se ha de recordar la célebre imagen televisiva de Hugo Chaves fanfarroneando como mamporrero que era y diciendo: ¡Exprópiese!, y ese edificio también ¡exprópiese! El siguiente decreto leninista fue la prensa. Se decretó el cierre de 122 periódicos y durante el siguiente año, el cierre de otros 340. El último decreto determinante, porque hubo muchos más, fue el de los tribunales con el que desmantelaba el sistema judicial: fueron abolidos los tribunales existentes y se crearon los tribunales revolucionarios. Con esto creó el manual ideal para el prefecto tirano. Manual que no han dudado en copiar demasiados gobernantes a lo largo del siglo XX y lo que llevamos del XXI.

Los fieles seguidores de Maduro que son los integrantes del Grupo de Puebla, es decir, las dictaduras comunistas iberoamericanas, y algún que otro deshonroso gobernante occidental, como nuestro Presidente del Gobierno, han apelado a la vulneración del derecho internacional para criticar con ferocidad la acción del Presidente Trump. Su formación es tan insignificante que no saben que el derecho internacional existe para proteger a las personas, no a los gobiernos. Lo que deberían saber los críticos es que Venezuela abandonó la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Tribunal Penal Internacional hace años con la intención de no responder por las denuncias de crímenes contra la Humanidad. ¡Esto es la base de todo señores progresistas!, y hay que conocerlo antes de desgañitarse y bramar de forma esperpéntica. El derecho internacional no se constituyó para defender a ningún político que se dedique a robar elecciones, a torturar y matar, y a encarcelar a ciudadanos que libremente se oponen al régimen. A esto hay que sumar, posiblemente la mayor de las aberraciones que ha promovido Nicolás Maduro, la diáspora de más de ocho millones de ciudadanos, dispersos por las fronteras con los países limítrofes y por otros países más lejanos, para los que han tenido la posibilidad de hacerlo. Y todo ello para huir del hambre y del terror comunista que, aunque sea en su versión bolivariana, no deja de ser heredero del de la Rusia leninista.

Además de la apelación al derecho internacional, los voceros de la izquierda se empeñan en decir que nadie tiene la potestad para inmiscuirse en la soberanía nacional de un país. Esto sería cierto en un país democrático, que por muy mal que le fuese, seguiría teniendo un gobierno legítimo que podría caer en las próximas elecciones. Pero en un régimen en el que se persiguen las ideas políticas, se destruyen las instituciones y se genera pobreza extrema, lo siento, pero la intervención sí es legítima, simplemente por humanidad. Porque, cuando un pueblo tiene la dispersión de Venezuela, en donde ni siquiera queda oposición política y la ciudadanía está exhausta, no hay capacidad de levantamiento alguno, si no la prolongación del sufrimiento.

Y como no puede ser de otra manera, el grupo de políticos que han puesto la voz en el cielo, defenderán de forma vehemente que lo que quiere Estados Unidos es quedarse con el petróleo venezolano. El hecho de llegar a esta conclusión ya demuestra una capacidad argumentativa ínfima, que se suma a la falta de conocimiento sobre lo que han hecho los dirigentes de Venezuela durante las últimas tres décadas. Y en caso de que esto fuese verdad, que no lo es en absoluto, ¿es mejor que países como Rusia, Irán y China disfruten de estas reservas petrolíferas como están haciendo ahora? Mucho antes de que llegara el señor Trump al gobierno americano, las empresas norteamericanas y europeas se vieron perjudicadas por las nacionalizaciones que sufrieron en favor de la revolución bolivariana, que ha desencadenado en la miseria total que vive hoy el país.

Venezuela necesita un período de estabilización, modernización económica y de transición hacia la democracia, tal y como ha explicado el secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, de padres cubanos, luego conoce muy bien la represión que los revolucionarios caribeños hicieron y hacen a sus ciudadanos y, además, es amigo desde hace muchos años de María Corina Machado.

La mayoría de los venezolanos celebran la intervención porque conocen quien es el verdadero culpable: Nicolás Maduro. Él es el único que ha provocado la acción americana por atacar de forma sistemática a su pueblo y elegir el poder a costa de provocar el hambre entre la población, destruir la sociedad y reprimirla hasta límites casi soviéticos. Invocar, ahora, a la legalidad internacional en la situación en la que se encuentra Venezuela es, como mínimo, un ejercicio de hipocresía y deshumanidad lamentable.

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