Tienen tanto poder que los políticos se niegan a soltar el control que ejercen sobre ellos, no vaya a ser que se vuelva en su contra. Si la justicia fuera independiente, la corrupción sería mucho menor y el número de políticos cuyos patrimonios han aumentado considerablemente más escaso.

La casta política les niega la independencia que precisan para ejercer su labor, vital para el sistema democrático, en condiciones. Y al mismo tiempo que al negarles la libertad dan señales de su vocación totalitaria, confirman esta al protegerlos al no permitir que los perjudicados por sus decisiones puedan querellarse con ellos.

Los fiscales no sólo gozan de impunidad en sus actuaciones, sino que además tienen incentivos por cada condena que logran y ambas cosas son aberraciones. Un fiscal que se sirve de sus conocimientos jurídicos y de la maquinaria del Estado para intentar que se condene a alguien debería estar expuesto a que el interesado se querellara con él. Ese sería el mejor modo de preservar la justicia, que es lo que interesa. Sin justicia, no hay democracia. Si la justicia está al servicio del poder y no de los ciudadanos el sistema no es democrático, sino dictatorial.

Algunos jueces muestran su gran dominio de la técnica jurídica, la gran cualificación profesional que poseen. Mejor que eso sería que mostraran su valor, quizá la cualidad humana más importante, y su amor a la justicia. Saber mucho de leyes puede servir para el engaño y lo que se necesita en España es gente que sepa y pueda defender a los españoles. Hay jueces capaces de defender perversiones, como lo es el fenómeno ocupa, y de afiliarse o simpatizar con partidos antisistema.

Todo juez debe ser fiel al sistema, al que tiene obligación de defender, esa es su misión en democracia. Claro que debe querer mejorarlo, pero no destruirlo.

Hacen falta jueces capaces de plantarse y exigir la independencia del CGPJ y del Fiscal General del Estado.

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